Alonso Chaverri-Suárez, representante del Grupo BID en Paraguay

Hace unas semanas, Asunción reunió a referentes del sector público, empresarial y financiero para debatir sobre infraestructura, competitividad y desarrollo en la Noche de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) y en el VI Foro de la Cámara Vial Paraguaya, ambos con el apoyo del Grupo BID. El foco de estos espacios estuvieron unidos por una misma convicción: el desarrollo no ocurre por accidente; se construye.

Cuando hablamos de infraestructura solemos pensar en rutas, puentes, aeropuertos o viviendas. Sin embargo, una obra empieza mucho antes de la primera excavadora y no termina con el corte de cinta inaugural. Comienza con una buena decisión de inversión y alcanza su verdadero propósito cuando un productor llega más rápido a un mercado, una familia accede a agua segura o una persona abre por primera vez la puerta de su casa propia.

Por eso, la infraestructura debe entenderse como una cadena de valor completa. Cada eslabón cuenta: la planificación, el financiamiento, la ejecución, la operación y el mantenimiento. Si uno falla, el resultado pierde impacto. Una ruta construida sin mantenimiento oportuno se deteriora. Un proyecto mal diseñado eleva costos y retrasa beneficios. Una inversión sin una adecuada articulación institucional termina entregando menos valor del esperado.

El Grupo BID estima que el país necesitará alrededor de USD 15.000 millones hacia 2030 para fortalecer su infraestructura de transporte, logística y conectividad. Al mismo tiempo, estudios internacionales señalan que será necesario sostener durante años niveles de inversión superio superiores a los actuales para cerrar las brechas existentes.

Paraguay llega a este momento con activos importantes y unas oportunidades estupendas. La obtención del grado de inversión abre acceso a capital de largo plazo y a condiciones de financiamiento más favorables. Sin embargo, el desafío no es solo invertir más, sino hacerlo sin comprometer la disciplina fiscal que permitió construir esa credibilidad. Ambos objetivos son compatibles.

La clave está en innovar en los mecanismos de financiamiento. La inversión pública seguirá siendo fundamental, pero debe complementarse con financiamiento multilateral, asociaciones público-privadas, concesiones, garantías, mercado de capitales y nuevos instrumentos capaces de movilizar recursos privados e institucionales. Cuanto más amplia sea la base de financiamiento, mayor será la capacidad de sostener inversiones estratégicas sin concentrar toda la presión sobre el presupuesto público.

También es esencial fortalecer la calidad de la preparación de proyectos. Contar con una cartera madura, evaluaciones rigurosas, reglas previsibles, contratos equilibrados y una adecuada distribución de riesgos es lo que convierte una intención de inversión en una obra exitosa.

La misma lógica se aplica a la integración regional. Paraguay, como país sin litoral marítimo, depende de la eficiencia de cadenas que trascienden sus fronteras. Una ruta no termina donde termina el pavimento. Su valor depende también de pasos fronterizos ágiles, servicios logísticos eficientes, procesos digitales y regulaciones regulaciones coordinadas entre países.

En ese contexto -y solo como un ejemplo-el Corredor Bioceánico, en el Chaco paraguayo, representa una oportunidad de cambio. La inversión de USD 200 millones del BID para el Tramo II y conectores permitirá mejorar más de 130 kilómetros de la Ruta PY15 y fortalecer la conexión de una región donde operan más de 7.000 productores.Pero el verdadero impacto llegará cuando esa infraestructura se integre a un sistema logístico que reduzca costos, facilite el comercio y amplíe oportunidades para quienes producen y generan empleo.

Desde el Grupo BID compartimos esta visión. Nuestra Estrategia de País 2025-2029 prioriza inversiones en transporte, energía, agua y saneamiento, y vivienda sostenible. Lo hacemos convencidos de que el Estado y el sector privado no son actores excluyentes, sino socios indispensables. El primero planifica, regula y protege el interés público; el segundo aporta capital, innovación y capacidad de gestión.

Paraguay tiene hoy la oportunidad de convertir su impulso constructor en una transformación duradera. Porque, al final, la mejor infraestructura es aquella que mejora vidas. Y esa es nuestra misión central.

Paraguay alcanzó 48 de 100 puntos en el Índice de Desarrollo del Servicio Civil 2026, según el último estudio presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este resultado posiciona al país en un nivel de desarrollo medio y por encima del promedio de América Latina y el Caribe, consolidando un avance histórico frente a los 40 puntos registrados en 2017 y los 12 obtenidos en 2004.

Como parte esencial de este progreso, el BID destaca la puesta en funcionamiento de la Ley N.º 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil, la creación del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional (VCHGO) y la adopción de herramientas técnicas para planificar el personal público.

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Además, destaca el inicio de la implementación gradual de la nueva carrera administrativa en 12 instituciones piloto, que comprende a unos 12.000 funcionarios públicos.

“Paraguay mejoró de manera sostenida en el desarrollo de su Servicio Civil desde la primera medición, realizada en 2004. En aquel año obtuvo 12 puntos sobre 100; luego subió a 26 puntos en 2013 y a 40 en 2017, llegando ahora a los 48 puntos que le permite subir del nivel bajo al nivel de desarrollo medio, encontrándose por detrás de Costa Rica y Colombia (57 puntos cada uno) y Jamaica (51 puntos). Otros países de la región, ya alcanzan un nivel de desarrollo alto como Chile (73), Brasil (68) y Uruguay (60)”, destaca parte del informe.

Pese a los progresos, el organismo internacional identificó un total de once desafíos prioritarios para afianzar el nuevo modelo institucional. Entre las principales “tareas pendientes” figura extender la planificación de la fuerza laboral a las instituciones de mayor peso dentro del Poder Ejecutivo, modernizar e integrar los sistemas de información de recursos humanos y ampliar las descripciones y valoraciones de puestos a todas las instituciones comprendidas en el ámbito de la reforma.

También plantea fortalecer el sistema de directivos públicos y los mecanismos de selección por concurso, implementar el modelo completo de evaluación del desempeño y finalizar el diseño de una escala salarial única, cuya aplicación deberá ser gradual y fiscalmente sostenible.

Asimismo, señala la necesidad de reglamentar los ascensos y las promociones dentro de la carrera administrativa, implementar los planes institucionales de capacitación y extender las encuestas de clima laboral a las distintas dependencias públicas.

Paralelamente señalan que las unidades de gestión y desarrollo de las personas deben estar acompañadas de programas de formación, asistencia técnica y seguimiento de indicadores. A esto se suma la necesidad de institucionalizar un ciclo de monitoreo y evaluación de la reforma, con indicadores clave y mediciones periódicas de resultados.

Durante la presentación del documento, el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, explicó que la profesionalización “exige funcionarios idóneos y comprometidos con sus cargos” y que el objetivo final es transformar esta profesionalización en “bienes y servicios públicos oportunos y de calidad para la ciudadanía”, acotó.

Por el mismo lado, la viceministra de Capital Humano, Andrea Picaso, valoró el trabajo coordinado con las unidades de gestión humana y señaló que el éxito de la ley dependerá del fortalecimiento de las capacidades operativas.

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Paraguay requiere inversiones por USD 15.175 millones entre 2025 y 2030 para cerrar las brechas de infraestructura en sectores clave como transporte, agua y saneamiento, electricidad y telecomunicaciones. Así lo señala un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que advierte sobre las necesidades de recursos para mejorar la cobertura y la calidad de los servicios.

El sector transporte concentra la mayor demanda de inversión, con USD 6.170 millones, seguido de agua y saneamiento, con USD 4.194 millones. Por su parte, electricidad requiere USD 2.450 millones y telecomunicaciones, USD 2.361 millones. En conjunto, transporte y agua y saneamiento representan cerca del 68 % del monto total estimado.

Dentro del área de transporte, la infraestructura vial representa la mayor parte de los recursos necesarios, con USD 5.299 millones. Estas inversiones contemplan la ampliación, el mantenimiento y el reemplazo de estructuras existentes, con el objetivo de avanzar en las metas de acceso y calidad de los servicios.

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El documento también destaca los desafíos pendientes en materia de cobertura de agua, ya que el acceso gestionado de manera segura alcanzaba el 64,4 % de la población paraguaya. En este contexto, el fortalecimiento de la infraestructura resulta fundamental para mejorar la conectividad y acompañar el desarrollo productivo.

En cuanto a las perspectivas fiscales, el estudio prevé una recuperación gradual de la inversión pública, cuya adquisición neta de activos no financieros pasaría del 1,6 % del producto interno bruto (PIB) en 2025 al 1,8 % en 2026.

Las estimaciones nacionales y regionales sitúan las necesidades de inversión en infraestructura entre el 4,6 % y el 6 % del PIB anual. Alcanzar estos niveles supone desafíos de financiamiento y asignación de recursos, por lo que el BID plantea priorizar proyectos, mejorar la eficiencia de la inversión pública y recurrir a mecanismos complementarios de financiamiento.

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Especialista planteó desarrollar una cartera única de proyectos priorizados e integrada a la planificación fiscal de mediano plazo.

Paraguay necesita fortalecer la planifi­cación de sus inver­siones en infraestructura, asegurar recursos estables para el mantenimiento de las obras y mejorar la eficiencia en el uso del gasto público, en un contexto de mayores restricciones fiscales.

Así lo señaló Julieta Abad, espe­cialista líder de la División de Transporte del Banco Interamericano de Desa­rrollo (BID), durante el Foro Cavialpa 2026. Durante el panel

“Invertir más y mejor”, centrado en la efi­ciencia del gasto y la inver­sión privada en infraestruc­tura, Abad sostuvo que uno de los principales desafíos es garantizar la sostenibilidad de las obras a largo plazo. Remarcó que no basta con ampliar la red vial, sino que también es necesario pre­servar la infraestructura existente mediante una gestión ade­cuada y un mantenimiento oportuno.

La especialista destacó tres aspectos para mejorar el rendimiento de los recursos: contar con sis­temas de información que permitan conocer el estado de las rutas y priorizar las intervenciones, asegurar fuentes de financiamiento estables para el manteni­miento y avanzar en con­tratos basados en resul­tados, en los que los pagos estén vinculados al cumpli­miento de objetivos concre­tos. Asimismo, señaló que la preparación de los proyectos antes de su licitación resulta determinante para cumplir los plazos y costos previstos.

Para ello, recomendó for­talecer la planificación de mediano plazo, realizar evaluaciones socioeconómi­cas y contar con diseños de ingeniería avanzados, ade­más de resolver con antici­pación los aspectos ambien­tales, sociales y prediales.