Cuando creíamos que la hipocresía política y mediática ya no podía rayar más alto, sus protagonistas –los mismos de siempre– encuentran la manera de superar su propia marca. Sin pudor alguno exhiben públicamente su descalabro ético y moral. Ni siquiera guardan las formas ni las apariencias.

En dos casos que se presumen similares –porque todavía falta la instancia juzgadora– asumen la férrea defensa de uno de ellos, en tanto se erigen en inapelables jurados de condenación para el otro.

La parcialidad manifiesta es tan grotesca como censurable. Se desprecia el buen periodismo y se utiliza a los medios como garrote en contra de sus enemigos, al tiempo de ser portavoces de los discursos que siguen su misma línea y agenda.

Sobre todo, de los diputados y senadores que se desviven por un minuto de vanidad, aguardando ansiosamente que sus fotos y frases sean amplificadas en tales órganos de comunicación. Y ni siquiera se animan a subrayar los divagues conceptuales –cuando no la ignorancia– de sus repetidos entrevistados.

Así, pues, a partir del error van construyendo una campaña de infamias y mentiras que aspira a internarse en la conciencia colectiva con rango de verdad indiscutida.

Sin embargo, como también venimos insistiendo desde hace bastante tiempo, este público ya no es el mismo de hace una o dos décadas atrás, aunque suene perogrullesco, pues avanzó rápidamente en su capacidad de diseccionar la información y de recurrir a más de una fuente para alcanzar su propia conclusión sobre los hechos publicados.

En este caso, en particular, nos referimos al pedido de intervención de las comunas de Asunción, que tiene como intendente al colorado Óscar Rodríguez, y de Ciudad del Este, que tiene al frente a Miguel Prieto, del movimiento Yo Creo. Ni hace falta explicar que el primero es rabiosamente fustigado y el segundo vehementemente defendido.

El maniqueísmo cromático en su más elevada expresión. Algunos parlamentarios hacen gala de una supina ignorancia, argumentando que la Contraloría General de la República no tiene competencia para plantear la intervención de los municipios, desconociendo lo que manda taxativamente la Constitución Nacional.

No estamos hablando de una ordenanza, una resolución, un decreto o, incluso, una ley, sino de nuestro máximo ordenamiento jurídico sobre el cual se establece nuestra democracia, el Estado de derecho y la separación de poderes, entre otras cosas.

El Artículo n.º 165 de la Constitución Nacional, en el capítulo dedicado a la intervención, señala que “los departamentos y las municipalidades podrán ser intervenidos por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo de la Cámara de Diputados, en los siguientes casos: 1) a solicitud de la junta departamental o de la municipal, por decisión de la mayoría absoluta; 2) por desintegración de la junta departamental o de la municipal, que imposibilite su funcionamiento, y 3) por graves irregularidades en la ejecución del presupuesto o en la administración de bienes, previo dictamen de la Contraloría General de la República”. Una contundente demolición de las falacias de los defensores de Miguel Prieto.

Como nuestra función no es solo opinar, informar y entretener, sino, sobre todo, educar, abusaremos de la transcripción textual de nuestra ley fundamental, en la parte final del Artículo n.º 165: “La intervención no se prolongará por más de noventa días, y si de ella resultare la existencia del caso previsto en el inciso 3, la Cámara de Diputados, por mayoría absoluta, podrá destituir al gobernador o intendente, o a la junta departamental o a la municipal, debiendo el Tribunal Superior de Justicia Electoral convocar a nuevos comicios para constituir las autoridades que reemplacen a las que hayan cesado en sus funciones, dentro de los noventa días siguientes a la resolución dictada por la Cámara de Diputados”.

Hasta ahora todo se ha encuadrado dentro del debido proceso que se requiere en estos casos. Por de pronto, es en las comisiones de la Cámara de Diputados donde las investigaciones de la Contraloría General de la República serán examinadas rigurosamente, tanto las que afectan a la Municipalidad de Asunción como a la de Ciudad del Este.

La sociedad podrá interiorizarse detalladamente de las irregularidades detectadas en ambas comunas. Porque, más allá de los discursos propagandísticos, estamos seguros de que existirán documentos que tendrán el aval de pruebas verificables y de daños cuantificables en números.

De manera que, sobre esas bases, habrán de manejarse los informes respectivos del ente contralor. Todo lo demás es puro humo con el que solo se pretende confundir a la ciudadanía con burdas mentiras y, a la vez, distraer la atención de lo que es verdaderamente relevante para el presente y futuro.

En la lengua de Cervantes, la frase “Ir por lana y salir trasquilado” alude a quien fue a ofender y volvió ofendido, a quien busca más de lo que tiene y se queda sin lo que poseía. Se aplica también a quien ha sufrido una pérdida o un perjuicio en lo que creía ganar o encontrar beneficio. Le pasó al senador nacional Salyn Buzarquis cuando fue hasta la sede de la Municipalidad de Asunción y se instaló frente a la misma encadenado a una silla para pedir que el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, renuncie a su cargo. Todo el foco estaba puesto sobre Nenecho hasta ese momento.

Hasta que el intendente decide recibir en su despacho al senador que hacía las veces de manifestante. Una especie de careo público entre ambos con cámaras y escribana de por medio. Nenecho aprovecha el momento para exponer unos mensajes que el senador le había enviado solicitando la contratación directa de una empresa que tiene camiones para servicios varios. El servicio que le provea a la ciudad era lo de menos, básicamente. Al senador lo que le preocupaba y, dicho por él mismo, era devolverle varios favores que debía al contacto de la referida empresa.

Y todo voló por los aires. La crisis cambió de protagonista y ahora los focos estaban puestos sobre Buzarquis, pero se iba a agravar ya que, en una entrevista en Ñandutí, el periodista Francesco Fiorio expone unos nuevos mensajes, esta vez el senador le decía al intendente que estaba pendiente de unos contratos de personal en una dependencia de la Municipalidad de Asunción. Al decir de los españoles, al senador se le pierden los papeles. Monta en cólera y responde con insultos personales con palabras de grueso calibre y sin ningún fundamento más que el latiguillo de “lo de Nenecho es mucho más grave que lo que hice”.

Hoy en la Cámara Alta sobrevuela la posibilidad cierta de la pérdida de investidura del senador al configurar lo actuado dentro del artículo 201 de la Constitución Nacional, que dice: “Los senadores y diputados perderán su investidura, además de los casos ya previstos, por el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado”.

No es un problema estar en problemas, el meollo de la cuestión es asumir que se está en una crisis como primer paso. Eso sirve como línea de base para elaborar una estrategia pensada con la cabeza fría donde el componente de la autocrítica no viene mal.

Seguiremos observando las reacciones y exponiendo lo que hay detrás de ellas. Aquello que no se ve o que no se cuenta. De eso también se trata el Contexto Político.

La periodista de investigación de Nación Media, Rosana Escobar, se refirió al informe de la Contraloría General sobre el crecimiento exponencial de los bienes del exmandatario Mario Abdo Benítez.

Indicó que observando el informe, confirma lo que el grupo de investigación ya venía denunciando en sus publicaciones. Pero más allá de eso, señaló que aún hay mucha tela por cortar, para saber sobre el origen de esas ganancias, o cómo se generó semejante cantidad de dinero y utilidades en tan corto tiempo.

En comunicación con el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970/Nación Media, explicó que el informe que se dio a conocer en la fecha consta de 288 páginas, de las cuales, en 36 páginas hacen un relato detallado de todo lo que ya se venía publicando en el diario La Nación tiempo atrás, confirmando sobre las utilidades, las dos empresas y el crecimiento exponencial que tuvo entre el 2020 y 2021.

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“Así como dice, hay mucha tela por cortar todavía allí, porque todavía falta establecer el origen de esas ganancias. Cómo fue que se generó tan semejante cantidad de plata, en utilidades. Las razones en que se consignaron, y que esta plata se iba a la reserva, lo cual le resulta muy raro a la Contraloría, ya que casi todas las utilidades no se sabe si se tocó o no la plata, porque en inversiones no hay absolutamente nada”, comentó.

Mencionó además que el informe de la CGR aborda también el precio, porque se hizo un comparativo a nivel mercado y en el sector el margen de ganancia es muy inferior a lo que experimentaron las dos empresas del expresidente de la República.

“Lo más importante, yo creo que, el origen de todo es sobre las licitaciones que se adjudicaron, en qué condiciones y a qué precio, cuánto pudo resultar ser más caro para el Estado, en ese momento tan sensible que era la pandemia, y que todo se direccionó, todo fue directo”, indicó.

La periodista Escobar resaltó que la Contraloría General está decidida a llegar a la verdad de cuánto es el crecimiento patrimonial de Abdo Benítez.

“Para eso está solicitando colaboración al Ministerio Público. Le decía hoy a Armindo Torres, cómo es que ustedes no piden el movimiento de Mario Abdo, y nos dijo que se pide, pero lo que pasa que hay que pedir la cuenta de la sociedad; porque en este caso la sociedad viene a encubrir prácticamente, la ganancia de la mayoría de las acciones de las empresas. En este caso ya le corresponde a la Seprelad indagar“, explicó.

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Desde Colombia repor­tan que los sicarios que mataron al exfis­cal Marcelo Pecci utilizaron el sistema financiero esta­dounidense para cobrar el dinero, USD 550.000, que el mandante les remitió desde Paraguay, señala el diario Hoy/Nación Media en su portal digital.

Erick Urueta, veedor judi­cial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión y que Estados Unidos tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, correspon­derá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que Estados Unidos pida extradición de estas personas es porque se come­tió una conducta delictiva en Estados Unidos, a pesar de que el crimen fue en Colom­bia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree Estados Unidos”, manifestó Urueta a la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolu­ción de las investigaciones, en Colombia existe la con­vicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci. “No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solici­tando una reunión urgente con la Fiscalía de Colom­bia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a Esta­dos Unidos si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al mag­nicidio. “Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna per­sona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en Estados Uni­dos. Tienen que demostrarse muchos elementos proba­torios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.