30 feminicidios registrados hasta octubre y una línea de atención a mujeres violentadas que contabiliza un aumento de casos desde el inicio de la cuarentena. Los datos del primer semestre del 2020 hablan por sí solos: más de 12 mil denuncias por violencia doméstica en la Fiscalía.

Texto: Micaela Cattáneo

Ilustración: Marijo Kalixien

En el 2016, Alexa Torres era la joven que coordinaba la pastoral juvenil de la Parroquia San José de Limpio, una ciudad que se encuentra a unos 40 minutos de la capital paraguaya. Ese año, ella hizo una denuncia por acoso sexual contra el cura párroco de esta iglesia, el sacerdote Silvestre Olmedo, días después de que él la manoseara por la espalda y el pecho.

Cuatro años después, este caso tuvo un fallo: el tribunal de sentencia absolvió de culpa y pena al pa’i, alegando que no hubo hostigamiento de forma reiterada, por lo que “no podía considerarse un acoso”. Además, dos de los tres jueces que fallaron a favor del sacerdote, argumentaron que su decisión respondía también a que “no había una relación de jerarquía entre el acosador y la víctima”.

En el momento en que ocurrió el acoso, Alexa se acercó al arzobispo de Asunción, el monseñor Edmundo Valenzuela, para contarle lo sucedido y pedirle su intervención. Sin embargo, la máxima autoridad eclesiástica no la ayudó y sólo le pidió que orara por el sacerdote en cuestión. Asimismo, en una nota dirigida a los jóvenes de la pastoral juvenil de la Parroquia San José de Limpio, el monseñor pidió que “no hicieran de una piedrita, una montaña”.

La sentencia del caso tuvo lugar el 10 de agosto de 2020, cinco meses después del inicio de la cuarentena decretada por la pandemia en Paraguay, el 11 de marzo. El fallo generó indignación en la ciudadanía, que inmediatamente convocó a una caravana de vehículos para el 15 de agosto, en manifestación a la injusta resolución del caso y en apoyo a la víctima. El tema generó debate en las redes sociales, donde los usuarios se preguntaban indignados: “¿Cuánto manoseo es acoso?”. El hashtag #AlexaNoEstáSola fue tendencia durante esa semana.

Este atropello que cometió la justicia paraguaya contra Alexa, y contra las miles de mujeres que no se animan a hablar pero también sufren acoso en los espacios que activan, ocurre en medio de una época donde se registra un aumento de llamadas y denuncias por violencia de género.

Los datos del primer semestre del 2020 hablan por sí solos: más de 12 mil denuncias por violencia doméstica en la Fiscalía. Y, hasta septiembre, el Observatorio del Ministerio de la Mujer contabilizó más de 5.200 llamadas a la línea gratuita 137, de Contención y Asistencia Contra la Violencia hacia las Mujeres, cuando en diciembre de 2019 el total del año arrojaba 4.011 llamadas.

La abogada Mirta Moragas, del Consultorio Jurídico Feminista –articulación de profesionales del derecho y las ciencias sociales que brindan orientación jurídica e interdisciplinaria de forma gratuita-, analiza que la principal deficiencia en la gestión del Ministerio de la Mujer, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia sobre casos de violencia de género es la falta de un registro único.

“Pese a que está establecido legalmente, no se cumple. Quienes deben llenar el registro, no lo hacen. No hay un dato oficial y único que pueda dar cuenta del universo real de casos porque una mujer normalmente va a varias instituciones. Otra deficiencia es la falta de coordinación entre las instituciones, y lo más preocupante es la falta de perspectiva de género en el tratamiento de los casos, que se traduce en revictimización y atenciones poco eficientes y amigables para las mujeres”, comentó sobre los errores del gobierno actual.

De hecho, estas 12 mil denuncias que llegaron al Ministerio Público de comisarias y sedes fiscales no están disgregadas por sexo o motivos de género. La directora de Comunicación y encargada de la Oficina Técnica de Género de la Fiscalía, Elida Favole, respondió que hacer esa discriminación de casos por violencia contra la mujer “llevaría más tiempo”.

Se le consultó además cómo quedan registradas las denuncias por violencia de género que no ocurren dentro del seno familiar y si existe un proyecto para llevar adelante la disgregación específica de casos de violencia contra la mujer, pero hasta el cierre de este informe no respondió ninguna de las preguntas.

La directora del Observatorio de la Mujer, Raquel Iglesias, aseguró que para una mejor visibilización de la cantidad de casos de violencia de género que efectivamente se denuncian, “es muy deseable que el Ministerio Público pueda hacer esa categorización”.

La abogada Mirta Moragas, que también acompañó la defensa de Alexa en el juicio, explicó que antes de la pandemia, la línea del Consultorio Jurídico Feminista recibía en promedio una llamada por día, de lunes a viernes, es decir cinco por semana y 20 al mes. “Al principio de la cuarentena, este número subió al doble, y ahora estamos en un promedio de cinco llamadas por día, o sea 25 por semana y 100 al mes. La mayoría de los casos que atendimos fueron de violencia de género”, señaló.

El 31 de marzo, su organización en articulación con otras 46 organizaciones, presentaron una nota al Ministerio de la Mujer, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, donde detallaban sus principales preocupaciones y propuestas ante el aumento de casos de violencia de género en cuarentena. Moragas asegura que no hubo respuesta a esa carta de ninguna de las instituciones mencionadas en el transcurso de esta pandemia.

En abril, la línea 137 registró el mayor número de llamadas en lo que va de la cuarentena: 724. A principios de mayo, el Ministerio de la Mujer anunció que habilitaba dos números de WhatsApp, disponibles las 24 horas, para dar una respuesta rápida a mujeres en situación de violencia. En ese momento, la institución sugería guardar los números en clave, por ejemplo: “Pizzería” o “Farmacia”, a modo de que el agresor no sospeche.

Pese a la consulta enviada, el Vice Ministerio de Protección a las Mujeres aún no brindó información sobre la efectividad de la campaña.

En los primeros días de mayo, el Ministerio de la Mujer publicó una noticia que anunciaba que “abril se había cerrado sin feminicidios, siendo el único país de la región en registrar cero casos de violencia extrema”. Sin embargo, el informe del primer semestre incluye el feminicidio de Tomasa Ferreira Sosa (54), ocurrido el 13 de abril.

“Según la resolución de imputación, este caso no tardó en tipificarse. El hecho sucedió el 13 de abril y la resolución tiene fecha 14 de abril. Nosotros en el Observatorio tuvimos la información de este feminicidio a finales de junio, cuando verificamos con la Fiscalía los números correspondientes al primer semestre del 2020. Cabe resaltar que este no es un feminicidio íntimo”, mencionó la directora, Raquel Iglesias.

“Nuestra ley no menciona ninguna definición sobre feminicidio no íntimo. Pero la aclaración sobre este caso tiene que ver con que el Observatorio de la Mujer entrega un informe al Observatorio regional de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), donde sí hacen una disgregación entre feminicidios íntimos y no íntimos”, explica Iglesias.

Un feminicidio no íntimo es un caso de violencia extrema en el que no hubo una relación de pareja o convivencia entre la víctima y el femicida. Según la directora, para declararlo como tal se toma en cuenta lo que dice el artículo 50 de la Ley N° 5777/16, en su inciso d: es feminicidio cuando la víctima se hubiere encontrado en una situación de subordinación o dependencia respecto del autor, o este se hubiere aprovechado de la situación de vulnerabilidad física o psíquica de la víctima para cometer el hecho.

¿Qué retrasó la llegada de la información de este caso? Iglesias responde: “Creo que es porque aún no existe la práctica desde la Fiscalía y la Policía Nacional (ambos tienen Observatorios) de comunicar al Observatorio de la Mujer la existencia de algún caso de feminicidio. El Ministerio de la Mujer es el ente rector en la materia, según la Ley 5777/16. Esto es nuevo aún, por eso creo que aún falta esa comprensión de comunicar. Este caso lo tuvimos confirmado hasta que hicimos la verificación del primer semestre con la Fiscalía. Cada vez que existe un crimen de una mujer, nosotros llamamos a consultar o esperamos la imputación”.

Sobre el porqué considera importantes las comparaciones con cifras pasadas o los datos a nivel regional, explica que “en la ley se habla de ‘erradicar la violencia hacia las mujeres’, por lo que si cerramos el 2019 con una tasa de 1,09% frente a un 2018 con 1,69% – tasa por cada 100 mil mujeres -, quiere decir que las acciones que se llevan adelante para la erradicación o la disminución significativa están dando resultados positivos”, contestó.

¿Qué opinan las mujeres articuladas en organizaciones no gubernamentales? Que estas comparaciones esconden que los casos de violencia se mantuvieron o aumentaron. La abogada Mirta Moragas, del Consultorio Jurídico Feminista, analizó: “Es decir, menos feminicidios no es un indicador de que se haya bajado la violencia y creo que ese dato presentado de forma aislada podría confundir. Los datos de denuncias muestran un aumento. Eso lo reconoce el propio Ministerio de la Mujer, pero por otro lado, presenta como un logro que haya menos feminicidios. Los feminicidios son la cara más violenta de la violencia, pero no la única”.

Al cierre de este informe, el Observatorio de la Mujer aseguró que, desde principios de 2020 y hasta finales de octubre, hubo 30 víctimas de feminicidios. “El año pasado cerramos con 37 víctimas. Aún nos faltan tres meses para cerrar este, pero el factor de la pandemia con seguridad es un factor que está incidiendo en este aumento. Lo cual en absoluto es para festejar”, concluyó la directora del Observatorio de la Mujer.

Este texto forma parte de la Fase 2 de “Violentadas en cuarentena”, una investigación colaborativa de Distintas Latitudes que visibiliza la violencia contra las mujeres por razones de género durante la cuarentena por la covid-19 en América Latina y el Caribe. Para leer la investigación completa ingresar a https://violentadasencuarentena.distintaslatitudes.net/