La Comisión Bicameral de Presupuesto, encargada de estudiar el proyecto de ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2027, recibió ayer lunes, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quienes expusieron las principales prioridades y necesidades presupuestarias de ambas instituciones.

En primer término, Martínez Simón presentó la propuesta presupuestaria de la institución, que establece como meta incrementar en un 5 % la resolución de causas ingresadas a nivel nacional, con el propósito de contribuir a reducir la congestión judicial.

Asimismo, destacó la integración del Registro Unificado Nacional (RUN), en el marco de la Ley N.º 7424/2025, y la necesidad de dar continuidad a la implementación tecnológica y financiera de este sistema, orientado a fortalecer la gestión registral y avanzar en el proceso de transformación digital.

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La propuesta presupuestaria de la CSJ asciende a G. 2.444.386.000.000, equivalentes a aproximadamente USD 428,4 millones. Los recursos se destinarán a servicios personales y no personales, bienes de consumo e insumos, inversión física, servicio de la deuda, transferencias, gastos judiciales y otros conceptos.

En comparación con el presupuesto vigente, la propuesta representa un incremento del 19 %, equivalente a G. 397.642 millones

Por su parte, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, presentó la propuesta presupuestaria del Ministerio Público, estructurada en torno a ejes estratégicos vinculados con la eficacia y eficiencia de la gestión institucional, así como con el control de calidad de la gestión fiscal.

Entre los objetivos expuestos, mencionó el fortalecimiento del sistema de gestión fiscal, la promoción de una atención inclusiva y de calidad, y la mitigación de riesgos que puedan afectar el desempeño de la institución.

También señaló la necesidad de ampliar la cobertura de las unidades fiscales penales en los distintos departamentos del país. Según lo expuesto, la cantidad actual de fiscales permitiría cubrir únicamente las necesidades de las agencias de Asunción, Central, Caaguazú, Alto Paraná e Itapúa.

La propuesta del Ministerio Público asciende a G. 1.286.764.270.960 y contempla el financiamiento con recursos del Tesoro y recursos propios. Entre los principales requerimientos figuran la creación de nuevos cargos para el área misional, el apoyo técnico a la gestión fiscal y las áreas de administración financiera y apoyo.

En cuanto a la inversión física, se prevén la adquisición de vehículos, la modernización del laboratorio forense, la ejecución de obras institucionales, la compra de equipos informáticos, la renovación de chalecos antibalas y la adquisición de software especializado, muebles y útiles de oficina.

La Comisión Bicameral de Presupuesto es presidida por la diputada Cristina Villalba e integrada por senadores y diputados. Las reuniones se desarrollan en modalidad presencial y virtual, desde la sala de sesiones de la Cámara de Diputados.

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El exintendente de Ciudad del Este, destituido por presunta corrupción y aspirante presidencial, Miguel Prieto, en las últimas semanas viene ejecutando un libreto cuestionable, la victimización, utilizando como elemento el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, y ahora lo ocurrido con el exgobernador de Central, Hugo Javier González. Prieto utiliza este discurso en medio de los procesos judiciales en su contra por corrupción y supuestos desvíos de las arcas de la Municipalidad de CDE durante su administración.

Semanas atrás, aparecía en un evento político realizado en la ciudad de Caacupé con un chaleco de protección, pese a usar la frase “ndaipori kyhyje” (no hay miedo), al ser consultado sobre el motivo de utilizarlo, Prieto respondió que “a Marcelo Pecci nadie le avisó” que sería asesinado.

Lejos de reconocer la desacertada comparación, en un programa radial televisivo, donde se encontraba la periodista Claudia Aguilera, esposa de Pecci, a quien ni siquiera reconoció, volvió a citar esta situación. Luego de este episodio, Aguilera pidió a Prieto y todos los actores políticos no utilizar su nombre en vano.

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“Creo que debe haber honestidad cuando en tu narrativa utilizás elementos, porque al final lo que él hace al nombrar a Marcelo Pecci es usarlo como elemento, pero se trata de una persona finalmente que merece justicia y que también merece respeto su memoria, y que tiene que ser un ejemplo también para todo un país en lo que hace a mejorar la Justicia y el servicio público”, lamentaba la viuda de Pecci.

Pese a toda esta situación generada, Prieto no para y ahora incluye en su libreto de victimización el caso del exgobernador de Central Hugo Javier, quien sufrió un traumatismo craneal en circunstancias aún investigadas. El destituido exintendente aseguraba en sus declaraciones que González fue víctima y sufrió un intento de ser silenciado.

“Lo de Hugo Javier fue una quema de archivo. Lo usaron, ya no les sirve, ahora lo mandaron liquidar porque es peligroso que salga a hablar”, expresaba en nota a los medios de prensa. Sin embargo, el caso hasta el momento sigue en investigación con dos aristas, un golpe accidental o un golpe intencional.

Este es el nuevo “chaleco de protección” que pretende instalar Miguel Prieto con un solo objetivo, instalar una psicosis colectiva y de colocarse en un papel víctima política del sistema judicial, pese a tener 49 denuncias en su contra, 2 de ellas ya en instancias de juicio y una tercera que podría llegar a las mismas instancias.

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La periodista Claudia Aguilera, viuda del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, lamentó este viernes la utilización del nombre de su esposo en el marco de una campaña política electoral que viene realizando el destituido exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en medio de varios procesos judiciales que lo acorralan por presuntos hechos de corrupción.

“Creo que debe haber honestidad cuando en tu narrativa utilizás elementos, porque al final lo que él hace al nombrar a Marcelo Pecci es usarlo como elemento, pero se trata de una persona finalmente que merece justicia y que también merece respeto su memoria, y que tiene que ser un ejemplo también para todo un país en lo que hace a mejorar la justicia y el servicio público”, expresó Aguilera en respuesta a Prieto, quien ayer visitó su programa en la 1020 AM.

El domingo 30 de agosto, Prieto apareció en un evento político en Caacupé con un chaleco de protección, lo que llamó la atención. Al día siguiente, al acudir a la apertura de su primer juicio oral y público en el Palacio de Justicia, en Asunción, fue consultado por los medios del por qué utilizaba el chaleco, a lo que contestó: “Yo no necesito recibir una amenaza para comenzar a cuidarme. A Pecci nadie le avisó: ‘ey, te vamos a matar’. Temor no hay, no soy estúpido nomás”.

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Antes que retractarse de sus dichos, pese a los cuestionamientos, Prieto volvió a mencionar y compararse con Pecci en un programa televisivo-radial, en el cual se encontraba la viuda del fiscal, Claudia Aguilera. El detalle fue que Prieto no reconoció a Aguilera y siguió utilizando el nombre de su esposo, asesinado en Colombia en mayo de 2022 durante una luna de miel; como parte de su narrativa política.

Tras esta situación, Claudia lanzó un mensaje a través de la 1020 AM, no solo a Miguel Prieto, sino a los políticos que utilizan el nombre de su esposo: “Le pido también a todos los políticos sean colorados, liberales u opositores, y referentes sociales, no usar de manera tan ligera, con tanta tibieza el nombre de Marcelo Pecci, porque no se lo merece”.

También se refirió a la situación incómoda con Prieto, que ni siquiera logró reconocerla como la viuda de la persona a la que estaba citando. “El lunes ya me di cuenta que el nombre de Marcelo Pecci está en la narrativa de Prieto, y le pido a él, y también a todos que si van a mencionarlo, conozcan bien su historia, su trayectoria, lo que le tocó vivir como operador de justicia y, por sobre todo, no comprometerse con su familia, con las personas que sobrevivimos ese atentado y la gente que lo sigue sufriendo, sino con la justicia que él se merece”, apuntó.

“Yo soy una periodista, se puede conocer quién soy y quién no soy también, pero a mí lo que me importa es que se respete a Marcelo Pecci y que no se utilice su nombre en vano”, concluyó Claudia Aguilera.

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La Fiscalía General del Estado conformó un nuevo equipo de trabajo para continuar investigando a directivos y ejecutivos de Indufar C.I.S.A., quienes se encuentran imputados por estafa, lesión de confianza y asociación criminal. La investigación está relacionada con la producción y comercialización de medicamentos a base de tirzepatida.

Por resolución de la Fiscalía General, se dispuso que los agentes fiscales Víctor Adolfo Santander, Gabriel Segovia Villasanti y Miguel Ramón Figueredo sigan adelante con el proceso penal. Asimismo, no se descarta una ampliación de la imputación por otros hechos punibles. La dirección de la causa estará a cargo del fiscal Miguel Figueredo, bajo la supervisión del fiscal adjunto de Alto Paraná, Celso José Sanabria.

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En este proceso penal están imputados Óscar Humberto Simón Palmerola, Cynthia Montserrat Ríos Villagra, Darío Alejandro Zanin y José Luis Rodríguez Paredes. La investigación penal se inició a partir de la denuncia promovida por BEM ESTAR Clínica Estética, por un supuesto perjuicio económico de G. 24.084 millones.

Semanas atrás, el Tribunal de Apelación de Alto Paraná —integrado por los magistrados Nilda Estela Cáceres, Raúl Insaurralde y Efrén Giménez Vázquez— ratificó la admisión y la validez de la imputación contra los cuatro directivos y ejecutivos de Indufar C.I.S.A.

Los camaristas consideraron que el acta de imputación cumple con las exigencias previstas en la norma legal; es decir, en el artículo 302 del Código Procesal Penal y en la Acordada N.º 1631/2022 de la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, aún sigue pendiente de resolución un incidente de nulidad planteado contra el acta de imputación.

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