La solicitud institucional apunta a fortalecer la investigación penal, ampliar la presencia territorial de las sedes fiscales y modernizar los servicios técnicos brindados a la ciudadanía en todo el país.

Durante la audiencia, la representación fiscal expuso el histórico descalce financiero que arrastra la institución. Entre los años 2023 y 2026, la Fiscalía solicitó recursos por un total de G. 4,211 billones, pero el Poder Legislativo asignó únicamente G. 2,867 billones, dejando una diferencia acumulada de G. 1,344 billones en contra del órgano investigador.

En el periodo actual de 2026, la institución requirió G. 1,056 billones y recibió tan solo G. 763.000 millones, lo que representó un receso presupuestario de G. 293.000 millones. Estos antecedentes fundamentaron la urgencia de reajustar las partidas económicas para responder a las crecientes demandas de la justicia penal.

Uno de los puntos centrales del reclamo radica en el déficit de recursos humanos para cubrir todo el territorio paraguayo. Las autoridades advirtieron que el país necesita al menos 700 unidades fiscales, pero actualmente la institución funciona con aproximadamente 350 agentes fiscales titulares, operando a la mitad de la capacidad requerida.

Asimismo, la Fiscalía urgió inversiones en laboratorios forenses, morgues judiciales, cámaras Gesell y depósitos de evidencias, además de equipamiento tecnológico para el procesamiento de escenas del crimen.

Entre las obras prioritarias figura la conclusión de la sede en Encarnación, cuya finalización requerirá cerca de USD 5 millones, contrarrestada por la donación de más de 30 inmuebles gestionados desde 2023.

El Ministerio Público apeló a su autonomía funcional y administrativa, amparada por la Constitución Nacional, para solicitar el respaldo de los legisladores. La asignación presupuestaria pretendida resulta clave para consolidar investigaciones sustentadas en evidencia científica y garantizar una atención adecuada a las víctimas de delitos.