La defensa de Prieto insistió que declaren más de 50 testigos, situación que ya fue rechazada en la audiencia preliminar y confirmada inclusive en la cámara de apelación.

Con una nueva acusa­ción por corrupción relacionada a un per­juicio patrimonial millonario, este lunes sigue el primer jui­cio oral contra el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por un mega­negociado en la compra de kits de alimento que ocasionó G. 2.130 millones a la comuna esteña en el caso conocido como Tía Chela.

La audiencia oral seguirá con la contestación de los inciden­tes de los acusados por parte del Ministerio Púbico. Luego se presentarán los alegatos inicia­les de la Fiscalía donde se ten­drá que sostener la acusación y describir los hechos irregula­res del presente proceso penal.

Días atrás la defensa de Prieto insistió que declaren más de 50 testigos, situación que ya fue rechazada en la audiencia pre­liminar y confirmada inclusive en la cámara de apelación.

El exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto fue acu­sado por lesión de confianza por un perjuicio de G. 757 millones. El daño se habría ocasionado a través del pago por obras inexistentes finan­ciadas por el Consejo Local de Salud de la comuna de Alto Paraná. De acuerdo con la investigación fiscal, Prieto habría ordenado diez transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Una parte importante de estos recursos se habría destinado supuestamente a la inver­sión física y edilicia dentro del mencionado centro médico.

Estas transferencias fue­ron ordenadas por la inten­dencia municipal mediante resoluciones emitidas por el entonces jefe comunal. Según la Fiscalía, los desembolsos se realizaron sin designar a un fiscalizador de obras, sin con­tar con los dictámenes per­tinentes que certificaran la ejecución efectiva de los tra­bajos, sin planificación previa y sin adecuarse a los mecanis­mos legales previstos.

Asimismo, Prieto deberá afrontar un segundo juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal en el denominado Caso Tajy, donde se investiga un daño patrimonial superior a los G. 300 millones. La elevación de esta causa fue resuelta por el juez penal de Garantías Humberto Otazú.