La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional.

Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Con­traloría General de la Repú­blica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plan­tel de funcionarios y emplea­dos públicos de la Munici­palidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.

El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vin­culada y remunerada por la institución desde el mes de febrero de 2025 y paralela­mente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el conce­jal Sebastián Martínez Ins­frán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Eliza­beth Fariña Almada.

“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utili­zación inadecuada de recur­sos o información institu­cional, atendiendo a que la citada profesional, mien­tras mantiene un vínculo remunerado con la Munici­palidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funciona­rios vinculados con dicha institución”, refiere el docu­mento que será remitido al órgano auditor.