• HOY.COM.PY

La magistrada Adriana Giagni rechazó la inhibición de su par Mario Camilo Torres, argumentando falta de sustento legal sobre su supuesta relación de amistad con el senador procesado Rafael Filizzola, por lo que, el caso queda en manos de la Corte.

El expediente del caso judicial conocido como Comisarías de Oro regresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de que la camarista Adriana Giagni impugnara de manera oficial el apartamiento de su colega, el juez Mario Camilo Torres.

Torres había decidido distanciarse de la causa aludiendo a un presunto vínculo de amistad con uno de los principales acusados, el actual senador Rafael Filizzola.

Giagni sostuvo que la inhibición presentada por el magistrado Torres carece de los fundamentos y de las pruebas documentales exigidas por el Código Procesal Penal para viabilizar una separación del cargo. Al no acreditarse formalmente los motivos de la supuesta cercanía con el procesado, se generó una discrepancia de competencia que paraliza temporalmente la conformación del Tribunal de Apelaciones.

A raíz de este desacuerdo técnico entre los camaristas, el legajo judicial fue remitido a la máxima instancia judicial del país. La Corte Suprema de Justicia tendrá la responsabilidad de estudiar los antecedentes institucionales y resolver si ratifica a Torres o si, por el contrario, confirma la postura de Giagni dentro del proceso legal, permitiendo así destrabar la conformación de la Cámara que debe resolver las apelaciones pendientes.

La acusación del Ministerio Público en el caso conocido como las “comisarías de oro” se mantiene firme tras 15 años de proceso, en los que, según la Fiscalía, no se logró desvirtuar la responsabilidad atribuida al exministro del Interior Rafael Filizzola por un presunto perjuicio de G. 1.200 millones al Estado. La Fiscalía afirma que solo una de las 24 comisarías llegó a completarse, con avances generales inferiores al 10 %.

El expediente sostiene que la licitación para la adecuación de 24 comisarías en el Área Metropolitana fue impulsada sin sustento técnico ni planificación previa, lo que habría derivado en un esquema de contratación cuestionado por el fiscal Luis Piñánez.

De acuerdo con la investigación, las obras fueron adjudicadas a la empresa Todo Verde Emprendimientos sin dictámenes técnicos, planos ni verificación de la necesidad de infraestructura, además de registrarse pagos acelerados pese a que las construcciones no estaban concluidas ni recepcionadas.

La acusación señala que en diciembre de 2010 se tramitaron solicitudes de transferencia de recursos por la totalidad del contrato, incluso cuando las obras no habían sido finalizadas, y que los desembolsos se concretaron en un plazo de 24 horas entre enero y febrero de 2011.