“No tiene ningún indicio de la comisión de hecho punible porque justamente la conclusión propiamente dice que hay correspondencia en el patrimonio”, expresó Ricardo Preda.

El abogado Ricardo Preda, representante legal del pre­sidente de la República, Santiago Peña, puntualizó que no existen indicios de hechos punibles en la decla­ración jurada del mandata­rio, después que la Contra­loría General de la República (CGR) descartara irregulari­dades al presentar el pasado lunes el resultado de un examen de corresponden­cia patrimonial que el pro­pio jefe de Estado solicitó en el año 2025, pese a no estar obligado por ley en esta ins­tancia del cargo.

“Este examen de correspon­dencia no tiene en sí mismo ningún indicio de la comisión de hecho punible porque jus­tamente la conclusión propia­mente dice que hay corres­pondencia en el patrimonio del presidente y no hay abso­lutamente ninguna noticia

criminis”, afirmó el abogado al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

OFICIO A LA CGR

Explicó que “en el marco de esa denuncia presentada por esos legisladores, el Ministe­rio Público había remitido un oficio a la Contraloría soli­citando que se pronuncie acerca del patrimonio del presidente, independien­temente a ese pedido de la Fiscalía, ya en su momento el presidente habría presen­tado una nota a la contralo­ría haciendo una declara­ción jurada, creo que fue en setiembre del año pasado, sin estar obligado a ello”.

La obligación de presentar la declaración jurada está esta­blecida al inicio de la fun­ción pública y al culminar el mandato. “En este caso, para demostrar que no tiene absolutamente nada que ocultar hace esta presen­tación en setiembre del año pasado y solicita a la Contra­loría ese examen de corres­pondencia.

Este estudio es resultado de ese pedido y coincide tam­bién con el pedido del Minis­terio Público en función a esa denuncia”, aclaró Preda.

Refirió que se aguardará qué decisión tomará la Fis­calía respecto al informe remitido por la Contraloría.

“Esto se remite a la Fiscalía, la Fiscalía me imagino que va a dar recepción a esto y eso ya dependerá de la persona que tenga a su cargo el caso para ver el análisis que segu­ramente va a aplicar a este documento”, apuntó.

El abogado Ricardo Preda indicó que la imputación del exmi­nistro abdista Arnoldo Wiens se fundamenta en elementos sólidos de la investigación fis­cal que colocan en evidencia que el proyecto Metrobús fue paralizado por un revan­chismo político y no técnico. El extitular de Obras Públi­cas desoyó la conclusión de su propio equipo interventor, suspendió las obras y ordenó demoler todo lo construido, valuado en de G. 6.900 millo­nes, con el 40 % de avance.

“Los fiscales toman la deci­sión en la medida de que creen que tienen las eviden­cias suficientes para soste­ner sus requerimientos. En este caso son requerimien­tos muy sólidos, tanto para la imputación como el sobre­seimiento definitivo, se nota que los fiscales realmente tra­bajaron en el caso”, dijo ayer el representante legal del extitular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. Las afirmaciones de Preda surgen ante el discurso de victimización esgrimido por Wiens, quien mencionó en sus redes sociales que la imputación fiscal en su contra obedece solo a una persecu­ción política. “Es un discurso vacío. Bajo esa fórmula enton­ces ningún fiscal va a querer imputar a alguien que es can­didato para un cargo porque dirán que ya es una persecu­ción política”, comentó.

Wiens, buscando el ropaje ciudadano, refirió que la Jus­ticia se encuentra al servicio del poder, ya que supuesta­mente el oficialismo colo­rado pretende “ganar en tri­bunales lo que no pueden en las urnas”, olvidando que en las internas coloradas de 2018 terminó siendo derrotado ampliamente por el actual presidente de la República, Santiago Peña, del movi­miento Honor Colorado.

Al discurso de Wiens se sumaron las afirmaciones del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, quien también, mediante sus redes sociales oficiales, ejerció una defensa férrea a favor del expastor calificándolo como un “hombre honesto y traba­jador” y que la Justicia para­guaya se está convirtiendo en un “aparato de persecución”.

“Realmente este tema es inédito, por el hecho de que un gobierno, por cues­tiones estrictamente polí­ticas, haya decidido des­truir algo que se construyó. Espero que este sea un men­saje de que un país serio no se construye de esa manera, se dejó sin transporte a más de 300.000 personas”, lamentó Preda.

El abogado acotó que “la gente de la empresa Mota Engil se avivó al ver que había un grupo al que no le interesaba el país, sino que le interesaba más el revanchismo político. Dijeron ‘esta es la nuestra’ y cobraron el dinero. Y solo dañaron al Estado paraguayo, lo hicieron solo por una cues­tión política”

El extitular del MOPC omite referirse a los fundamentos de la imputación fiscal; busca llevar la discusión al plano político.

Siguiendo el libreto de su mentor, Mario Abdo Bení­tez, y sus compañeros de la causa, los también procesa­dos Arnaldo Giuzzio o Car­los Arregui, el exministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens se declaró un “per­seguido político”.

Sin embargo, no hizo una sola mención a los argumen­tos que esgrime el Ministe­rio Público para imputarlo por lesión de confianza y daños a obras construidas. Agentes de la Unidad Anti­corrupción encontraron que hubo daño patrimonial en la demolición de la obra del metrobús, en abril de 2020, ordenada por el MOPC. Está demolición supone un grave daño patrimonial al Estado que ronda los G. 15 mil millo­nes.

En un nuevo capítulo del caso metrobús, los aboga­dos del exministro Arnoldo Wiens presentaron ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucio­nalidad ante la imputación de su defendido.

El equipo legal de Wiens sos­tiene que existen irregulari­dades jurídicas en la forma en que se ha desarrollado la imputación, por lo que soli­citan que la Corte examine la constitucionalidad del procedimiento seguido.

El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asu­mir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimo­nio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil. Señala también que antes de la administración de Wiens, el proyecto del metrobús registraba un avance físico del 40 %.

Desde el Ministerio Público se sostiene que el proyecto era viable y que no existían inconvenientes técnicos ni económicos para su para­lización.

El abogado Ricardo Preda informó en con­ferencia de prensa que la familia presidencial no ini­ciará acciones legales tras la denuncia penal presentada por legisladores oposito­res, basada en publicacio­nes inconsistentes del dia­rio Abc Color. Señaló que una investigación penal no puede abrirse sobre suposiciones y menos aún cuando los hechos carecen de relevancia penal.

Preda expuso varias incon­sistencias de la formulación opositora que, a su cri­terio, no sostienen la supuesta comisión de delitos.

El aumento patrimonial mencionado corresponde a una época en la que Peña no era funcionario público. Se trata de ingresos obtenidos en su vida privada, lo cual no constituye delito ni genera obligación de justificar su origen.

La adquisición se realizó en diciembre de 2022, antes de internas y elecciones, cuando Peña aún no era presidente ni la empresa vendedora proveedora del Estado. Fue una compra legítima, no un regalo.

La acusación se basa en la palabra de una exfuncionaria destituida por pér­dida de confianza. Preda explicó que los únicos sobres con dinero docu­mentados eran para pagos propios del servicio, no para otros fines.

El uso de efectivo no constituye delito por sí mismo como pretende hacer creer Abc Color.

El test se aplicó en un contexto de pérdida de confianza. Quienes se sometieron lo hicieron con consenti­miento, una práctica válida en entor­nos de alta seguridad como el presi­dencial.

El comprador puede elegir a quién fac­turar, incluso a un familiar. Es una prác­tica común y legal.

No es funcionaria pública, por lo que no está obligada a presentar declara­ción de bienes.

El presidente puede reunirse con empre­sarios, incluso con quienes han contra­tado con el Estado. No existen prue­bas de beneficios indebidos y en el caso citado, la licitación se realizó en Itaipú, donde Peña no decide adjudicaciones.

Peña fue accionista de ueno holding, pero ya no posee acciones. Varias de sus empresas ganaron licitaciones, sin que la denuncia detalle irregularidades. En todo caso, Peña no decide resultados lici­tatorios.

La participación de Peña era menor al 2 % en una socie­dad que adquirió Pasfin en 2020. El exdirectivo Oleñic fue imputado en 2024, por hechos relacionados con Cepagro, sin vínculo con Peña. No existió relación comercial ni partici­pación en esos hechos.

El presidente puede reunirse con empresarios, incluso con quie­nes han contratado con el Estado. No existen pruebas de benefi­cios indebidos y en el caso citado, la licitación se realizó en Itaipú, donde Peña no decide adjudica­ciones.

En charla con el pro­grama “Arriba hoy”, de GEN-Universo 970/Nación Media, el repre­sentante legal de la firma itti fue categórico al men­cionar sobre la deteremina­ción adoptada por la jueza en lo civil y comercial Rossana Frutos. Recordó que la jueza hizo lugar a una medida cau­telar a favor de la citada firma que si el banco Atlas, actual­mente está en proceso de fusión con otro banco, cede la utilización del software estará violando una resolu­ción judicial y a su vez estaría cometiendo una infracción al derecho de autor.

Preda sostuvo que “la jueza otorgó una medida cautelar de prohibición de no inno­var sobre la utilizacion del sofware, lo que implica que otras personas no podrían interactuar sobre el core bancario y si sucede eso el banco Atlas estaría violando la medida cautelar”.

Del mismo modo el citado profesional indicó que no solamente se trata de que el banco ya no utilice el software IT Gestión Financiera (ITGF) tras la fusión, sino que “inde­pendientemente de que no lo utilicen aún, hay informa­ción y partes de los módulos del software que seguramente van a ser utilizados en ese pro­ceso, aunque sea para migrar los datos a otro software. Pero esto es ajeno a otras infraccio­nes ya cometidas por Atlas en cuanto al software”, explicó el abogado de ittis.

También el abogado Preda señaló que “lo que se busca precautelar con esta medida judicial es que el software no sea utilizado por terce­ros porque finalmente hay un contrato para el uso de softawre con Atlas, pero no puede ceder el uso a terce­ros y si estamos hablando un proceso de fusión se podría entender que terce­ros podrían usarlo”.

El abogado aclaró que la medida cautelar no actúa como una suerte de blo­queo al proceso de fusión de las entidades bancarias involucradas, sino que pre­cautela su utilización en el proceso de unificación de datos. Además, recordó que una vez que la fusión se concrete, el nuevo banco no podrá utilizar el software en cuestión.

“itti no está en contra de ninguna fusión, lo que quiere precautelar es que su derecho de autor no sea violado nuevamente a tra­vés de la utilización de su software por parte de otras personas a quienes no se ha licenciado en su momento y, aparte también, por el propio Atlas, que no podría utilizar este software una vez realizada la fusión”, afirmó.

Preda explicó que se ha iniciado un proceso de arbitraje debido a que el proceso de mediación ya terminó en abril pasado.

En cuanto al arbitraje, aún está en proceso inicial por­que todavía no se conformó el tribunal arbitral y hasta el momento no se propuso a los árbitros. Se deberá defi­nir al presidente del laudo arbitral y tener una deter­minación final que puede durar un año como mínimo, manifestó Preda.

A través de un comunicado, ambas entidades señalaron que el proceso continúa con normalidad.

Tras la decisión judicial emi­tida por una jueza de primera instancia, que ordenaba no utilizar el software de itti para cualquier entidad resultante de la fusión entre los bancos Atlas y Familiar, estas entida­des emitieron un comunicado a la opinión pública sobre el proceso de fusión que llevan adelante ambas entidades. Actualmente, hay además una instancia de arbitraje entre la firma itti, dueña del software IT Gestión Finan­ciera (ITGF), y el banco del grupo Zuccolillo.

En el comunicado se deja en claro dos aspectos esenciales. Lo primero, que la fusión con­tinúa dentro del cronograma previsto; y, lo segundo, que la nueva entidad que surja tras la fusión utilizará otro software y no ya el que venía utilizando durante los últimos 20 años.

“El proceso de fusión entre banco Atlas y banco Fami­liar sigue su curso con nor­malidad. La medida caute­lar presentada por itti Saeca, no afecta, en modo alguno, la continuidad ni la validez del proceso que ambas ins­tituciones vienen desarro­llando con estricto apego a las normativas vigentes y con la debida supervisión de las autoridades competentes”, señala parte del comunicado emitido ayer por las entidades bancarias.

De acuerdo a esto, Atlas y Familiar sostienen que la medida judicial otorgada por la jueza Rossana Fru­tos Olguín “se refiere única y exclusivamente a la imposi­bilidad de utilizar el software ITGF una vez que las entida­des estén fusionadas”.

“En el marco de este proceso, y con el objetivo de garanti­zar una experiencia operativa eficiente y segura para nues­tros clientes, ambas institu­ciones hemos resuelto avan­zar con la implementación de un nuevo y más adecuado sis­tema de core bancario, basado en la tecnología actualmente utilizada por banco Familiar, para lo cual, tiempo atrás se decidió no utilizar el sof­tware ITGF, hecho que ya fue comunicado oportunamente al ente regulador. Asimismo, ejerceremos todas las accio­nes necesarias en defensa de nuestros derechos, respalda­dos por una larga trayectoria empresarial”, agrega el pro­nunciamiento.

En la parte final del comu­nicado, las citadas entidades reafirman “su compromiso con la legalidad, la transpa­rencia y la mejora continua” y que la presente situación que se genera con los asuntos judiciales “no afectará la fun­cionalidad de ninguno de los servicios de ambos bancos. Banco Atlas y banco Familiar continuarán impulsando el fortalecimiento del sistema financiero paraguayo con la prestación de servicios de calidad, confiables y centra­dos en las necesidades de sus usuarios”, concluye.