De acuerdo con la Fiscalía, no existen los elementos suficientes para sostener una acusación por supuesta lesión de confianza y llevar la causa a juicio oral.
El juez especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, hizo lugar al sobreseimiento definitivo a favor del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, y la exviceministra Martha Benítez en el caso conocido como metrobús. El pedido fue presentado por los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti.
Los fiscales que llevaron adelante las investigaciones concluyeron que no hubo malversación, que no hubo un pago sin obra, además de la existencia del avance de un 40 %, como así también la validación de fiscalizadores internacionales y el BID de que existía la viabilidad técnica.
En el requerimiento de sobreseimiento, terminada la etapa de investigación, se menciona que la evidencia física y documental señala que existe correspondencia entre las obras realizadas y certificadas y los pagos realizados.
Es decir, durante su periodo de gestión se pagó por lo efectivamente construido y certificado.
En lo que respecta a los pagos de infraestructura, la investigación estableció que fue validado por consorcios internacionales que intervinieron como fiscalizadores y por el propio Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Igualmente, la Fiscalía señaló que es imperativo distinguir entre un proyecto inconcluso y un perjuicio penal.
OBRA CON 40 % DE AVANCE
La administración de Jiménez Gaona –que concluyó en agosto 2018– entregó una obra con un avance del 40 % aproximadamente según el informe pericial de la firma internacional Conexig LLC, plenamente funcional y útil dentro de su etapa cronológica, de acuerdo con el Ministerio Público, esto respaldado por un sólido esquema de garantías, que incluyen pólizas de seguros y fiel cumplimiento.
En su conclusión, la Fiscalía indica que no existió ni una sola prueba técnica del ámbito privado y público que indique que las obras ejecutadas valieron menos de lo que fue pagado y que permitan establecer un perjuicio. Tampoco se ha podido establecer que los fondos del proyecto hayan sido malversados o utilizados para otros fines.