El MDS abre posibilidad de aumentar volumen de compra a pequeños productores y mipymes para el programa de alimentación escolar.

El ministro de Desa­rrollo Social, Tadeo Rojas, afirmó que el programa Hambre Cero atra­viesa una etapa de consolida­ción y aseguró que los contro­les actuales obligan la compra a productores de la agricul­tura familiar y mipymes.

El Gobierno defendió la estructura actual del pro­grama Hambre Cero y marcó distancia del proyecto legis­lativo que propone transferir a los municipios parte de la administración de los recur­sos destinados a la alimenta­ción escolar.

El secretario de Estado acu­dió a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado para exponer la postura del Ejecutivo sobre la iniciativa presentada por el senador Colym Soroka, que plantea descentralizar el manejo del programa hacia las munici­palidades.

Rojas recordó que Hambre Cero comenzó en 2024 en 90 distritos y que desde este año alcanzó cobertura plena den­tro del esquema previsto por el Gobierno. En ese contexto, sostuvo que el 2026 repre­senta recién el segundo año completo de implementación nacional y que todavía exis­ten procesos de ajustes per­manentes propios de un pro­grama de gran alcance social.

“El programa está en pleno proceso de consolidación”, expresó el ministro al insis­tir en que actualmente el sis­tema funciona en condiciones satisfactorias.

Uno de los cuestionamientos planteados por sectores que impulsan la descentralización apunta a una supuesta exclu­sión de productores nacio­nales y agricultores familia­res dentro de la provisión de alimentos. Sobre ese punto, Rojas negó incumplimientos y aseguró que existen mecanis­mos obligatorios de control.

Explicó que un decreto esta­blece porcentajes mínimos de compra a la agricultura familiar y a las mipymes, requisitos que las empresas proveedoras deben cumplir obligatoriamente para avan­zar en los procesos adminis­trativos de cobro.

Según detalló, el control se realiza mediante el Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), plataforma digital donde las proveedo­ras cargan facturas y docu­mentaciones que acreditan las adquisiciones realizadas a productores nacionales.

El ministro insistió en que los mecanismos actuales funcio­nan y advirtió que modificar la ley en esta etapa podría alterar el proceso de conso­lidación de uno de los pro­gramas sociales de mayor impacto impulsados por el gobierno de Santiago Peña.