Se espera que las autoridades del vecino país remitan los datos del teléfono del condenado para saber si mantuvo vínculo con exministro abdista.
La condena a 37 años de cárcel por tráfico de drogas dictada en Brasil contra Lindomar Reges Furtado reaviva los posibles nexos entre el sentenciado y el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio. Actualmente, Giuzzio enfrenta un juicio oral en nuestro país por cohecho pasivo agravado, tras ser acusado de recibir favores del presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, quien fuera socio comercial de Reges Furtado en Paraguay.
Justamente, este vínculo entre Marcus Vinicius y Giuzzio es el que está bajo investigación judicial. Marcus Vinicius le había prestado un vehículo blindado al exministro del Interior para sus vacaciones en Brasil, y además mantenía reuniones con la autoridad del gobierno abdista para ganar licitaciones de seguridad con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Este vínculo –bajo sospecha hoy– fue lo que provocó la caída y posterior enjuiciamiento del exministro del gobierno anterior.
En el marco del juicio contra Arnaldo Giuzzio por sus nexos con el narcotráfico, el Ministerio Público solicitó formalmente al Tribunal de Sentencia la inclusión como prueba de los resultados de la extracción de datos del teléfono celular de Lindomar Reges Furtado. Estos dispositivos habían sido incautados en su residencia de Hernandarias durante la fallida intervención de 2022.
REGALOS DE NARCOS
Existe la fuerte sospecha fiscal de que Giuzzio habría recibido “regalos” por parte de Lindomar y, a cambio, pudo haber utilizado información privilegiada de inteligencia para filtrar datos y facilitar la huida del capo brasileño del barrio cerrado en el Alto Paraná.
En el marco del juicio, se espera que las autoridades brasileñas faciliten al tribunal de sentencia –presidido por la jueza Adriana Planás– los mensajes del teléfono celular de Reges Furtado. El objetivo es confirmar si Giuzzio mantuvo algún vínculo con el hoy condenado, considerado uno de los líderes del crimen organizado en el vecino país y responsable del tráfico de cocaína hacia Dubái y Europa.
De acuerdo con la investigación fiscal, se sospecha que Marcus Vinicius y Lindomar Reges Furtado eran socios comerciales y que crearon varias empresas con capital inyectado por el ahora sentenciado. Asimismo, existen sospechas de que la firma Black Eagle Group SA (cuyo nombre comercial es Ombú SA), propiedad de Marques de Padua y dedicada al blindaje de vehículos de alta gama, recibió fondos de Reges Furtado para operar en Paraguay.