Desde su arribo al cargo, el doctor Fretes inició un proceso de revisión de procedimientos y contratos.

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Varios asesores de la presidencia del IPS fueron destituidos por el nuevo titular, Isaías Fretes, quien en conferencia de prensa, denunció la com­pra excesiva de medicamen­tos e insumos para pacien­tes ostomizados que, según explicó, no llegarán a ser uti­lizados debido a la reducida cantidad de beneficiarios dentro del sistema.

El presidente del IPS resol­vió dar por terminadas las funciones de Dora Lilian Torres de Argüello, Fabiola Lizeth Rodríguez Álvarez, quien se desempeñaba como asesora principal, y Máximo Adonis Vargas Morales, ase­sor adjunto permanente. La decisión se enmarca en una serie de medidas orienta­das –según indicó– a reor­denar la institución y trans­parentar su funcionamiento interno.

En reemplazo, fueron desig­nados en cargos de confianza el economista Sergio Lovera Cañete como asesor princi­pal, junto con Mariano Gon­zález Parra y Miguel Ángel Rodríguez Maidana, tam­bién en funciones de aseso­ría estratégica. Asimismo, fue nombrada Claudia María Martínez Bogado como coordinadora interina de la oficina de coordinación de la gestión administrativa financiera.

Desde su arribo al cargo, el doctor Fretes inició un pro­ceso de revisión de procedi­mientos y contratos, apun­tando a lo que calificó como “cuantiosas irregularidades” dentro del ente previsional. En ese contexto, no dudó en cuestionar decisiones del propio Consejo de Adminis­tración, recordando que en su primera sesión solicitó explicaciones sobre la adjudi­cación reiterada de licitacio­nes a la oferta más costosa en al menos tres oportunidades.

Una de las situaciones más llamativas fue expuesta ayer, cuando reveló la compra de 25.000 bolsitas para ostomi­zados pediátricos, a pesar de que el IPS registra apenas 10 pacientes con esta condición. Según detalló, cada paciente requiere como máximo cua­tro unidades por semana, lo que evidencia una despro­porción significativa entre la demanda real y la canti­dad adquirida.

A esta situación se suma un elemento aún más pre­ocupante: los productos, que deberían contar con una vida útil de hasta siete años, estarían próximos a su vencimiento, lo que abre interrogantes sobre la pla­nificación, los controles y la eventual responsabilidad administrativa detrás de estas adquisiciones. Fretes adelantó que se profundiza­rán las investigaciones para determinar cómo se concre­taron estas compras y quié­nes estuvieron involucrados en las decisiones.