El Tribunal de Apela­ción, integrado por Camilo Torres, Sil­vana Luraghi y Paulino Esco­bar, ratificó la admisión de la imputación por presunto lavado de dinero contra el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Sil­vera, y otras cuatro personas. La resolución se da en el marco de la denuncia presentada por la Confederación Sudameri­cana de Fútbol (Conmebol).

Asimismo, los camaristas validaron el acta de imputa­ción contra los directivos de la entidad bancaria y confirma­ron a la Conmebol como víc­tima del hecho punible. Con esta decisión, el Juzgado de Delitos Económicos deberá admitir la querella adhesiva presentada por el abogado Claudio Lovera.

Una vez que el expediente retorne al juzgado del juez Humberto Otazú, este deberá fijar la fecha para la audien­cia de imposición de medidas cautelares. En dicha diligen­cia se determinará si Zaldí­var litigará en libertad o bajo medidas restrictivas.

Los fiscales Jorge Arce, Fran­cisco Cabrera y Verónica Val­dez basan la imputación en operaciones realizadas en 2013 por el entonces presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz. Según el acta, Leoz efectuó depósitos y constituyó fidei­comisos por USD 5.100.000, más G. 16.000 millones, sin que el banco Atlas solicitara la documentación respaldato­ria requerida. Los contratos de fideicomiso adicionales alcanzan los USD 2 millones y G. 22.000 millones.

La denuncia de la Conme­bol vincula estos fondos con el esquema de corrupción internacional conocido como FIFA Gate, basándose en publicaciones periodísticas y documentos judiciales de los Estados Unidos. Además de Zaldívar, están imputados Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martí­nez Duarte y José Miguel Páez Corvalán. El Ministe­rio Público solicitó un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo.

La auditoría interna de la previsional refleja una conclusión contundente: se dilapidaron más de G. 828 mil millones a través del contrato de fideicomiso administrado por el banco Atlas.

En los próximos días el Consejo de Admi­nistración del Insti­tuto de Previsión Social (IPS) deberá analizar y definir las acciones a tomar a raíz de dos informes conclusivos de auditoría interna y externa que han confirmado notorios hallazgos por la mala utiliza­ción de los fondos de fideico­miso gestionado por banco Atlas, financiado con recur­sos del Fondo Común de Jubi­laciones y Pensiones.

Entre los hallazgos más importantes da cuenta que G. 828.800.000.000 de estos fondos que debían destinarse a la construcción de cuatro hospitales, finalmente no se hicieron, pese a que se reali­zaron todos los pagos.

El informe final de la audito­ría interna de la previsional confirmó las graves irregu­laridades que podría impli­car hechos punibles, por la mala administración y una mala planificación en la eje­cución de los recursos. A raíz de esta grave situación, entre las inminentes acciones que impulsará el ente se encuen­tra la remoción de la entidad bancaria como responsable fiduciario.

Al respecto, el director de la Asesoría Jurídica del IPS, Dr. José González, explicó a La Nación/Nación Media que está previsto el análi­sis y la aprobación por parte del Consejo de Administra­ción, que es la máxima auto­ridad del IPS. Pero, además se ha remitido a la Dirección Jurídica para su correspon­diente análisis, si correspon­den los sumarios pertinentes a los funcionarios que estu­vieron entonces a cargo. No obstante, señaló que ya con el primer informe de auditoría externa habían presentado denuncias ante la Contralo­ría General de la República para que se expida al respecto de los hallazgos y el Ministe­rio Público, que cuenta con una carpeta fiscal abierta.

“También le hemos hecho reclamo al fiduciario de por­qué crearon la cuenta que genera interés y también hemos denunciado eso ante el Ministerio Público. Pero ahora está pendiente de la aprobación del Consejo y pendiente de nuestra emi­sión del dictamen”, indicó.

González aclaró que no podría adelantar cuál será la decisión final que adopte el Consejo; no obstante, men­cionó que entre las opciones está la remoción del ente fidu­ciario, así como la nulidad. Insistió en que ya se denun­ció ante la Fiscalía y la Con­traloría General. Explicó que son varias las acciones que se podrían desarrollar, pero en todas ellas se están reco­lectando todos los elementos que son necesarios.

Asimismo, González explicó que al estar involucrada una entidad bancaria, que el Banco Central del Paraguay, como entidad reguladora del ecosistema bancario, podría intervenir en el caso.

“También habíamos solici­tado en su momento la inter­vención del BCP. Nosotros ya hemos presentado todas las notas, hemos exigido al banco Atlas la devolución de los intereses. Caso con­trario, le hemos emplazado con advertencia de denuncia ante la Fiscalía, como ellos no cumplieron, ya denuncia­mos también ante el Ministe­rio Público. Nosotros vamos a agotar todas las instancias administrativas y jurídicas si fuera necesario, para hacer lo que se tenga que hacer”, enfa­tizó el asesor jurídico.

A su turno, la directora de la Auditoría Interna del IPS, abogada Alicia Olazar, explicó que esta segunda auditoría interna se llevó a cabo a soli­citud de la máxima autori­dad para ampliar el primer informe presentado por una consultoría externa contra­tada por la actual administra­ción del IPS. Indicó que en ese primer informe ya se habían revelado irregularidades en la ejecución del fideicomiso.

Explicó que el Consejo ins­truyó ampliar el informe de la consultoría en cuanto a la parte formal del contrato de fideicomiso en sí, para com­probar las observaciones de la auditoría externa. Mencionó que este estudio les llevó varios meses, porque debie­ron escudriñar las documen­taciones justamente para no cometer injusticias.

Señaló que al concluir el informe lograron confir­mar una gran mayoría de las observaciones de la auditoría externa, sobre todo observa­ron las falencias de carácter formal desde la planificación, la formalización y la ejecu­ción del contrato en cuanto a documentos.

Indicó que el principal hallazgo es el incumpli­miento contractual por ambas partes, tanto por parte del banco Atlas como de fun­cionarios de la administra­ción en su momento del IPS, que tenían a su cargo el con­trol de las documentaciones.

Recordó que originalmente en el año 2017, cuando se ini­ciaron los estudios para la formalización de este fidei­comiso, su objetivo era la construcción de cuatro hos­pitales que eran necesarios: Hospital Ingavi, el Hospi­tal Hemato-Oncológico, el Hospital Día y el Policlínico. Indicó que se contrató a una consultoría para que haga el estudio previo.

Explicó que esta consultoría realizó los cálculos corres­pondientes, el monto era de 828 mil millones, que tenían que ser distribuidos para la construcción de esos cuatro hospitales.

“Por el camino, mientras la proforma se fue ajustando, eran remitidos los antece­dentes al banco Atlas, volvían al IPS, se fueron ajustando. En algún momento de ese proceso se incluyó un ítem más a esas cuatro obras que decía ‘Otros establecimien­tos de salud’, generando un descalce en los recursos pre­vistos, que trajo como conse­cuencia que los cuatro hos­pitales no se terminen y se realizaron en su lugar obras de mantenimiento”, precisó.

Explicó que la Auditoría Interna solicitó información al banco Atlas, a la Super­intendencia de Bancos, a la Fiscalía; internamente tam­bién a la Gerencia de Admi­nistración y Finanzas, con el fin de determinar cuál fue el momento y a instancia de quién se incluyó, o quién soli­citó la inclusión de ese punto 5, porque en realidad esa inclu­sión fue una mala decisión.

“Buscamos la manera de armar ese rompecabezas, analizando todos los infor­mes, concluimos que ese pedido no partió del IPS. No tenemos al menos documento que respalde, que fue el IPS el que haya solicitado la inclu­sión del ítem 5. Esa proforma del contrato cuando se fue al banco para su verificación y supervisión no tenía el punto 5, pero cuando regresó del banco al IPS para la aproba­ción por parte del Consejo ya estaba incluido ese punto 5 y así se aprobó y así se firmó el contrato”, acotó.

Olazar destacó que han detec­tado que a partir de la inclu­sión de ese punto 5 dentro del contrato, que no figuraba ini­cialmente, fue cuando surgie­ron en cadena las demás falen­cias formales que generaron las diversas irregularidades.

El juez de Delitos Eco­nómicos Humberto Otazú rechazó anu­lar la imputación por lavado de dinero y, por ende, validó el proceso penal contra el presi­dente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, Enrique Vera, Celio Tunholi, Eleno Martí­nez y José Miguel Páez Cor­valán en el caso conocido como Conmebol/Leoz. Asi­mismo, se ratificó la admi­sión del acta de imputación. Otazú señalo en su resolución “no se encuentra sustento al incidente de nulidad del acta de imputación puesto que no han existido derechos ni garantías procesales ni cons­titucionales lesionadas en perjuicio del mismo, no ha existido violación al debido proceso ni al derecho a la defensa, no estando reunidos los presupuestos estableci­dos en el artículo 165 ni 166 del Código Procesal Penal.”

Ante las determinaciones adoptadas por el juez Otazú, la defensa de los imputados apeló la determinación del magistrado y el expediente tendrá que ser estudiado por los integrantes del Tri­bunal de Alzada. Una vez que se destrabe en dicha instan­cia el magistrado deberá fijar nuevamente una nueva fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares.

Los fiscales Jorge Arce, Fran­cisco Cabrera y Verónica Valdez habían presentado imputación contra nueve personas, entre ellos, direc­tivos del banco que pertenece al Grupo Zuccolillo. El juez Otazú admitió el pedido fis­cal en la causa “Miguel Ángel Zaldívar Silvera y otros s/ Lavado de dinero” y procesó a los imputados el pasado 4 de noviembre. Los directivos de Atlas debía presentarse el 20 y 21 de noviembre a la audien­cia de imposición de medidas cautelares.

La denuncia penal fue pre­sentada por el abogado Claudio Lovera en repre­sentación de la Conmebol. En la denuncia se mencio­nan publicaciones periodís­ticas, documentos de agen­cias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacio­nados con la posible comi­sión de hechos punibles de carácter económico, patri­monial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate. De acuerdo con el acta de imputación, el entonces presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, realizó en el año 2013 varios depósitos de dinero en dólares, gua­raníes y firmó contratos de fideicomisos.

Los depósitos que realizó Leoz y sobre los que el banco Atlas nunca solicitó ninguna docu­mentación fueron de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los contratos de fideicomiso de USD 2 millo­nes y G. 22.000 millones. El Ministerio Público solicitó seis meses de plazo para presentar su requerimiento conclusivo.

Frente a un caso claro de presunta complicidad financiera, el diario de la calle Yegros no solo cambia de registro: modifica el propósito. Ya no es un medio que informa, es un aparato que opera para proteger sus propios negocios.

El diario Abc Color y su grupo mediático vuelven a poner en escena una estrategia de vic­timización: tras la imputación del presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, esposo de la directora del grupo por lavado de dinero, el medio lanzó una campaña sistemática para instalar que todo se trata de una “persecución” al periódico.

Según el Ministerio Público existe sobrada evidencia de que el Banco Atlas gestionó fideicomisos en favor del exti­tular de la Conmebol Nicolás Leoz, cuando este ya tenía un alto perfil, como una orden de captura internacional y el pedido de extradición de Esta­dos Unidos por el escándalo del FIFA-Gate.

El problema no es la cober­tura periodística, sino que el medio busca tener influen­cia mediante presión mediá­tica, desviando el foco de la defensa jurídica para instalar un relato de acoso y de cerco contra la prensa, además de rebajar el trabajo que realizan los fiscales del caso. Los agen­tes Francisco Cabrera, Jorge Arce y Verónica Valdez están al frente de esta causa y ya son objeto de cuestionamientos a su labor.

Para los fiscales, cuando se examinan los hechos con­cretos, el banco aprobó dos fideicomisos el 11 de febrero de 2016 pese a que Leoz ya era considerado de alto riesgo; el monto investigado supera los 5 millones de dólares en efec­tivo y fideicomisos por USD 2 millones más G. 22.000 millo­nes entre 2013 y 2016.

Es aquí donde la estrategia mediática adquiere dimen­sión corporativa: en lugar de presentar argumentos sólidos para desvirtuar la acusación, el diario del Grupo Zuccolillo multiplicó las tapas, notas de “hostigamiento”, notas “neu­trales” con dirigentes oposito­res de línea cercana al medio y denuncias de que los organis­mos judiciales actúan como brazo del poder político.

Este recurso es tan viejo como el citado medio: el grupo edito­rial que dirige Natalia Zuccoli­llo ya empleó este juego de ser la “víctima” mediática cuando sus intereses económicos se ven cuestionados por institu­ciones del Estado.

En ejemplos recientes, el dia­rio Abc Color demostró que no tiene escrúpulos para transfor­mar una falla o un aspecto al margen de la ley que involucre a alguna empresa integrante de su conglomerado para transformarse en perseguido. Ocurrió con el fideicomiso de Atlas con el IPS, luego de que una auditoría externa del ente revelara que el banco del Grupo Zuccolillo y la anterior admi­nistración de la previsional usaron fondos de un contrato fiduciario para operaciones contrarias a las aprobadas por el Consejo de Administración. Según esta auditoría debían construirse cuatro hospitales y solo se construyeron dos, entre ellos, el Hemato-oncológico; lo cierto es que mediante la libera­ción de los fondos por parte de la entidad bancaria más de G. 828 mil millones se despilfarraron.

Otro caso sonado de defensa corporativa, pese a serias defi­ciencias, fue el de las cade­nas de minimercados Biggie, cuando el cierre temporal le fue atribuido directamente al Gobierno de Peña y no a una severa falla en el control de los productos vencidos que se comercializan en el local, lo que ponía en riesgo la salud de los consumidores.

Todo esto lleva a reflexiones sobre este tipo de ejercicio de la prensa libre: la libertad de prensa es un pilar esencial de la democracia, pero su enun­ciación se debilita cuando se usa como escudo corporativo, como ocurre en este caso. Cuando la ética periodística se convierte en defensa de intereses priva­dos que son extraños al bien público, el periodismo deja de ser contrapoder para pasar a constituirse en instrumento de presión.