Los aportes obrero-patronal del fondo de salud se depositan primero en cuentas gestionadas por el banco por 30 días. En ese lapso, el banco separa una reserva de hasta G. 160.000 millones y luego el resto vuelve a la previsional para su uso.

Un contrato de carác­ter leonino firmado entre el Instituto de Previsión Social y el banco Atlas en 2017 está hoy bajo la lupa por los millonarios beneficios que genera para la entidad financiera vincu­lada a la familia Zuccolillo. El acuerdo con Atlas tiene un plazo de vigencia de 30 años y aparecen serias dudas sobre el correcto manejo de los fon­dos. El acuerdo se realizó mediante la figura del fidei­comiso. En términos simples, se trata de un contrato en el que una institución entrega dinero a un banco para que lo administre y lo utilice con un objetivo específico.

En este caso, el objetivo era financiar la construcción de cuatro hospitales: el hos­pital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día y el Centro Hemato-Oncológico. Para esas obras se fijó un fondo de 828 mil millones de gua­raníes. Pero en la práctica el funcionamiento del con­trato generó un esquema que otorga un enorme beneficio para el banco Atlas, ya que concentra mes a mes millo­nes de dólares del aporte de los asegurados de IPS.

Cada mes, el IPS recibe apor­tes de trabajadores y emplea­dores para el fondo de salud. Según el contrato, el 100 % de ese dinero se depo­sita primero en las cuentas administradas por el banco durante 30 días. Durante ese tiempo, el banco debe sepa­rar una reserva mínima de hasta G. 160.000 millones. Recién después de ese pro­ceso, el resto del dinero vuelve al IPS para ser utili­zado. En pocas palabras, el banco actúa como una espe­cie de aduana financiera. El dinero entra primero allí, se retiene una parte y luego se libera lo restante.

El contrato del IPS otorga grandes ventajas al banco Atlas porque el plazo de este acuerdo es de nada más y nada menos que de 30 años; es decir, durante ese período cada mes el banco retiene en sus cuentas sumas muy gran­des de dinero provenientes de los aportes de los asegura­dos. Eso significa que la enti­dad financiera dispone de una enorme liquidez, y que puede utilizar dentro de sus opera­ciones habituales, sin asumir riesgos con su propio capital.

En el acuerdo firmado en el año 2017 y que sigue vigente, se fijó que los gastos de admi­nistración del contrato no los paga el banco Atlas. Es así que los honorarios profesionales, auditorías, impuestos o gas­tos legales se cubren con el propio dinero del IPS o con los fondos administrados en esa cuenta especial. Con esto el banco de los Zuccolillo no gasta ni arriesga su capital.

El principal problema de este contrato leonino es que los aportes de los trabajadores quedan retenidos cada mes en el banco, mientras los hos­pitales y servicios que debían construirse con ese dinero todavía siguen inconclusos o demorados.

Los actuales administrado­res del IPS realizaron audi­torías internas y externas por este contrato con Atlas, que derivaron en cuatro denun­cias penales por las irregu­laridades detectadas en su manejo. Uno de los infor­mes reveló que solo el 26 % del dinero de este pacto con Atlas se utilizó para los pro­yectos originales, que eran los cuatro hospitales, mien­tras que el 74 % restante se destinó a obras o refacciones no previstas inicialmente. Para poder hacer esta juga­rreta, se hizo una pequeña pero decisiva modificación al contrato para incluir un punto llamado “otros centros de salud” y así se comenzó a desviar la plata.

Pero lo más grave de todo es que algunos de estos supues­tos trabajos para obras no pre­vistas inicialmente no se eje­cutaron; lo que a simple vista demuestra que se desviaron millones a obras fantasmas.

Como consecuencia, dos hos­pitales no se terminaron en tiempo y forma. El Hospital Día tuvo un avance mínimo y el Centro Hemato-Oncoló­gico ni siquiera comenzó con esos fondos, lo que obligó a las actuales autoridades del IPS a buscar después recursos pro­pios para continuar las obras, que se esperan que terminen recién este año.

Un contrato que debía finan­ciar hospitales, pero que hoy plantea una pregunta cen­tral: ¿quién terminó bene­ficiándose realmente del dinero destinado a la salud de los asegurados?