Los interventores a los que recurrió el propio extitular del MOPC le dieron su parecer técnico: “Debe darse continuidad al proyecto”. El daño patrimonial ronda los G. 15 mil millones.

Tras la imputación del exministro de Obras Públicas de Mario Abdo Benítez y actual aspi­rante a la presidencia de la República, Arnoldo Wiens, quedó en evidencia su revan­chismo político al truncar un proyecto de obra que benefi­ciaría a la ciudadanía, pero priorizó la revancha y el ata­que hacia adversarios políti­cos, sin tener en considera­ción los aspectos técnicos. El proyecto fue iniciado en el periodo de gobierno de Hora­cio Cartes, con el entonces ministro de Obras, Ramón Jiménez Gaona.

Wiens fue imputado por la presunta comisión de hecho punible de lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo, por los fiscales Natalhia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Gri­seti. La suspensión del pro­yecto y de las obras del metro­bús ocasionó un supuesto perjuicio de más de G. 14.000 millones en el año 2018.

El entonces ministro Wiens debía llevar adelante el pro­yecto ya iniciado en el periodo anterior, el mismo, a través de la Resolución n.º 1501/18, de fecha 5 de setiembre de 2018, conformó un equipo interven­tor del Proyecto RU/BTR que llevó adelante un análisis téc­nico y financiero sobre la situa­ción de la obra, lo que duró nueve meses. Esta medida paralizó la ejecución de las obras. Al concluir este análi­sis, el informe fue claro: que las obras deberían continuar, pese a ello se dispuso la destrucción de una parte sustancial de la obra que ya estaba siendo eje­cutada, esto haciendo pasar por alto el informe positivo y sin tener en cuenta los informes previos de la Contraloría Gene­ral de la República, de acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público. La obra destruida correspondía a las estaciones 19 al 24 del tramo 3 del corredor central sobre la ruta PY02.

De acuerdo con los infor­mes que se incluyeron en la investigación, el 23 de octu­bre de 2023, meses después de asumir el cargo en el MOPC, Wiens había suscrito con la firma Mota-Engil un acta de entendimiento, donde acor­daron suspender las obras de los tramos 2 y 3 del Pro­yecto BTR (Bus de Tránsito Rápido) (…) y marcarían el inicio de la destrucción de las obras realizadas en el marco del proyecto del metrobús”. “Posteriormente, el 1 de abril de 2020, el mismo Arnoldo Wiens Dürksen habría orde­nado la destrucción parcial de otras obras –específicamente seis estaciones de autobús– construidas por la empresa Mota-Engil, en cumplimiento al Contrato S.G. n.º 100/2016; la destrucción habría cul­minado en el mes de mayo de 2020” agrega la descrip­ción fiscal de los hechos que se imputan, puntualizando que el proyecto registrado en ese momento “un avance físico real del 40 % aproxima­damente”. Luego de la inti­mación del 23 de octubre de 2018 a Mota-Engil por parte del interventor Sixto Morí­nigo, junto con el ingeniero de obras Eligio Pappalardo, quienes alegaron que no exis­tían causales para la suspen­sión de las obras, que el con­tratista había notificado por falta de liberación de áreas y conflictos con frentistas. En esa misma fecha, el minis­tro Wiens suscribió un acta de entendimiento con la empresa para oficializar la suspensión del metrobús, pero también ordenó nuevas obras que no estaban inclui­das en el contrato original, lo que la Fiscalía señaló que no correspondían al objetivo original del Proyecto BTR-Me­trobús, apartándose de lo esta­blecido en el contrato.

La construcción de esas esta­ciones, estaciones 19 al 24 del tramo 3 del corredor central sobre la ruta PY02, represen­taban una inversión estatal de G. 6.924.624.006. A esa cifra se sumó luego un nuevo des­embolso de G. 8.030.693.029 destinado a obras de rehabili­tación del tránsito mediante intervenciones no contem­pladas en el contrato original, incorporadas a través del Acta de Entendimiento n.º 2.

Lo que significa que prime­ramente se pagó por la cons­trucción de la infraestruc­tura del proyecto metrobús y luego por modificarla para un uso distinto. En ambas sumas, la demolición y el costo de las obras sustitu­tivas, la Fiscalía señala que constituyeron el monto base del perjuicio patrimonial de más de G. 14.000 millones, que se atribuyen a la decisión tomada por Wiens al frente del MOPC y el afán de des­truir una obra iniciada por otra gestión de gobierno.