El Ministerio Público pidió el sobresei­miento definitivo del exministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona en este caso por no existir elementos que lleven a suponer que hubo perjuicio patrimonial. Los fis­cales del caso concluyeron que no hubo malversación, que no hubo pago sin obra, además de la existencia de 40 % de avance, así como la validación por fis­calizadores internacionales y el BID, y de que existía viabili­dad técnica.

De acuerdo al requerimiento de sobreseimiento de parte de los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Gri­setti, terminada la etapa de investigación, fue establecer si Jiménez Gaona había cau­sado un perjuicio patrimonial al Estado. La evidencia física y documental señala que existe correspondencia entre las obras realizadas y certifica­das y los pagos realizados.

Es decir, durante su periodo de gestión se pagó por lo efecti­vamente construido y certifi­cado. En lo referido a los pagos por infraestructura esto fue validado por consorcios internacionales que inter­vinieron como fiscalizadores y por el propio Banco Intera­mericano de Desarrollo (BID), según destaca el documento de los fiscales. Asimismo, la Fis­calía señala que es imperativo distinguir entre un proyecto inconcluso y un perjuicio penal.

De acuerdo al Ministe­rio Público, la administración de Jiménez Gaona –que con­cluyó en agosto 2018– entregó una obra con un avance del 40 % aproximadamente según el informe pericial de la firma internacional Conexig LLC, plenamente funcional y útil dentro de su etapa cronoló­gica, respaldada además por un sólido esquema de garan­tías (pólizas de seguro y fiel cumplimiento).

No existe una sola prueba técnica del ámbito privado y público que indiquen que las obras ejecutadas valieran menos de lo que fue pagado, de tal manera a permitir hablar de un perjuicio. Desde otra pers­pectiva, tampoco ha podido establecerse que los fondos del proyecto hayan sido malver­sados o utilizados para otros fines; por el contrario, se ha podido verificar que no se han afectado a obras públicas, sino que todos ellos fueron utiliza­dos en los fines del proyecto.

Además, se ha descartado la hipótesis inicial de la supuesta inviabilidad del proyecto; desde el punto de vista téc­nico, no se han encontrado suficientes elementos de jui­cio que permitan sostener razonablemente que la obra era inviable desde su inicio.

Asimismo, se descarta la supuesta “falta de utilidad” de lo construido; es decir, la no culminación es conse­cuencia de una decisión de no continuar con la obra y de demolerla, adoptada con posterioridad a la adminis­tración de Jiménez Gaona; la obra no quedó inconclusa por una inviabilidad técnica, sino por una decisión posterior a la administración del extitular del MOPC.

Tarek Tuma, abogado del exministro de Obras Públi­cas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, sos­tuvo que el pedido fiscal de sobreseimiento definitivo para su cliente expone que el Metrobús era un proyecto viable y que debió ser ejecu­tado en varios periodos pre­sidenciales.

“Finalmente el Ministerio Público, después de un aná­lisis exhaustivo y de varias pericias con sus ampliacio­nes, entendió lo que venimos sosteniendo hace 10 años, que el Metrobús era un proyecto viable, que en la adminis­tración del doctor Jiménez Gaona, se llevó a cabalidad, hasta un punto donde ter­minó su mandato y se entregó al siguiente”, indicó a La Nación/Nación Media.

El pedido de sobreseimiento definitivo de Jiménez Gaona fue realizado por los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti. Tuma calificó el pedido de sobresei­miento definitivo como “un acto de madurez” por parte de la Fiscalía.

“Es lo que no solamente corresponde hoy, correspondía hace mucho tiempo. A título personal estoy muy contento ya que el caso se investigó exhaustiva y pro­fundamente y finalmente lle­garon a esta conclusión”, dijo.

El acta de imputación fiscal contra Arnoldo Wiens refiere que este, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del 2018, tenía la obli­gación de resguardar el patri­monio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicado a la firma portuguesa Mota Engil.

“Ramón Jiménez Gaona reci­bió un mandato del Congreso paraguayo a través de una ley donde se le ordenó llevar ade­lante este proyecto.