El abogado Emilio Fus­ter, quien se desempe­ñaba como defensor de Arnaldo Giuzzio –acusado por cohecho pasivo tras reci­bir presuntamente favores de un narcotraficante–, renun­ció a la representación del procesado. Con esta acción, se habría puesto en marcha una maniobra dilatoria para sus­pender el inicio del juicio oral y público contra el exhombre fuerte del gobierno de Mario Abdo Benítez.Mediante un escueto escrito presentado ante la Secretaría de la Pre­sidencia del Tribunal de Sentencia, a cargo de la jueza Adriana Planas, Fuster comu­nicó formalmente su renun­cia. El hecho fue interpretado como una “chicana” o acto dilatorio, atribuible tanto al abogado como al acusado, con el objetivo de postergar el inicio de la audiencia oral y pública.

Giuzzio está acusado de cohe­cho pasivo agravado por reci­bir presuntamente favores del narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Mar­qués de Padua. El agravante radica en que, al momento de los hechos, Giuzzio ocupaba un alto cargo en el gobierno de Mario Abdo Benítez, pri­mero como ministro de la Secretaría Nacional Antidro­gas (Senad) y posteriormente como ministro del Interior, instituciones claves en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Si bien el proceso penal se centra en el vínculo con Espíndola Marqués, tam­bién existen sospechas de que habría mantenido comuni­caciones de carácter amis­toso con el narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado.

En este último caso, el Minis­terio Público aguarda infor­mes sobre llamadas y men­sajes provenientes de Brasil, a fin de determinar si efecti­vamente existió dicha rela­ción, lo que podría agravar aún más la situación judicial del exministro.

El capo brasileño Mar­cus Vinicius, actualmente recluido en Brasil, es seña­lado –junto con Lindomar Reges Furtado– como uno de los integrantes de una organización criminal. De acuerdo con las investiga­ciones, Giuzzio habría man­tenido contacto con ambos mientras ejercía un cargo clave dentro del Gobierno.