Esta semana la Cámara de Diputados dará entrada y posible­mente tratará el proyecto de ley de reforma de la Caja Fis­cal, el esquema previsional de la administración pública que se encuentra en saldo rojo.

Las autoridades económi­cas sostienen que hay dos aspectos que son claves para lograr su sostenibilidad: edad mínima y mayores aportes. Hoy, la situación financiera de la caja es crítica; ya que desde 2028, la Caja Fiscal dejará de sostenerse con sus propios recursos y pasará a depender íntegramente de los aportes corrientes y de trans­ferencias del Tesoro.

El punto de quiebre está fijado en 2027, cuando se agotará el fondo de reserva del Programa Civil. A par­tir de allí, el sistema ope­rará con déficit corriente: entre 2027 y 2031 se pro­yecta un rojo promedio de USD 796 millones por año, que acumulará USD 3.982 millones en ese quinquenio, una cifra que es aún más nefasta al considerar que de no hacerse la reforma esos fondos se cubrirán con impuestos o recursos del Tesoro.

La reforma que plantea la administración del presi­dente Santiago Peña señala que el escenario puede cam­biar de forma significativa con ajustes paramétricos, como la introducción de una edad mínima de 57 años, el aumento del aporte al 22 % (19 % el aportante y 3 % el Estado) y el cálculo del haber sobre los últimos 5 años per­mitirían reducir el déficit en 61,6 %, bajando ese rojo pro­yectado a USD 306 millones en el mismo periodo y gene­rando un ahorro anual para el Tesoro de USD 573 millo­nes.Según datos del Minis­terio de Economía y Finan­zas (MEF) el déficit actual acumulado de la Caja es de 13.313 millones de dólares (Programa Civil) y 18.663 millones de dólares, en total, si se incluye a las fuerzas públicas.

La Cámara de Diputados sesionará el próximo jueves de manera extraordinaria para tratar este proyecto de ley clave.

Se desconoce si finalmente se estudiará ese día o si remitirá a comisiones para sus res­pectivos dictámenes, aun­que también el pleno podría declararse en comisión.

Un sector de los legislado­res de la oposición pidió más tiempo para el debate, mien­tras que otras bancadas con­sideran que el proyecto debe ser estudiado ya debido a la urgencia de cortar la sangría financiera que provoca la caja.

La principal discusión gira en torno a la edad mínima, un aspecto que es innegociable –aunque por distintos funda­mentos– tanto para autorida­des económicas como para el sector docente.

El ministro de Educación y Ciencias, Luis F. Ramírez, recalcó que esta reforma antes que perjudicar al docente le favorece. “Yo creo que hoy hay más puntos de acuerdo que en desacuerdo. No es que esta ley vaya en contra del maestro, va a favor del maestro, y eso entendemos todos; porque si no se reforma, el maestro en tres años más no cobrará más su jubilación”, señaló el secretario, quien también fue consultado estos días si el tratamiento en la Cámara Baja el próximo jueves 5 de febrero no era un proceso a las apuradas.

“Se hicieron dieciocho audiencias públicas. Yo no sé si eso es tambor batiente o si eso es algo que no se abrió circuito y espacio para el diálogo. Todas las mesas técnicas que se pidieron se hicieron y se siguen haciendo”, destacó el secre­tario de Estado.

Según cálculos actuariales realizados por técnicos del Ministe­rio de Economía y Finanzas (MEF), para que la Caja Fiscal pueda sostenerse sin provocar una sangría financiera que requiera el socorro de los recursos del Tesoro se requieren cinco (5) aportantes activos por cada pasivo (por cada jubilado). Sin embargo, hoy el desfasaje es grande.

Al cierre del año 2023 se registraban tres afiliados activos por cada pasivo; pero esto tiende a agravarse en varios regímenes ya que la relación baja a poco más de dos. La esperanza de vida al jubilarse alcanza 19 años para los hombres y 21,4 años para las mujeres, lo que aumenta la duración de los pagos de pensiones.

Desde el Ministerio de Economía no hay dudas que para equilibrar los números hay que eliminar años de jubilación diferenciados. La gerente de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía y Finan­zas (MEF), Liz Coronel, explicó que la principal medida para equi­librar la Caja Fiscal pasa necesariamente por establecer una edad mínima de jubilación.

El proyecto de ley de reforma presentado por el Gobierno establece que esta edad sea entre 57 y 62 años. Coronel explicó que “en la Caja Fiscal están cotizando 83.000 docentes. Y lo que pasa es que ellos se jubilan temprano y luego van a trabajar al sec­tor privado”, señaló a la 730 AM. Recordó que los educadores del sec­tor privado están en el régimen general, y para acceder al beneficio tienen que tener 60 años de edad y 25 años de aportes, aunque tam­bién pueden acceder a la jubilación extraordinaria.

En la Policía Nacio­nal también hay agentes que se jubilan a los 31 años, por lo que insistió en que necesariamente se tiene que modificar la edad para ser bene­ficiario dentro de la Caja Fiscal. “Esa es una condición innegociable. Tenemos que poder meter esa edad mínima”, afirmó.