El presidente de Dipu­tados, Raúl Latorre, brindó su parecer tras culminar la audiencia pública ayer, para analizar la reforma de la Caja Fiscal. Destacó la alta participación con más de 150 ciudadanos representan­tes de los diferentes sectores afectados, así como del Eje­cutivo, que escucharon las inquietudes y respondieron a los cuestionamientos.

El legislador señaló que el objetivo fue escuchar las diferentes visiones con la esperanza de llegar a un acuerdo o al menos encami­nar hacia eso, de tal modo que los parlamentarios cuenten con los insumos necesarios para tomar una decisión al momento que sea analizado en el plenario, el próximo jue­ves 5 de febrero, durante la sesión extraordinaria convo­cada por la Permanente.

De la audiencia participa­ron también los diputados de varias bancadas, repre­sentantes del Ministerio de Economía encabezado por el propio ministro Carlos Fer­nández Valdovinos; además de algunos economistas y exministros de Hacienda.

“Creo que el proyecto tiene que ser modificado, es una posición que asumí, ahora la pregunta es cuáles son las modificaciones que tienen que plantearse y esa es una cuestión cuyo debate sigue sobre la mesa. Solicitamos a los representantes del Ejecu­tivo, en la persona, al minis­tro de Economía, como a los representantes de los gre­mios, a los colegas, que sigan este proceso de diálogo y de escucha activa que se está realizando”, precisó.

El titular de la Cámara Baja declaró que la potestad de postergar o no la tendrá el plenario el próximo jueves, durante la sesión extraordi­naria. “La convocatoria está hecha, la hizo la Comisión Permanente en base a sus atribuciones constituciona­les. Ahora, la postergación, la aprobación o en qué condicio­nes va a ser aprobado este pro­yecto ya es una atribución del colegiado”, remarcó.

Respecto a la negociación que está abierta sobre el topeo de la edad cumplida para la jubilación es un asunto que continúa en debate. Indicó que, sin intención de hablar por la totalidad del cuerpo colegiado, al menos maneja la información de que una gran mayoría de sus colegas desea llegar a un acuerdo, de fijar algún punto intermedio.

“Se busca un acuerdo entre el sector técnico que está planteando la situación y el sector afectado. Hay que saber escuchar y no cansarse de escuchar y de dialogar”, remarcó.

Raúl Latorre se refirió a las declaraciones que realizó su colega Mauricio Espínola, quien acusó al vicepresidente Pedro Alliana de estar supuestamente presionando al oficialismo para que se apruebe este proyecto de reforma.

Sobre el punto, Latorre fue enfático en asegurar que no recibió ninguna presión por parte del Ejecutivo para que este tema sea aprobado en la brevedad.

“Francamente no escuché sus declaraciones, pero a mí no me presionó el vicepresidente. Las conversaciones son permanen­tes. Entre los colegas y los gremios afectados; el Ejecutivo, con los gremios afectados, los colegas y el Ejecutivo. Creo que hay un intenso flujo de conversaciones que se están dando y nuestro espíritu es que continúe”, concluyó.

“No vamos a iniciar las clases. Les vamos a dar batalla, va a tener un costo. No es una amenaza, pero es una advertencia”, expresó el dirigente gremial Silvio Piris.

Durante la audiencia pública realizada en la Cámara de Diputados sobre la reforma de la Caja Fiscal, el gremio docente encabezado por Sil­vio Piris amenazó con no ini­ciar las clases el próximo 23 de febrero, si el proyecto de ley “que establece medidas para la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público”, es apro­bado el jueves 5 de febrero, en sesión extraordinaria.

El presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, lanzó la amenaza a los parlamenta­rios: “Ustedes creen que nos vamos a quedar con los brazos cruzados si atropellan esto, primero en Diputados y des­pués en el Senado. Igual no vamos a iniciar las clases, les vamos a dar batalla, va tener un costo. No es una amenaza, pero es una advertencia”.

En principio, los gremios edu­cativos hablaban de realizar movilizaciones, principal­mente el jueves 5 de febrero, fecha en la cual fue convocada una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para dar el primer trámite legisla­tivo al proyecto de reforma, ahora amenazan con para­lizar el inicio de clases. “En una semana, ustedes tienen en sus manos la vida de miles de colegas”, dijo Piris.

El sector docente es el prin­cipal detractor de la reforma de la Caja Fiscal, exigiendo que el Estado aporte 14 %, mientras que el proyecto del Ejecutivo plantea 3 % para la caja de jubilaciones del sector público. También se mostra­ron en contra de aumentar los años (edad) para la jubilación.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovi­nos, afirmó antes del inicio de esta audiencia pública que elevar el aporte del Estado al 14 % representará un monto aproximado de USD 560 millones, un monto que no será posible para las arcas del Estado. Pese a esto, el gre­mio docente insiste en modi­ficaciones inviables y que a la larga tendrían la misma con­secuencia de la normativa actual, llegar a un déficit de la caja jubilatoria.