El presidente del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), José Duarte Penayo, defendió la gestión y la transparencia de la institución, después que algunos sectores liberales reclamaran su destitución debido a sus consideraciones sobre el autoritarismo en la historia paraguaya, por señalar que la violación de los derechos humanos también se dio durante gobiernos liberales anteriores a la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

“Yo supongo que detrás de esto puede haber una falta, en primer lugar, de agenda política de un partido sumamente disminuido en su protagonismo”, expresó Duarte, en una entrevista con “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

<“En primer término, no busco ponerme en el centro de la importancia de la política. El Partido Liberal Radical Auténtico me parece que hoy carece de cualquier tema o iniciativa propia para plantear y para generar interés en la ciudadanía, y se agarra de cualquier trending topic de X para plantear su agenda política”.

“En segundo término, sí, hay que decir y hay que recordar que, en el gobierno de Fernando Lugo, el Partido Liberal tuvo un proyecto muy claro, bien documentado de cerrar la Aneaes, en el marco de la flexibilización de la educación superior, iniciada ya por el vocero del mismo proyecto, quien eliminó el dictamen técnico del entonces Consejo de Universidades para la creación y generó la mayor expansión descontrolada de instituciones de educación superior, sin criterios de calidad”.

El sociólogo y doctor en filosofía relató el escenario que tuvo la institución hace más de una década. Consultado sobre los artífices y las consecuencias de aquel intento de cerrar la Aneaes, Duarte comentó: “Bueno, el entonces ministro de Educación era Víctor Ríos, pero el brazo ejecutor real de dicha maniobra era su viceministro de Educación Superior, Francisco Jiménez, y diferentes actores que estaban gravitando y querían volver a la Aneaes, una dependencia del MEC, para apropiarse de su capacidad regulatoria con fines políticos y destruir una institución que nació para ser autónoma”.