El paso de Arnaldo Giuzzio como minis­tro de la Secretaría Antidrogas y de Interior estuvo marcado por irregularidades que propiciaron no solo un deterioro moral de esas funciones sino la apro­ximación del esquema del narcotráfico a la gestión del Estado.

La supresión de los controles antidrogas en los puertos, la camioneta que prestó de un capo narco brasileño, o el uso de equipos de inteligencia de la Senad reflejan su nefasto paso por el Gobierno.

Fue nombrado ministro de la Senad el 16 de agosto de 2018 por Mario Abdo Bení­tez y designado ministro del Interior el 22 de enero de 2021 (del que fue des­tituido el 22 de febrero de 2022 por sus vínculos nar­cos). Giuzzio acumuló en estas dos carteras estatales y durante todo el gobierno anterior un historial sos­pechoso por sus relaciones cercanas con el mundo del tráfico de drogas.

En mayo de 2020 por Reso­lución n.º 142, el entonces zar antidrogas dispuso el cierre permanente de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), encargada de las fiscalizaciones en los puer­tos privados y del control del tránsito fluvial. Con la supresión de estos contro­les los envíos de drogas eran cada vez mayores: entre 2020 y 2022 más de 46.500 kilos fueron incautados en puertos europeos, por un valor de 5.650 millones de dólares.

Asimismo, el exhombre fuerte del gobierno anterior tenía consigo equipos de inteligencia de la Senad. Los entregó a un agente espe­cial de la Senad, quien de acuerdo con una acusación del fiscal Deny Yoon Pak, sería el que filtraba infor­mación al narco Miguel Ins­frán, alias Tío Rico, respecto a los operativos de la Senad. La evidencia se sustenta en mensajes entre Tío Rico y el también narco Sebastián Marset, donde Insfrán se jacta de su nexo en la Senad y de su amistad con “los de arriba” para evadir los ope­rativos antidrogas.

En la cartera de Interior también continuaron los hechos irregulares. Giuzzio utilizó para vacacionar en Brasil una camioneta de la marca Kia, registrada a nombre de la firma Ombu SA propiedad de Marcus Vini­cius Espíndola Marqués de Padua, narcotraficante dete­nido en Brasil y quien habría sido el principal objetivo del operativo Turf realizado en el Paraná Country Club.

Giuzzio quiso explicar que alquiló la camioneta y que no había una huella narco sobre Marcus Vinicius. Sin embargo, Gilberto Enciso, gerente de Ombu, desmintió al minis­tro sobre el arrendamiento y señaló que fue prestado sin costo alguno.

Marqués de Padua también aparece en fotografías con Giuzzio ya que pretendía con­vertirse en proveedor de blinda­dos y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Poli­cía. Este vínculo podría arrojar conclusiones sobre la negligente labor de la Senad en el operativo que permitió la fuga de Lindo­mar Reges Furtado (hoy dete­nido en Brasil). Tras la difusión de este caso, Giuzzio fue desti­tuido del Ministerio del Interior el 22 de febrero de 2022.

A pesar de esta profusa sos­pecha con altos exponentes del tráfico de drogas, consi­derados incluso como capos, Giuzzio hasta ahora solo fue imputado por cohecho pasivo. En agosto de 2022, los fiscales Diego Arzamen­dia y Jorge Arce acusaron a Giuzzio y solicitaron jui­cio oral por cohecho pasivo agravado en el marco de la causa judicial que indaga sus vínculos con Vinicius.

La Fiscalía paraguaya había solicitado el cruce de mensajes entre Giuzzio y Lindomar Reges Furtado.

• HOY.COM.PY

La Fiscalía había solicitado al Tribunal de Sentencia que se requiera un informe a la Poli­cía Federal del Brasil sobre los supuestos vínculos con el nar­cotráfico del brasileño Lindomar Reges Furtado, dete­nido hace un año en Río de Janeiro, en el marco del jui­cio oral y público que se ini­ciará el próximo mes contra el exministro abdista Arnaldo Giuzzio.

El pedido fiscal apunta a incor­porar como prueba los datos extraídos del teléfono celular de Lindomar, quien forma­ría parte del entorno del pre­sunto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. De ser admitida, esta evidencia podría resultar clave para ampliar la causa y even­tualmente incorporar el delito de narcotráfico, ya que actual­mente Arnaldo Giuzzio está acusado por supuesto cohecho pasivo agravado (coima).

El juicio oral y público por esta causa fue fijado para el miérco­les 18 y jueves 19 de febrero de 2026, a las 8:30, luego de que la Cámara de Apelaciones rechazara el último recurso presentado por la defensa del exsecretario de Estado. El juz­gamiento estará a cargo del Tribunal de Sentencia Espe­cializado en Delitos Econó­micos, presidido por la jueza Adriana Planás Bajac e inte­grado por Ubaldo Matías Garcete y Yolanda Morel de Ramírez. Ante estos mismos jueces, el fiscal Jorge Arce había solicitado en marzo de 2025 que se incorpore como prueba la desgrabación de los celulares de Lindomar Reges Furtado, quien fue captu­rado en enero de 2025 en un condominio de lujo del barrio Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro.

Lindomar había logrado fugarse en febrero de 2022 durante el fallido operativo de la Fiscalía y la Senad en el Paraná Country Club, en Alto Paraná.