La auditoría interna de la previsional refleja una conclusión contundente: se dilapidaron más de G. 828 mil millones a través del contrato de fideicomiso administrado por el banco Atlas.

En los próximos días el Consejo de Admi­nistración del Insti­tuto de Previsión Social (IPS) deberá analizar y definir las acciones a tomar a raíz de dos informes conclusivos de auditoría interna y externa que han confirmado notorios hallazgos por la mala utiliza­ción de los fondos de fideico­miso gestionado por banco Atlas, financiado con recur­sos del Fondo Común de Jubi­laciones y Pensiones.

Entre los hallazgos más importantes da cuenta que G. 828.800.000.000 de estos fondos que debían destinarse a la construcción de cuatro hospitales, finalmente no se hicieron, pese a que se reali­zaron todos los pagos.

El informe final de la audito­ría interna de la previsional confirmó las graves irregu­laridades que podría impli­car hechos punibles, por la mala administración y una mala planificación en la eje­cución de los recursos. A raíz de esta grave situación, entre las inminentes acciones que impulsará el ente se encuen­tra la remoción de la entidad bancaria como responsable fiduciario.

Al respecto, el director de la Asesoría Jurídica del IPS, Dr. José González, explicó a La Nación/Nación Media que está previsto el análi­sis y la aprobación por parte del Consejo de Administra­ción, que es la máxima auto­ridad del IPS. Pero, además se ha remitido a la Dirección Jurídica para su correspon­diente análisis, si correspon­den los sumarios pertinentes a los funcionarios que estu­vieron entonces a cargo. No obstante, señaló que ya con el primer informe de auditoría externa habían presentado denuncias ante la Contralo­ría General de la República para que se expida al respecto de los hallazgos y el Ministe­rio Público, que cuenta con una carpeta fiscal abierta.

“También le hemos hecho reclamo al fiduciario de por­qué crearon la cuenta que genera interés y también hemos denunciado eso ante el Ministerio Público. Pero ahora está pendiente de la aprobación del Consejo y pendiente de nuestra emi­sión del dictamen”, indicó.

González aclaró que no podría adelantar cuál será la decisión final que adopte el Consejo; no obstante, men­cionó que entre las opciones está la remoción del ente fidu­ciario, así como la nulidad. Insistió en que ya se denun­ció ante la Fiscalía y la Con­traloría General. Explicó que son varias las acciones que se podrían desarrollar, pero en todas ellas se están reco­lectando todos los elementos que son necesarios.

Asimismo, González explicó que al estar involucrada una entidad bancaria, que el Banco Central del Paraguay, como entidad reguladora del ecosistema bancario, podría intervenir en el caso.

“También habíamos solici­tado en su momento la inter­vención del BCP. Nosotros ya hemos presentado todas las notas, hemos exigido al banco Atlas la devolución de los intereses. Caso con­trario, le hemos emplazado con advertencia de denuncia ante la Fiscalía, como ellos no cumplieron, ya denuncia­mos también ante el Ministe­rio Público. Nosotros vamos a agotar todas las instancias administrativas y jurídicas si fuera necesario, para hacer lo que se tenga que hacer”, enfa­tizó el asesor jurídico.

A su turno, la directora de la Auditoría Interna del IPS, abogada Alicia Olazar, explicó que esta segunda auditoría interna se llevó a cabo a soli­citud de la máxima autori­dad para ampliar el primer informe presentado por una consultoría externa contra­tada por la actual administra­ción del IPS. Indicó que en ese primer informe ya se habían revelado irregularidades en la ejecución del fideicomiso.

Explicó que el Consejo ins­truyó ampliar el informe de la consultoría en cuanto a la parte formal del contrato de fideicomiso en sí, para com­probar las observaciones de la auditoría externa. Mencionó que este estudio les llevó varios meses, porque debie­ron escudriñar las documen­taciones justamente para no cometer injusticias.

Señaló que al concluir el informe lograron confir­mar una gran mayoría de las observaciones de la auditoría externa, sobre todo observa­ron las falencias de carácter formal desde la planificación, la formalización y la ejecu­ción del contrato en cuanto a documentos.

Indicó que el principal hallazgo es el incumpli­miento contractual por ambas partes, tanto por parte del banco Atlas como de fun­cionarios de la administra­ción en su momento del IPS, que tenían a su cargo el con­trol de las documentaciones.

Recordó que originalmente en el año 2017, cuando se ini­ciaron los estudios para la formalización de este fidei­comiso, su objetivo era la construcción de cuatro hos­pitales que eran necesarios: Hospital Ingavi, el Hospi­tal Hemato-Oncológico, el Hospital Día y el Policlínico. Indicó que se contrató a una consultoría para que haga el estudio previo.

Explicó que esta consultoría realizó los cálculos corres­pondientes, el monto era de 828 mil millones, que tenían que ser distribuidos para la construcción de esos cuatro hospitales.

“Por el camino, mientras la proforma se fue ajustando, eran remitidos los antece­dentes al banco Atlas, volvían al IPS, se fueron ajustando. En algún momento de ese proceso se incluyó un ítem más a esas cuatro obras que decía ‘Otros establecimien­tos de salud’, generando un descalce en los recursos pre­vistos, que trajo como conse­cuencia que los cuatro hos­pitales no se terminen y se realizaron en su lugar obras de mantenimiento”, precisó.

Explicó que la Auditoría Interna solicitó información al banco Atlas, a la Super­intendencia de Bancos, a la Fiscalía; internamente tam­bién a la Gerencia de Admi­nistración y Finanzas, con el fin de determinar cuál fue el momento y a instancia de quién se incluyó, o quién soli­citó la inclusión de ese punto 5, porque en realidad esa inclu­sión fue una mala decisión.

“Buscamos la manera de armar ese rompecabezas, analizando todos los infor­mes, concluimos que ese pedido no partió del IPS. No tenemos al menos documento que respalde, que fue el IPS el que haya solicitado la inclu­sión del ítem 5. Esa proforma del contrato cuando se fue al banco para su verificación y supervisión no tenía el punto 5, pero cuando regresó del banco al IPS para la aproba­ción por parte del Consejo ya estaba incluido ese punto 5 y así se aprobó y así se firmó el contrato”, acotó.

Olazar destacó que han detec­tado que a partir de la inclu­sión de ese punto 5 dentro del contrato, que no figuraba ini­cialmente, fue cuando surgie­ron en cadena las demás falen­cias formales que generaron las diversas irregularidades.