El exintendente de Ciu­dad del Este Miguel Prieto y otras diez personas van a enfrentar un juicio oral y público por lesión de confianza y aso­ciación criminal en el caso conocido como Tía Chela, en el que se tiene un per­juicio de G. 2.100 millones. Así confirmó el tribunal de apelación integrado por Pau­blino Escobar, Arnulfo Arias y Camilo Torres.

Los citados magistrados declararon inadmisible el recurso que presentó una de las acusadas, quien pretendía dejar sin efecto la resolución del juez de Delitos Económi­cos Humberto Otazú, quien decidió elevar en noviembre el caso a un juicio oral y público. Ahora se deberá sortear el tri­bunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar a los acusa­dos en el presente caso.

Además de Prieto están acusados Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordina­dora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebas­tián Martínez Insfrán, direc­tor de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario; Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suminis­tros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de órdenes de pago; Nelson Segovia Ace­vedo, tesorero; Fermín Áva­los Britos, propietario de Tía Chela SRL, y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.

El caso juzga el caso de una compra realizada por la comuna esteña en abril de 2020, durante la pandemia del covid-19, por vía de la excepción. La firma bene­ficiada con presuntos mon­tos sobrefacturados fue la empresa Tía Chela SRL.

Ahora se deberá sortear el tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Prieto, así como a los demás acusados en el presente caso de corrupción, que incluso le costó ser destituido del cargo de jefe municipal al principal acusado.