El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó ayer un nuevo marco legal para el arbitraje. El anuncio se dio luego de una reunión entre el mandatario y los minis­tros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el Poder Judicial. La ley de arbitraje fue una iniciativa del Poder Ejecutivo buscando moder­nizar íntegramente el régi­men arbitral paraguayo tras dos décadas de vigencia de la actual normativa.

El mandatario resaltó que se está fortaleciendo la seguri­dad jurídica y la instituciona­lidad del Paraguay. “Hoy pro­mulgamos ante el pleno de la Corte Suprema la nueva ley de arbitraje. Esta normativa es un paso decisivo en la moder­nización de nuestro marco legal”, expuso a través de su cuenta de red social X.

Igualmente, destacó que “al establecer reglas claras y ágiles para la resolución de conflictos, logramos la des­congestión de los tribunales, permitiendo que el Poder Judicial se enfoque en las cau­sas ciudadanas”.

“El presidente de la Repú­blica en el Poder Judicial pro­mulgó la nueva ley de arbitraje 7561, que fue fruto de un tra­bajo conjunto. Vinimos tra­bajando ya hace dos años en un proyecto de ley que vino a modernizar el sistema de arbi­traje en el Paraguay, convir­tiéndose sin ninguna duda, en una de las leyes más modernas del mundo en materia de arbi­traje”, explicó Roberto “Ilo” Moreno, ministro asesor jurí­dico de la Presidencia, en con­ferencia de prensa.

Indicó que, con la segunda calificación de grado de inver­sión para Paraguay, el país está jugando en la primera liga y los grandes inversores, empre­sas y corporaciones están mirando al Paraguay y “eso requiere de un marco jurídico seguro y de avanzada, y es lo que hemos venido trabajando dos años en este proyecto de ley que hoy ha visto la luz”.

El asesor jurídico detalló que esta nueva ley fue firmada en el Poder Judicial un signifi­cado simbólico institucional que “Paraguay está dando pasos grandes e importan­tes en la consolidación de su marco jurídico y en la conso­lidación de su imagen como un país serio ante la comunidad internacional”, atendiendo que esta ley establece reglas muy claras de competencias del Poder Judicial de cuándo puede y cuándo no puede intervenir para coadyuvar o auxiliar a los árbitros.

Agregó que “en otro punto de la ley de arbitraje, que para mí son muy importantes, tiene que ver con los puntos de contacto entre el Poder Judicial y el arbitraje, porque el arbi­traje tiene jurisdicción, pero no tiene imperio, es decir, no tiene fuerza para ejecutar sus mandatos y por tanto requiere de la ayuda del Poder Judicial para practicar pruebas, para ejecutar medidas cautelares y eventualmente para ejecutar los laudos que son las senten­cias que dictan los árbitros”.