El mandatario Santiago Peña promulgó la ley que crea el Registro Nacional de Per­sonas Desaparecidas y esta­blece la alerta MAFE, en memoria de la joven María Fernanda Benítez, de Coro­nel Oviedo, quien fue víctima de feminicidio.

La nueva normativa estipula un sistema de búsqueda y loca­lización inmediata inspirado en la alerta Amber con el fin de difundir información sobre desaparecidos, especialmente niños, niñas y adolescentes. Las primeras horas serán vita­les para la localización de las personas desaparecidas y no se aguardará el cumplimiento de las 48 horas. “Esta ley es una respuesta concreta a una demanda social urgente. Para­guay ya cuenta con un Registro Nacional de Personas Desapa­recidas y un protocolo de bús­queda inmediata y obligato­ria para todas las instituciones del Estado”, mencionó Peña mediante sus redes sociales oficiales.

El jefe de Estado acotó: “Eli­minamos la burocracia en las denuncias y sumamos tecno­logía para masificar las aler­tas. Fortalecemos nuestra seguridad jurídica y opera­tiva con un solo objetivo: lle­gar a tiempo y salvar vidas”.

La ley se está orientada a la protección de la vida, la inte­gridad y los derechos de los mismos y establece un pro­tocolo operativo que fija roles claros y estandariza­dos para todas las institu­ciones involucradas, un for­mulario único disponible en todas las comisarías del país, la centralización de la infor­mación en el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional y meca­nismo de socialización rápida de la alerta, tanto a nivel ins­titucional como hacia la ciu­dadanía.

“Estamos celebrando la promulgación de esta ley que nos legaliza los trabajos, la coordinación y la rápida actuación, si bien ya estába­mos trabajando en base al protocolo firmado en junio por el Poder Ejecutivo, esto va a legalizar todo lo que ya venimos haciendo”, expresó la comisario Lucía Ávalos, subjefa del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional.

Explicó que, si bien ya se estableció un protocolo de búsqueda y localización por decreto del Ejecutivo, esta ley otorga mayor fuerza en este nuevo protocolo. “Hay situaciones donde un decreto no es suficiente y esta ley obliga a las instituciones públi­cas y así también privadas a una colaboración con el Departa­mento de Búsqueda y Localización de Personas, con toda la Poli­cía Nacional”, apuntó.