Benigno López, exministro de Hacienda del gobierno de su hermano Mario Abdo Benítez, vuelve a escena con pretensiones de dar cátedra sobre política económica. Pero es pura retórica, pues los números de su gestión cuentan la calamitosa gestión y los clavos que dejó.

Como ministro de Hacienda y principal arquitecto de la polí­tica económica de la adminis­tración de su hermano Mario Abdo Benítez, Benigno López no fue un mero observador externo: fue protagonista central de un ciclo que hoy pretende ignorar. Así, busca pontificar desde la tribuna, cuando su gestión al frente de la política económica fue dis­cretísima y aciaga.

Mientras el responsable del rumbo económico del desas­troso gobierno anterior rea­parece en el debate público con tono académico y pose triunfal, conviene recordar su administración y cómo su legado, ocupado por otros “téc­nicos” en Hacienda, causaron un gran perjuicio al país.

El problema no es la crítica –siempre necesaria–, sino la falta de coherencia entre el discurso actual y el legado que dejó su administración. Una gestión marcada por la ausen­cia de reformas estructurales, el debilitamiento de reglas fis­cales que habían sido emblema de estabilidad y una conduc­ción económica que priorizó el relato antes que la calidad del gasto y la solidez institucional. En ese contexto, las “cátedras” resultan, cuanto menos, difí­ciles de digerir cuando se las contrasta con el balance real de aquel periodo. En declara­ciones a La Unión AM, el exmi­nistro de Hacienda sostuvo que la actual administración del presidente Peña “no puede hacerse el pícaro y rehuir sus compromisos. Las deudas y los intereses hay que saldarlos”, recalcó López, omitiendo la desastrosa gestión que le cupo a este y a su sucesor Óscar Lla­mosas.

En ese contexto, hay que decirlo con todas las letras, la era Abdo dejó una cantidad de clavos y bombas activadas en todas y cada una de las ins­tituciones. Hay informes de auditoría forense de la Con­traloría General de la Repú­blica que hablan al respecto. Son más de sesenta y solo del periodo 2022.

El desempeño económico del periodo 2018-2022, cuyo diseño fue realizado por Benigno López hasta que dejó el cargo en octubre de 2020, fue uno de los más bajos, con un crecimiento del PIB per cápita de 0,4 %. Esta cifra es comparable a periodos de finales de los 90 y principios del 2000 cuando el país atra­vesaba periodos de profunda inestabilidad política y eco­nómica.

El Gobierno decidió exceptuar la Ley de Responsabilidad Fis­cal, hecho que se dio por pri­mera vez desde su aplicación, alcanzando un déficit fiscal que representó 2,8 % del PIB, argumentando una sequía que impactó a la economía para­guaya. Este déficit es el más alto que se registra desde 1999 durante el gobierno de Gonza­lez Macchi.

Como consecuencia del mayor déficit fiscal, el gobierno de este periodo es el que registra el récord de endeudamiento en 5 años de gestión, con más de USD 7.960 millones de nue­vos préstamos y obligacio­nes contraídas por el Estado paraguayo. Además, culminó el Gobierno sin reconocer deu­das contraídas con proveedo­res del Estado de más de USD 500 millones que debieron ser canceladas por el gobierno actual.

En varias ocasiones, el presi­dente Peña recordó los clavos dejados por la gestión Abdo. Recordó que la reducción de la pobreza no solo se estancó, sino que incluso aumentó, con un 25.5 % de pobreza total y un 6.1 % de pobreza extrema en 2022.

El de Abdo fue un gobierno que no supo aprovechar su periodo de gestión para promover las reformas de mejora de la cali­dad del gasto público para un mejor uso de los recursos públicos. Se enfocaron en una ley de modernización tributa­ria para recaudar más y en una ley de compras públicas que reglamentaron con un decreto a 4 días de terminar el gobierno y que luego debió ser revisado. Las propuestas de mejora de la calidad del gasto público como la reforma del servicio civil y de supervisión del sistema de pensiones fueron incluidas en un programa con el FMI, pero que no implicaba un compro­miso de aprobar estas leyes, sino solamente presentar al Congreso los borradores de los proyectos de ley.

Durante el periodo de gobierno, surgieron cuestionamientos con respecto al resguardo de la independencia del Banco Cen­tral del Paraguay. Específica­mente, se dieron nombramien­tos en el Directorio del Banco (Humberto Blanco y Carmen Marín) que claramente no fueron propuestos desde la institución. Fueron designa­das personas que registraban incompatibilidades para ejer­cer el cargo debido a que existían vínculos con instituciones que podían generar conflictos de intereses en la toma de deci­siones. Además, se afectaron derechos laborales del plantel de funcionarios del BCP que generó incertidumbre entre ellos y motivó a la renuncia de técnicos con años de experien­cia profesional, debilitando al capital humano de la ins­titución.

La gestión económica de la administración Abdo fue desastrosa y su impacto fue tal que incluso la actual administración de San­tiago Peña tuvo que ocuparse de esa pesada carga heredada. Estas son algunas de las perlitas heredadas de la gestión que comandaba Benigno López en 2018. Entre las deudas pendien­tes figura el Ministerio de Salud Pública, el cual debía USD 371,3 millones por el abastecimiento de insumos y medicamentos. Mientras que el Instituto de Previsión Social (IPS) adeudaba otros USD 210 millones por los mismos conceptos.

En tanto, la deuda del Ministerio de Obras Públicas y Comunica­ciones (MOPC) con las contratistas rondaba los USD 350 millo­nes solo en capital, sin contar los intereses devengados por los atrasos en los pagos por las obras viales que Abdo Benítez alar­deaba al justificar su gestión. El Ministerio del Interior era otra con una complicada situación financiera, con dinero comprome­tido por los contratos plurianuales que impactaron en el presu­puesto de varios años consecutivos. En total fueron unos USD 250 millones de compromisos pendientes con los proveedo­res, de los cuales unos USD 42 millones corresponden al Interior y USD 200 millones a la Policía Nacional y están relacionados a gastos de seguridad.