• Colaboración de HOY

La Fiscalía abrió una investigación tras el nuevo informe de la Contraloría General de la Repú­blica (CGR) sobre el Acueducto del Chaco, el cual ratificó el fracaso del proyecto y la inefi­cacia de la inversión de USD 104.096.187. El documento se suma a otro que adelantaba ya en 2024 una serie de deficien­cias y negligencias en la planifi­cación, ejecución y supervisión de las obras.

El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñá­nez García, abrió una investi­gación por el fallido acueducto, inaugurado por el expresidente Mario Abdo Benítez en el año 2020. Esto lo hizo tras reci­bir el demoledor informe de la Contraloría. La institución dio a conocer el informe de Fisca­lización Especial Inmediata (FEI), que ya data de octubre de este año, pero recién ahora toma estado público. Este lapi­dario documento ratifica las conclusiones de otro anterior emitido en abril de 2024, en el cual se desglosa una serie de irregularidades del proyecto, cuyas obras dejaron un acue­ducto inoperable y sin cum­plir su objetivo de proveer agua potable a las comunidades del Chaco.

El demoledor informe inves­tiga posibles hechos punibles durante la administración de los exministros de Obras Públicas Enrique Salyn Buzar­quis, Ramón Jiménez Gaona, Arnoldo Wiens y Rodolfo Sego­via, aunque varios de ellos se excusaron al mencionar que algunas fases del proyecto no se realizaron durante su ges­tión. Entre los hallazgos figura la ausencia de estudios de admi­sibilidad, factibilidad y viabi­lidad. El MOPC no remitió documentación que evidencie la existencia de estos estudios requeridos por las normativas vigentes como paso previo a la ejecución del Proyecto Acue­ducto en su Primera Etapa, desde Puerto Casado hasta Loma Plata.

También se detectó la falta de Auditorías Internas al Proyecto Acueducto Primera Etapa durante el periodo de ejecu­ción de las obras (2012-2022), a pesar de las múltiples irregu­laridades, como atrasos en la ejecución, rescisiones de con­trato y demandas, por incum­plimientos contractuales que no fueron alertados por la Audi­toría Interna del MOPC.