El presidente del Ins­tituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Fran­cisco Ruiz Díaz, anunció ayer la suspensión y la revi­sión total de las adjudicacio­nes en la localidad chaqueña Carmelo Peralta (Alto Para­guay), en el marco de una investigación que detectó irregularidades durante la gestión anterior. En una con­ferencia de prensa, el funcio­nario expuso la situación de los casos de tierras en zona de la ruta Bioceánica.

La medida más importante es suspender todas las adju­dicaciones de las 10.000 hec­táreas de tierras en la zona de Carmelo Peralta, adjudicadas en la administración de Gail Yaluff, incluyendo los 4 casos denunciados con expedientes del año 2020.

“En el 2020 yo no estaba acá, en ese año empiezan las adjudicaciones, proba­blemente son adjudicacio­nes completamente irregu­lares, vamos a revisar todas estas adjudicaciones. Son 3.500 hectáreas que se adju­dican en el 2020, así violen­tamente, esto es lo que hay que explicar porque siendo que en el pasado fue cero”, explicó ante la prensa.

Refirió que “los cuatro expe­dientes que se denuncian son expedientes de esta genera­ción (2020), no de la gene­ración Ruiz Díaz, los cua­tro expedientes se generan ahí, los cuatro expedientes incluso se cobran entre el 2021 y 2022, con los valores fijados de la resolución de 2013”. Ruiz Díaz citó como una de las irregularidades el caso del asentamiento Paz del Chaco, en Itakyry (Alto Paraná), tierras sujetas a la reforma agraria que fueron tasadas en G. 100 millones por hectárea.

“Empezamos a recabar cier­tos datos que llamaban la aten­ción, uno de ellos nos llamaba la atención, un acuerdo que se había firmado en donde apare­cía un inmueble en el distrito Itakyry de 1.400 hectáreas con 160 familias aproxima­damente y nos llamó la aten­ción la tasación y nos dicen que ellos no van a pagar el monto que se les exige, de 100 millo­nes (de guaraníes)”, relató. Agregó que a raíz de esta situación tomó la decisión, en octubre de 2024, de no aceptar ningún intercambio entre el inmueble donde está ahora la comisión Paz del Chaco y Tie­rras del Chaco.

Este intercambio consistía básicamente en la toma de 1.400 hectáreas y se realiza una actualización de precios, lleva a G. 100 millones por hectárea, se actualiza eso en 2021, y bajo la argumentación de que el Indert no va a poder pagar ese monto pidió tierras en el Chaco para compensar la deuda que supuestamente ten­dría el Indert con esta persona.

“Se accede a eso, una cosa muy llamativa, la junta aprueba, aprueba en incidencia porque hubo una pelea entre representantes, no se firma el acta y aprueban para que la presi­denta Gail González Yaluff, en ese momento, pase a fir­mar este acuerdo con Héctor Urbano Parodi, que es un fun­cionario público de la Muni­cipalidad de San Lorenzo”, explicó.

El titular del Indert apuntó que “son muchos hechos irre­gulares que acá ocurrieron y que hay que empezar a reve­lar y hay que empezar a clari­ficar, porque no puede ser que empezamos a utilizar el sufri­miento del campesinado para hacer este tipo de negociados”. Señaló que, a la fecha, la finca se encuentra bajo resguardo y con investigación del Ministe­rio Público y desde el Indert ahora se agrega una segunda investigación.

“La primera investigación tiene que ver con la produc­ción de instrumentos públi­cos, de supuesta producción de documentos no auténti­cos, hoy entonces nosotros agregamos otro, un supuesto hecho de intento de estafa al instituto, 15 millones de dóla­res de intento de estafa al ins­tituto”, describió Ruiz Díaz.