El Poder Ejecutivo oficializó la designación de Griselda Mariel Figueredo de Giménez como superintendenta de Jubilaciones y Pensiones, mediante un decreto firmado y emitido tras la presentación del Ministerio de Economía y Finanzas. La decisión se enmarca en el proceso de implementación de la Ley 7235/2023, la norma que estableció un nuevo modelo de supervisión estatal sobre el sistema previsional del país.
La Constitución Nacional otorga al presidente de la República la facultad de nombrar a las autoridades de la administración pública, y también establece –en su artículo 95– la responsabilidad del Estado de asegurar un sistema de seguridad social integral para los trabajadores y sus familias. Ese mandato constitucional es el que dio origen al nuevo esquema de supervisión creado por la citada Ley 7235, que creó la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones como un órgano técnico, autónomo y con la misión de regular y supervisar todo el Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones.
Antes de esta designación, el Poder Ejecutivo completó la conformación del Consejo de Seguridad Social, un órgano clave previsto por la ley. Sus integrantes –representantes de los sectores empleador, trabajador y jubilado, junto con su presidente– fueron nombrados entre 2024 y 2025. Con la conformación del Consejo plenamente formalizada, el Gobierno dio luz verde para avanzar hacia la elección del primer titular de la Superintendencia.
ASUMIRÁ DESDE ENERO
El cargo fue sometido a un concurso público de méritos y aptitudes, llevado adelante por el propio Consejo de Seguridad Social. Tras culminar el proceso, el organismo elaboró una terna de candidatos y la remitió al Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Nota MEF 1122/2025, tal como exige la legislación vigente. Finalmente, el presidente eligió de esa terna a Figueredo de Giménez, quien asumirá funciones el 1 de enero de 2026.
El decreto también establece que la resolución debe ser refrendada por el Ministerio de Economía y Finanzas y ordena su publicación e inscripción en el Registro Oficial. Con este paso, el Gobierno asegura la puesta en marcha plena de la Superintendencia, una pieza central del nuevo marco de transparencia y control sobre los fondos jubilatorios.