La Asociación Rural del Paraguay expresó sus felicitaciones y res­paldo por el rápido y coordi­nado operativo desplegado por el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio Público, y las demás instituciones inter­vinientes, que impidieron la consumación de la invasión el pasado 5 de diciembre en la estancia Lusipar, en la zona de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, donde un grupo organizado intentó ingresar por la fuerza al inmueble.

Mediante un comunicado emitido por el gremio rural, destacan que se logró res­guardar la vida de los presen­tes y proceder a la detención e imputación de los respon­sables, en el marco de la ley y con respeto al debido pro­ceso. “Condenamos enérgi­camente el uso de la violen­cia, las agresiones a efectivos policiales –dos de ellos heri­dos por proyectiles de arma de fuego– y la utilización de camiones y otros vehículos para atropellar portones, barreras humanas y dispo­sitivos de seguridad. Con­sideramos especialmente grave la presencia de meno­res de edad en un escenario de confrontación, así como la participación de personas con antecedentes por hechos punibles”, expresa parte del documento.

Asimismo, el gremio rural reafirma que en la Repú­blica del Paraguay no hay causas justas que se defien­dan mediante la violencia ni mediante la invasión de propiedades, sean estas pri­vadas o administradas por el Estado. “Las legítimas demandas sociales y agra­rias deben canalizarse por vías institucionales, pacífi­cas y dentro del marco cons­titucional, nunca mediante la fuerza o el desconocimiento de las decisiones de la Justi­cia”, argumentan.

El documento menciona además que desde la ARP expresan su total solidari­dad con el productor afec­tado por la invasión de la estancia Toro Vevé y con todos los ganaderos, agricul­tores y trabajadores rura­les de la zona de San Pedro, que nuevamente se vieron expuestos a una situación de extrema tensión e incer­tidumbre.

Finalmente, el comunicado remarca que desde la ARP ratifican su compromiso de seguir colaborando con las autoridades para promover políticas públicas que impul­sen el desarrollo rural, la for­malización y la generación de oportunidades para las fami­lias campesinas, pero siem­pre sobre la base del respeto a la Constitución, a las leyes y a la propiedad privada.