El Ministerio Público dispuso la liberación de mujeres y niños que fueron demorados durante el operativo desplegado en San Pedro, tras el intento de ocupación irregular de una propiedad administrada por la Secretaría Nacional de Bienes Incautados (Senabico).
En contrapartida, 29 hombres quedaron bajo custodia, todos con libre comunicación y sujetos a investigación. Agentes fiscales de Santa Rosa del Aguaray solicitaron la prisión preventiva para todos los procesados, pedido que será evaluado por el juez de garantías Vicente Coronel, quien convocó a audiencias individuales.
Los detenidos prestaron declaración indagatoria tras la presentación de los cargos, después de ser imputados por invasión de inmueble ajeno, perturbación de la paz pública, resistencia, incitación a cometer hechos punibles, daños a obras o medios técnicos de trabajo y tentativa de homicidio doloso, por lo que el Ministerio Público considera necesaria la aplicación de medidas más severas.
El caso continúa en etapa de análisis y, tras las audiencias fijadas, el magistrado deberá determinar si los imputados enfrentarán el proceso privados de su libertad.
LOS IMPUTADOS
Entre los investigados figuran Emilio Acosta Argüello, Ángel Larrea Salomón, Santiago Gamarra Benítez, Denis Joel Casco Felte, Derlis Sanguina, Julián Martínez Gamarra, Héctor Fretes González, Félix María Martínez Cuenca, Luis Careaga Medina, Víctor Daniel Rojas Barreto, Alexis Daniel Macedo Sanabria, Silverio Ramón Notario Rivas, Julio Cristóbal Adinolfi Almada, Alfonzo Acosta, Carlos Antonio Pesoa Vera y Saturnino Núñez Morínigo.
También fueron imputados Carlos Peralta Pérez, Gregorio Espínola Díaz, Tomás Vera Cristaldo, José Ramón López, César Candia Mendoza, Rodrigo Godoy Rojas, Robustiano Acosta, Amalio Ariel Sanabria, Adán Godoy Rojas, Amalio Sanabria, Luciano Godoy Giménez, Alfredo Peralta Arévalos y Carlos Antonio Delvalle Vázquez.
Como parte de las evidencias recolectadas, la institución policial informó la incautación de 15 teléfonos celulares, tres machetes y una escopeta calibre 16 con siete cartuchos y fueron retenidos 32 vehículos utilizados por los labriegos, entre camiones, camionetas, automóviles y motocicletas, que quedaron a disposición de Criminalística para los peritajes correspondientes.
Núñez: “No a la violencia”
Presidente del Congreso Basilio Núñez repudió el atropello a la propiedad privada.
El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, se refirió al incidente del viernes en Santa Rosa del Aguaray, en el departamento de San Pedro, en que un grupo de invasores atropelló los portones de la estancia Toro Vevé con la intención de ingresar a la propiedad contigua, la estancia Lusipar, actualmente bajo administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
Las autoridades realizaron un despliegue de seguridad en el lugar y reaccionaron cuando un camión ingresó a la fuerza. El legislador puntualizó su postura sobre uno de los agentes policiales heridos: “Como presidente del Congreso de la Nación, condeno y repudio enérgicamente el cobarde disparo desde un bosque en pleno rostro a un joven policía en San Pedro (Lusipar)”, se pronunció desde sus redes sociales.
“NO A LA VIOLENCIA”
El legislador aseguró que se trata de un ataque criminal que atenta contra la vida del uniformado y la democracia. “Uno de los responsables e instigadores de este brote de violencia despiadada es el seudocampesino Elvio Benítez, quien hace apología a la violencia y busca el enfrentamiento entre compatriotas ¡Basta de violencia! #NoALaViolencia”, agregó el titular del Congreso, citando a uno de los aparentes líderes de la llamada Coordinadora de Sin Tierra del Norte, que abandonó a su suerte a los campesinos tras darse la orden de intentar la invasión.
“No es un reclamo social”
Rodrigo Gamarra dijo que la garantía de la propiedad privada es un derecho constitucional.
El diputado Rodrigo Gamarra aseguró que la situación en la estancia Lusipar, no se trata de una reivindicación social, como afirman desde el sector campesino que intentó invadir la propiedad ayer viernes, pese a las aclaraciones realizadas por las autoridades correspondientes, cuestionó el legislador.
“Lo ocurrido en Lusipar no es un reclamo social, es un acto de violencia premeditado, una violación directa al Estado de derecho que pone en riesgo la vida de familias paraguayas. Los responsables deben ser llevados ante la Justicia”, dijo el diputado en contacto con La Nación/Nación Media.
La estancia Lusipar se encuentra bajo administración de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) y actualmente está arrendada. La propiedad fue incautada por el Ministerio Público en el marco de la causa denominada Luis Carlos da Rocha y otros, sobre lavado de dinero y se encuentra en posición de la Senabico desde el 2019.
En este sentido, el diputado refirió que la garantía de la propiedad privada es un derecho constitucional que debe ser respetado.