Los bancos Atlas y Fami­liar anunciaron la can­celación de su proceso de fusión por consolidación, tras semanas de polémica pública y un litigio judicial sobre el uso del

sistema de core bancario ITGF que terminó bloqueando la aprobación del Banco Central del Paraguay (BCP).

A través de un comunicado conjunto, las entidades ban­carias afirmaron que la opera­ción quedó imposibilitada por “acciones totalmente injus­tificables” promovidas por la empresa itti y por decisiones judiciales que –según señala el texto de Atlas y Familiar– generaron un supuesto esce­nario incompatible con lo que exige el marco legal para auto­rizar la integración.

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Según ambos bancos, las medidas adoptadas en el con­texto del litigio con itti deri­varon en una imposibilidad legal para que el Banco Cen­tral del Paraguay (BCP) avale el proceso, pese a que la fusión avanzaba con planificación y cumplimiento regulatorio.

Indicaron que, aunque man­tuvieron conversaciones con la empresa tecnológica, los mon­tos reclamados por itti “carecen de sustento racional”, principal­mente, porque supuestamente no existiría violación contrac­tual y el sistema ITGF no sería utilizado en la entidad resul­tante de la fusión.

“Ambas entidades reiteran que todas las actuaciones del banco Atlas se ajustaron estrictamente a derecho, como ya ha sido y seguirá siendo demostrado en las ins­tancias judiciales correspon­dientes. No obstante, y ante la imposibilidad de avanzar en los tiempos establecidos, las partes han decidido dar por concluido el proceso”, agrega el comunicado.

MEDIDA JUDICIAL

La fusión de los bancos Atlas y Familiar había quedado temporalmente suspendida ya que el Juzgado Civil y Comercial a cargo del magis­trado Juan Francisco Blanco Bogado resolvió hacer lugar a la medida cautelar presen­tada por itti Saeca contra el banco Atlas sobre la prohi­bición de innovar. El Banco Central del Paraguay, que debía aprobar la fusión de las dos entidades bancarias, recibió la orden de no pro­nunciarse al respecto, según resolvió el citado Juzgado.

El conflicto entre la empresa itti y el banco del Grupo Zuc­colillo surgió por disputas sobre propiedad intelectual de sistemas y marcas desa­rrollados por la compañía tecnológica. Para itti, recla­maba el control exclusivo sobre sus activos y su uso por terceros. Atlas argu­mentaba que necesitaba esos activos para su operación y expansión, amparándose en acuerdos previos. La disputa derivó en desacuerdos legales y negociaciones prolongadas sin solución definitiva.

CÓDIGOS VULNERADOS

La empresa itti reclamó el pago por el daño causado por el banco Atlas, que utilizó y modificó su software de core bancario, ITGF. Según responsables de la compañía tecnológica, la magnitud del perjuicio era enorme ya que más de 37.000 líneas de código habrían sido incorporadas encima de la materia prima, la base que itti auto­rizó a usar al banco Atlas. A partir de allí, se convocó a los represen­tantes del banco a entablar una negociación por el uso del software, pero se negaron a continuar el proceso y por esa razón pasó a una instancia judicial. A partir de ese momento también comenzó una sistemática persecución mediática a través del diario Abc Color con­tra el Grupo Vázquez (propietario de itti y de ueno bank).

Para itti, el plagio del software fue la razón clave

itti reclamó al banco Atlas un millonario pago en concepto de daños a sus derechos de propiedad intelectual

La empresa tecnológica reclama el uso ilegal de su software, ITGF, que se pretendía usar en la fusión de Atlas y Familiar.

La empresa tecnológica itti emitió un comunicado en el que afirma que la caída del proceso de fusión entre banco Atlas y banco Familiar no tuvo relación alguna con supuestos actos de colusión o manipula­ción judicial, sino con el uso indebido de un software de su propiedad. Según la firma, el verdadero origen del conflicto radica en la violación de dere­chos de propiedad intelectual atribuida al banco Atlas.

En su comunicado, itti explicó que el juez interviniente se limitó a ordenar el cese del uso y la copia no autorizada del sis­tema ITGF, una medida que calificó de estrictamente téc­nica y ajustada a derecho. La compañía señaló que la para­lización del proceso de fusión fue consecuencia directa de esa irregularidad y no de deci­siones judiciales arbitrarias, como sugirieron algunos sec­tores. También remarcó que el caso no involucra cuestio­nes comerciales ni maniobras políticas, sino la protección de un software cuyo uso, asegu­raron, fue indebido.

En otra parte del comuni­cado, itti señala que la fusión “no se paralizó por itti ni por los jueces: fue bloqueada por el propio banco Atlas”. Conti­núa señalando que “contraria­mente a lo sostenido por Abc Color, ningún juez frenó la fusión entre Atlas y Familiar.

Ley de bancos inhabilita al presidente de Atlas

Miguel Ángel Zaldívar fue imputado y procesado por lavado de dinero en el caso Conmebol-Leoz.

El banco Atlas y el banco Fami­liar no continuarán con su pro­ceso de fusión luego de que la Justicia determinara que las entidades bancarias dejaran de usar el software que per­tenece a la empresa itti. Esta decisión que trunca el proceso lo hicieron saber a través de un comunicado en donde, llama­tivamente, no mencionan que el presidente de Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, está imputado y procesado por el hecho punible de lavado de activos, en el caso Conmebol-Leoz.

La normativa bancaria paraguaya, que aplica tanto a la banca privada como al Banco Central del Paraguay (BCP) mediante la Ley n.° 489, exige idoneidad y probidad a los direc­tores y gerentes de estas enti­dades, que deben cumplir con estrictos requisitos de probidad e idoneidad. En este sentido, la citada ley es bastante clara ya que prohíbe ejercer cargos en instituciones financieras pri­vadas (reguladas por la Superin­tendencia de Bancos) o públicas aquellos que están inhabilita­dos para ejercer cargos públicos o el comercio.

Si un presidente de una enti­dad bancaria es imputado por delitos graves (como lavado de dinero, que implica una falta de probidad), la Superintendencia de Bancos tiene la facultad de iniciar un sumario y, en su caso, ordenar la remoción del cargo, ya que la imputación afecta directamente su idoneidad para liderar una entidad que requiere máxima confianza pública.

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