Pasaron 8 meses de aquel fatídico derrumbe de un edi­ficio en la ciudad de Encar­nación que ocasionó la muerte de una mujer de 55 años junto con su nieta de 15. Desde ese luctuoso epi­sodio ocurrido el 2 de abril de este año, además de la imputación del intendente Luis Yd, algunos subordi­nados, los propietarios del edificio, no existen mayores avances de la causa abierta para investigar a profun­didad el hecho y principal­mente, identificar a los res­ponsables.

El suceso prácticamente quedó en el olvido y un reducido grupo de perso­nas como focos de la inves­tigación penal. Es así como otros involucrados en la construcción que debía ser solo de 5 pisos, pero elevaron a 8 niveles, quedaron fuera de la carpeta fiscal.

La imputación fiscal eviden­cia una temeraria negligen­cia, corrupción y un desin­terés total del jefe comunal Luis Yd al punto de autorizar más pisos en el edificio con un plano estructural que no cumple uno de los requisitos fundamentales consistente en la firma de un profesional que avale la obra. Es así que el ingeniero responsable del cálculo estructural pasó a ser un verdadero fantasma, según puede entenderse con lo expuesto en el acta de imputación fiscal.

En el mencionado contexto, raramente la empresa hor­migonera del diputado libe­ral Carlos Pereira Rieve, Mega Concret SA quedó fuera de la investigación fiscal, siendo esta la proveedora del hor­migón en las zapatas, losas y vigas, y tabiques de piscina, tanque superior que se dis­tribuyeron en la estructura de la fallida construcción. Un informe técnico elabo­rado por los ingenieros Tomás Almeida y Arturo Román (base de la imputación fis­cal), expone datos que dejan picando dudas sobre las res­ponsabilidades corporativas del parlamentario con rela­ción al edificio desplomado.

“Nosotros hemos cargado las estructuras de losas y vigas, todo lo que significa el soporte de estas estruc­turas lo ha hecho el profe­sional Roberto Ramírez con su equipo”, había mencio­nado Pereira Rieve en una conferencia de prensa en la que intentó desmarcarse del derrumbe del edificio.

Lo dudoso es si la empresa del diputado estaba habili­tada a una provisión a cie­gas que exima por ejemplo del conocimiento del plano de zapatas, que, según el informe no contiene el deta­lle de todas las bases indica­das en el plano, ya que pre­sentan medidas diferentes, no presentan los datos téc­nicos fck (resistencia carac­terística a la compresión del hormigón), etc.

Entre otras observaciones que se consigna en la impu­tación fiscal y que pudie­ron incidir en el compor­tamiento estructural que detonó en colapso se cita que: “Se ha identificado que la viga presenta varillas de acero de refuerzo expuestas. Esta condición representa un riesgo de corrosión, ya que las varillas quedan sin la protección del hormigón que las recubre.

No verifica a punzona­miento: la viga no posee la capacidad suficiente para resistir los esfuerzos de pun­zonamiento que se generan en la zona de apoyo sobre la columna”. Así también, el “comportamiento a com­presión, es decir, la viga no posee la capacidad suficiente para resistir los esfuerzos de compresión que se generan en su interior. Esta deficien­cia podría ocasionar la fle­xión excesiva de la viga, la formación de fisuras y, en casos extremos, el fallo por compresión de la misma. Comportamiento a punzo­namiento: La viga no tiene la capacidad suficiente para resistir los esfuerzos de pun­zonamiento que se generan en la zona de apoyo sobre los soportes”, etc.

Mientras tanto, en un pro­ceso lento que presenta más exclusiones que inclusiones de elementos, se había ini­ciado la realización del peri­taje correspondiente que, tendría que finiquitarse a fines de diciembre víspera de la feria judifical.

Lo raro es que las mencio­nadas observaciones como varias otras expuestas en la imputación no haya inte­resado en la inclusión de la empresa del mencionado diputado en la investigación.

Al parecer, el clan Pereira Rieve, liderado por el dipu­tado y su hermano del gober­nador de Itapúa Javier Pereira Rieve tiene un santo a parte en la justicia considerando que todos los hermanos Pereira-Rieve figuran en una causa por enriquecimiento ilí­cito que duerme hace más de 3 años en la fiscalía, esto ante denuncias que se habían remi­tido desde la Secretaría Nacio­nal Antidrogas (Senad), sobre ingresos presuntamente pro­venientes del narcotráfico.