El exintendente de Ciu­dad del Este Miguel Prieto y otras diez personas más van a enfren­tar un juicio oral y público por lesión de confianza y asocia­ción criminal en el caso cono­cido como Tía Chela donde se tiene un perjuicio de G. 2.100 millones. Así resolvió el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.

Otazú rechazó el incidente de nulidad del acta de acusación que presentó la defensa de Prieto quien pretendía dejar sin efecto el proceso penal y por ende ser beneficiado con el sobreseimiento definitivo, pero el incidente fue recha­zado por el citado magistrado.

Además de Prieto, están acu­sados Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contra­taciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarro­llo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario; Julián Bení­tez Gamarra, jefe de Almace­nes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de órde­nes de pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL, y Emili Vanessa Florentín Páez, pro­pietaria de la firma Vanemi SA, por lesión de confianza a partir de compras simuladas

La adquisición se concretó en abril de 2020, durante la pan­demia del covid-19, por vía de la excepción y la beneficiada fue la empresa Tía Chela SRL. Ahora se deberá sortear el tri­bunal de sentencia que ten­drá a su cargo poder juzgar a Prieto así como a los demás acusados en el presente caso.

En el caso conocido como “Tajy” figuran como acusa­dos el exjefe comunal Miguel Prieto, el exdirector de Admi­nistración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y otras ocho personas. El Ministerio Público les atribuye la comi­sión de los hechos punibles de lesión de confianza, adminis­tración en provecho propio y asociación criminal.

Asimismo el juez Otazú impuso medidas a Prieto como la prohibición de salida del país, así como la compare­cencia mensual ante el juz­gado para la firma del acta. Las medidas obedecen a la actitud chicanera que ha tenido Prieto como los demás imputados.