Un proyecto de ley que busca acortar los plazos y establecer reglas claras para la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia fue presentado por el diputado Alejandro Aguilera (ANR-Guairá). El objetivo de reducir demoras prolongadas y fortalecer la seguridad jurídica.
La iniciativa legislativa pretende corregir lo que el parlamentario considera una situación crítica: la ausencia de plazos legales que obliguen al máximo tribunal a pronunciarse sobre la admisión o el rechazo de estas acciones constitucionales, lo que –según señaló– genera incertidumbre y afecta la previsibilidad de los procesos.
El proyecto establece que la Corte deberá emitir una resolución fundada de admisión o rechazo en un plazo máximo de 30 días hábiles, contados desde la presentación completa de la acción. En casos donde existan omisiones documentales o formales, la Secretaría deberá intimar al recurrente a subsanar los requisitos en un plazo no mayor a cinco días hábiles.
La propuesta también determina que las acciones de inconstitucionalidad tendrán trámite preferente, y que el vencimiento del plazo sin resolución será considerado mal desempeño de funciones, una medida que busca garantizar mayor responsabilidad institucional.