• Colaboración de Hoy

El sector vialero reclama hoy USD 220 millones en capi­tal y otros USD 100 millo­nes en intereses, un monto que, según había revelado la Contraloría, se originó por la práctica de adjudicar obras sin contar con respaldo finan­ciero.

La fiscalización especial de la Contraloría General de la República (CGR) había con­cluido que el MOPC, bajo la gestión de Arnoldo Wiens, acumuló una deuda histó­rica al llamar a licitación sin tener dinero disponible, for­zando a empresas contratis­tas a financiar proyectos con créditos bancarios. El resul­tado fue intereses por más de USD 100 millones, generados durante el periodo anterior.

El informe de la CGR detalla que, al 31 de agosto de 2023, el MOPC no registró en su pasivo compromisos por más de G. 2,4 billones (unos USD 336 millones). Además, la institución autorizó pagos mediante cesiones de dere­cho de cobro, aumentando la deuda total a aproxima­damente USD 460 millones.

Esto implica que solo en intere­ses, el incremento fue de unos USD 100 millones. Los com­promisos fueron asumidos y aprobados sin registro con­table, agravando el desorden financiero en plena expansión de obras viales.

Mientras el MOPC acumulaba deudas impagables, empresas vinculadas al expresidente Abdo experimentaron un crecimiento extraordinario en ventas y utilidades.Una de las firmas más emblemáticas, Aldia SA, tuvo una evolución atípica: -2013: utilidades por G. 1.814 millones.

-2017: utilidades por G. 6.665 millones. -2018 (Abdo asume): ingresos brutos por G. 96.657 millones; utilidades por G. 8.287 millones (+24 %). -2019: ingresos por G. 199.985 millones; utilidades por G. 22.812 millones (+175 %).

-2020 (pandemia): ingresos por G. 300.383 millones; uti­lidades por G. 51.521 millones (+126 %).

-2021: ingresos por G. 408.082 millones; utilidades por G. 92.647 millones (+80 %).

Entre 2014 y 2021, las utili­dades de Aldia SA crecieron 6.109 %, más de 61 veces en menos de una década, coin­cidiendo directamente con el periodo en el que la empresa proveía asfalto a contratistas encargados de obras financia­das por el MOPC.

El gobierno actual enfrenta la presión de empresas vialeras, que reclaman el pago de USD 220 millones en capital más los USD 100 millones en inte­reses acumulados. El déficit heredado mantiene en tensión a las contratistas que aseguran haber soportado los costos de la desorganización estatal.