La decisión de la Con­mebol de presentarse como querellante adhesivo en el caso que invo­lucra a directivos del banco Atlas y a familiares de Nico­lás Leoz dinamita el silencio que por años rodeó uno de los expedientes más sensibles del historial financiero del fútbol sudamericano.

Según la querella, cuyos argumentos fueron deta­llados por el comunicador Camilo Soares, lo ocurrido no fue un error administra­tivo ni un simple descuido: se trató de un sistema estructu­rado que permitió que Leoz moviera millones de dólares sin controles efectivos.

La acción judicial se forma­liza mientras el caso vuelve a trabarse por un recurso procesal del banco, una “chi­cana” como diría Abc Color, reseña Soares. La defensa de los imputados recurrió la resolución del juez Hum­berto Otazú que había dado curso a la imputación del Ministerio Público. Frente a ello, la Conmebol elevó su solicitud de intervenir como víctima y parte afectada por las maniobras que investiga la Fiscalía.

El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Con­mebol, sostiene que la orga­nización deportiva sufrió un perjuicio patrimonial directo. La querella se dirige específicamente contra los directivos del banco Atlas.

Por su parte, el abogado Rodrigo Yódice, represen­tante del Grupo Zuccoli­llo, calificó como “incom­prensible” que la Conmebol pretenda asumir el rol de víctima, alegando falta de legitimidad, según publicó Última Hora, incluye Soares en su desarrollo.

De acuerdo con la informa­ción, entre los años 2000 y 2010, fondos oficiales de la Conmebol fueron desviados a cuentas personales de Nico­lás Leoz, en un proceso que, según la querella, no habría sido detectado ni reportado por el banco Atlas.

Posteriormente, ese dinero reapareció dentro de la ins­titución bancaria convertido en certificados de depósito de ahorro (CDA), depósitos a plazo, renovaciones sucesi­vas y finalmente fideicomisos millonarios estructurados aun cuando Leoz ya enfren­taba causas abiertas en Esta­dos Unidos.

Soares agrega que Lovera recordó que el 7 de enero de 2016, el Ministerio Público allanó la sede de la Conmebol a pedido de autoridades esta­dounidenses, en el marco de una cooperación internacio­nal. La situación era pública, ampliamente difundida por medios nacionales e inter­nacionales. Aun así, sostiene la querella, el banco Atlas no solo mantuvo su vínculo con Leoz, sino que lo profundizó, utilizando CDAs sospechosos como garantías y pasando por alto advertencias de la Super­intendencia de Bancos (SIB).

La SIB señaló que resultaba “llamativa” la aprobación de fideicomisos a favor de Leoz en un contexto donde su situación judicial era cono­cida y representaba un riesgo legal y reputacional evidente.

Otro punto cuestionado por la Conmebol es la docu­mentación presentada por el banco, que, siempre según los datos difundidos por Soares, incluía fechas incompatibles, perfiles de riesgo inexistentes en el sistema al momento de su supuesta emisión, y formu­larios confeccionados a pos­teriori para dar soporte for­mal a operaciones previas.

La querella de la Conmebol concluye que esta sucesión de manio­bras, omisiones y mecanismos internos dejó un perjuicio que supera los USD 44 millones.

Mientras el proceso judicial avanza entre recursos, recusaciones y planteamientos incidentales, la presentación de la Conmebol incorpora un elemento nuevo: una narrativa institucional decidida a exponer responsabilidades y a desmontar lo que describe como una estructura financiera montada para proteger a Nicolás Leoz, incluso ya procesado y con pedido de extradición.