El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dio a conocer nuevas cifras sobre el empleo formal y los números muestran avances notables. Solamente en lo que va de este año se han creado unos 64 mil puestos formales según las cifras que dio a cono­cer Mónica Recalde, titular de la cartera de Trabajo. Los datos estadísticos indican que el país dispone de 818.761 trabajado­res cotizantes en el régimen general del Instituto de Pre­visión Social (IPS).

“Estamos dando una bata­lla frontal a la informalidad laboral y los datos son contun­dentes: alcanzamos 818.000 empleos formales, con un crecimiento histórico de casi 64.000 en el año 2025. No hay otros periodos de gobierno que hayan logrado un crecimiento de esta magnitud en apenas diez meses”, destacó la minis­tra Mónica Recalde.

En octubre de 2024, la cifra de cotizantes era de 760.584 pues­tos, número que bajó a diciem­bre a 754.387 cotizantes, pero a partir del 2025 esa cifra vol­vió a crecer hasta colocarse en 818.761, lo que supone en rela­ción a octubre del año pasado más de 58 mil nuevos empleos, y en relación a diciembre del 2024, casi 60 mil. La tasa de variación interanual también refleja esta tendencia positiva, pasando de 3,3 % al inicio del actual gobierno a 7,6 % en octu­bre de 2025, consolidando así un ritmo sostenido de expan­sión del empleo formal.

Desde el inicio de la actual administración, en julio de 2023, se generaron 111.123 nuevos empleos formales, lo que evidencia el impacto de las políticas públicas impulsadas por el MTESS para fomen­tar la formalización laboral y ampliar la cobertura de la seguridad social.

La secretaria de Estado recordó que este crecimiento que registra la seguridad social no es solo un aumento vegetativo y explicó que el ritmo de crecimiento de pues­tos laborales en el gobierno de Mario Abdo Benítez rondaba entre los 32 y 33 mil puestos. Hoy esa cifra ya es el doble, según se observa en el nivel de empleos formalizados en 2025.

Este desempeño no solo demuestra la solidez del pro­ceso de formalización, sino también su sostenibilidad en el tiempo, en línea con el objetivo de construir un mercado labo­ral más inclusivo, justo y sos­tenible. La titular del MTESS señaló que, si bien los resulta­dos son alentadores, el desafío es trabajar día a día para mejo­rar estas cifras.

“Reconocemos que debemos redoblar los esfuerzos; por ello, vamos a intensificar los con­troles y fiscalizaciones para combatir el empleo en negro. La informalidad es una batalla de todos y debe ser una respon­sabilidad social compartida”, subrayó.

El gobierno del presidente Santiago Peña insistirá con atención especial al combate al empleo informal, destacó la ministra de Tra­bajo, Mónica Recalde. La secretario de Estado señaló que esto se logrará con el control de los contratos precarizados, que son aque­llos en donde no se le paga el salario mínimo al personal o se le hacen descuentos indebidos a la gente, ya sea por pérdida, avería, por auditoría. “Son aquellos, donde la gente tiene un salario de 3 millones o 3,2 millones, y sin embargo, termina recibiendo menos porque las empresas hacen descuentos indebidos”, precisó Recalde.

En este sentido recordó que el Ministerio de Trabajo ya multó a las empresas en el orden de los 19 mil millones de guaraníes en los procesos de inspección realizados a las distintas empresas. “Anterior­mente estos contratos no eran revisados prácticamente”, destacó.

El gran objetivo del gobierno de Santiago Peña es reducir el por­centaje de informalidad, qué más personas tengan seguridad social y más contribuyentes para el fisco. El Ministerio de Trabajo de la administración actual aspira a que la cifra de personas con empleos formalizados alcance un millón al término de esta gestión en el 2028. De acuerdo a los datos, la informalidad en el sector asalariado privado es de 52 %, mientras que en el sector general, es de 60 % de informalidad. El objetivo trazado por la cartera de Trabajo es alcan­zar la meta de 47 o 48 % de informalidad, que es un trabajo arduo y complejo que debe llevar adelante esta secretaría de Estado en con­junto con otras dependencias gubernamentales como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el Instituto de Previsión Social, donde habrán más controles e intervenciones para poder lograr esa meta de un millón de formalizados.