La transparencia en las declaraciones jura­das vuelve a estar en el centro del debate público en Ciudad del Este, luego de conocerse que la concejala Valeria Romero, integrante del movimiento Yo Creo y supuesta pareja del exinten­dente Miguel Prieto –desti­tuido tras un informe que constató irregularidades en su gestión–, declaró solo G. 700 mil en concepto de ves­timenta, según datos de la Contraloría General de la República (CGR).

De acuerdo a lo expuesto por el programa televisivo “El repasador”, Romero ocupa una banca en la Junta Muni­cipal de Ciudad del Este y su remuneración mensual es de G. 21.500.000. Así consta en su declaración jurada, en la que la edil no declaró bie­nes inmuebles ni vehículos, y consignó G. 1 millón en gastos personales mensua­les, además de no registrar inversiones ni viajes.

Estos datos contrastan con la imagen pública que pro­yecta a través de sus redes sociales, donde comparte un estilo de vida que ha gene­rado comentarios entre usuarios de redes sociales y observadores locales: trajes costosos, viajes, entre otros.

Romero forma parte del movimiento político Yo Creo, liderado por el exin­tendente destituido Miguel Prieto, actualmente con varios procesos judiciales abiertos por supuestas irre­gularidades en su gestión municipal.

Durante los últimos años, varios integrantes de su entorno político han sido mencionados en investiga­ciones administrativas y judiciales relacionadas con presuntos casos de uso inde­bido de influencias y malver­sación de fondos.

En tanto, la concejala aún no se ha pronunciado pública­mente sobre los detalles de su declaración patrimonial ni sobre las críticas surgidas a raíz de su publicación.

La Contraloría, por su parte, recordó que el objetivo de las declaraciones juradas es garantizar la transparencia y prevenir el enriquecimiento ilícito, invitando a la ciudada­nía a consultar los documentos disponibles en su portal oficial.

Este caso reaviva el debate sobre la necesidad de mayor control y fiscalización del patrimonio de las autorida­des locales, especialmente en municipios que han enfren­tado denuncias por falta de rendición de cuentas en los últimos años.