Frente a un caso claro de presunta complicidad financiera, el diario de la calle Yegros no solo cambia de registro: modifica el propósito. Ya no es un medio que informa, es un aparato que opera para proteger sus propios negocios.

El diario Abc Color y su grupo mediático vuelven a poner en escena una estrategia de vic­timización: tras la imputación del presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, esposo de la directora del grupo por lavado de dinero, el medio lanzó una campaña sistemática para instalar que todo se trata de una “persecución” al periódico.

Según el Ministerio Público existe sobrada evidencia de que el Banco Atlas gestionó fideicomisos en favor del exti­tular de la Conmebol Nicolás Leoz, cuando este ya tenía un alto perfil, como una orden de captura internacional y el pedido de extradición de Esta­dos Unidos por el escándalo del FIFA-Gate.

El problema no es la cober­tura periodística, sino que el medio busca tener influen­cia mediante presión mediá­tica, desviando el foco de la defensa jurídica para instalar un relato de acoso y de cerco contra la prensa, además de rebajar el trabajo que realizan los fiscales del caso. Los agen­tes Francisco Cabrera, Jorge Arce y Verónica Valdez están al frente de esta causa y ya son objeto de cuestionamientos a su labor.

Para los fiscales, cuando se examinan los hechos con­cretos, el banco aprobó dos fideicomisos el 11 de febrero de 2016 pese a que Leoz ya era considerado de alto riesgo; el monto investigado supera los 5 millones de dólares en efec­tivo y fideicomisos por USD 2 millones más G. 22.000 millo­nes entre 2013 y 2016.

Es aquí donde la estrategia mediática adquiere dimen­sión corporativa: en lugar de presentar argumentos sólidos para desvirtuar la acusación, el diario del Grupo Zuccolillo multiplicó las tapas, notas de “hostigamiento”, notas “neu­trales” con dirigentes oposito­res de línea cercana al medio y denuncias de que los organis­mos judiciales actúan como brazo del poder político.

Este recurso es tan viejo como el citado medio: el grupo edito­rial que dirige Natalia Zuccoli­llo ya empleó este juego de ser la “víctima” mediática cuando sus intereses económicos se ven cuestionados por institu­ciones del Estado.

En ejemplos recientes, el dia­rio Abc Color demostró que no tiene escrúpulos para transfor­mar una falla o un aspecto al margen de la ley que involucre a alguna empresa integrante de su conglomerado para transformarse en perseguido. Ocurrió con el fideicomiso de Atlas con el IPS, luego de que una auditoría externa del ente revelara que el banco del Grupo Zuccolillo y la anterior admi­nistración de la previsional usaron fondos de un contrato fiduciario para operaciones contrarias a las aprobadas por el Consejo de Administración. Según esta auditoría debían construirse cuatro hospitales y solo se construyeron dos, entre ellos, el Hemato-oncológico; lo cierto es que mediante la libera­ción de los fondos por parte de la entidad bancaria más de G. 828 mil millones se despilfarraron.

Otro caso sonado de defensa corporativa, pese a serias defi­ciencias, fue el de las cade­nas de minimercados Biggie, cuando el cierre temporal le fue atribuido directamente al Gobierno de Peña y no a una severa falla en el control de los productos vencidos que se comercializan en el local, lo que ponía en riesgo la salud de los consumidores.

Todo esto lleva a reflexiones sobre este tipo de ejercicio de la prensa libre: la libertad de prensa es un pilar esencial de la democracia, pero su enun­ciación se debilita cuando se usa como escudo corporativo, como ocurre en este caso. Cuando la ética periodística se convierte en defensa de intereses priva­dos que son extraños al bien público, el periodismo deja de ser contrapoder para pasar a constituirse en instrumento de presión.