Con la imputación a directivos del banco Atlas, el diario de la calle Yegros reutiliza el mismo marco narrativo: victimización, politización y la idea de un supuesto asedio al “periodismo independiente”.

La línea editorial del Grupo Zuccolillo apela de nuevo a su libreto recurrente y victimi­zante: cualquier acción ins­titucional en el ámbito sani­tario, financiero o judicial es instalada como una opera­ción política y una “perse­cución a la prensa”. Con la imputación por parte del Ministerio Público a direc­tivos del Banco Atlas por lavado de dinero en el caso Conmebol/Leoz, de nuevo la maquinaria amarilla se alinea al guion de una per­secución, obviando que la medida fiscal tiene funda­mentos sólidos.

No es la primera vez -ni será la última- que el grupo comunicacional que enca­beza su directora Natalia Zuccolillo, recurre a este recurso de supuesta perse­cución para victimizarse. Lo hace con más fuerza en esta ocasión puesto que uno de los acusados por lavado de dinero, en el caso de la denuncia de la Conmebol para recuperar el dinero desviado por Nicolás Leoz es nada más y nada menos que el esposo de la señora Zuccolillo, Miguel Ángel Zaldívar.

Apenas este año, el diario de la calle Yegros utilizó esta narrativa cuando varios hechos objetivos salpica­ron al holding empresarial: la disputa por derechos de autor del core bancario de la compañía itti o el cierre temporal de la cadena de mini mercados Biggie.

Cuando las autoridades nacionales suspendieron las actividades comerciales de Biggie -que pertenece en un 50 % al Grupo Zuccoli­llo- por cuestiones estric­tamente fitosanitarias, Abc Color lo planteó y convirtió el caso en un capítulo polí­tico, cuando en realidad la medida gubernamental se limitaba exclusivamente en defender al consumidor ante la posibilidad de adqui­rir productos vencidos o en mal estado.

Todo es persecución en el mundo del Grupo Zuccoli­llo. Esta máxima también se ha expresado en otros casos donde claramente la posición del diario que fun­dase Aldo Zuccolillo busca pasar al ataque responsa­bilizando al poder político de sus jugarretas. Se dio de igual forma con el caso itti que acusa al Banco Atlas de incumplir un contrato de licencia y, presuntamente, plagiar su software banca­rio principal (“IT Gestión Financiera”). En este capí­tulo, la compañía tecnoló­gica reclama una millonaria indemnización en una dis­puta contractual que podría derivar en el ámbito penal, ya que la presunta copia del software podría estar vincu­lada a la fusión de Atlas con Banco Familiar.

El mismo plan de victimiza­ción ocurrió con el uso irre­gular de energía de la ANDE para una criptominera que funcionaba en el Shopping Mariscal López y que per­tenece al Grupo Zuccolillo. La empresa Esur SA (Ener­gías del Sur) utilizaba como pantalla al citado shopping para no abonar la garantía ni la tarifa especial establecida por la empresa estatal. En setiembre de 2023, debido a la pérdida ocasionada que rondaba los USD 300.000, la Ande realizó el reclamo para el abono correspondiente.

La instalación de que estos casos suponen un acoso del poder político no solo se limita a la opinión pública local, sino que el Grupo Zuc­colillo -utilizando sus nexos en el exterior- pretende tam­bién manipular a organis­mos internacionales. Eso se ha visto recientemente cuando un relatorio que había sido preparado por el diario Abc Color (solo des­cribió los casos que afecta­ron al citado medio) fue presentado como un com­pendio de la persecución a la libertad de prensa en el Paraguay nada menos que ante la Sociedad Interame­ricana de Prensa (SIP), que concluyó hace unas semanas su asamblea anual.

Así como en los casos ante­riores, que son apenas lo que se menciona en los últimos años, ni siquiera se reme­moran los pormenores que llevaron al entonces presi­dente Nicanor Duarte Fru­tos a perpetuar la frase que “Abc ijapú”, también en el sonado caso de la denuncia de la Confederación Suda­mericana de Fútbol (Conme­bol) contra su expresidente, Nicolás Leoz, ahora el grupo Zuccolillo se muestra como víctima.

El Ministerio Público pre­sentó la semana pasada imputación por varios hechos punibles como lavado de dinero contra nueve personas vinculadas a este caso, entre ellos al esposo de Natalia Zuccoli­llo, Miguel Ángel Zaldívar. Se basa en la reconstrucción de operaciones financieras que no fueron sometidas a los controles exigidos por ley que debía realizar el Banco Atlas y que no lo realizó.

Según la Fiscalía, las tran­sacciones analizadas corres­ponden a fondos sustraídos del patrimonio de la Conme­bol por su entonces presi­dente, Nicolás Leoz, y depo­sitados en el Banco Atlas. Entre 2013 y 2016, Leoz habría introducido más de USD 5 millones en efectivo y firmó contratos de fidei­comisos por USD 2 millo­nes y G. 22.000 millones, sin que el banco haya veri­ficado a cabalidad el origen lícito de los recursos, pese a que Leoz ya tenía un perfil “en rojo” y ya pesaba sobre él una extradición desde los Estados Unidos.

Es así que casos como los descritos aquí la incohe­rencia queda expuesta si se mira el contexto histórico: cuando un gobierno aliado a ellos persiguió abiertamente a adversarios políticos, con el uso instrumental de ins­tituciones del Estado, en Abc Color no solo se ignoró el hecho de utilizar a insti­tuciones como la Seprelad como garrote político, sino que lo defendió.

El problema no es la defensa de la libertad de prensa -que es absolutamente legítima y necesaria y que el gobierno de Santiago Peña defiende a rajatablas- sino la manipu­lación discursiva en función del propio interés corpora­tivo. En el mundo Zuccoli­llo, la persecución solo existe cuando afecta a los suyos; cuando la ejercen sus alia­dos, la narrativa se trans­forma en silencio.