El representante legal de la Confederación Sudamericana de Fút­bol (Conmebol), el abogado Claudio Lovera, puntualizó que el organismo deportivo tiene un objetivo “estricta­mente jurídico” para recu­perar USD 17 millones que el fallecido exdirigente Nicolás Leoz desvió al banco Atlas, cuyo titular Miguel Ángel Zaldívar fue imputado ayer con otras ocho personas, en seguimiento a dos denuncias penales presentadas en junio de 2017 y febrero de 2021.

Los fiscales Jorge Arce, Fran­cisco Cabrera y Verónica Val­dez imputaron, el pasado jueves, por presunto lavado de dinero a los directivos de Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Páez Corvalán; además de María Clemencia Pérez de Leoz, Celia Leoz de Cardozo y María Celeste Leoz de Riveiro, familiares del expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz (fallecido en 2019), señalado por mover fondos millonarios del ente deportivo a través de fideicomisos del banco, pese a que tenía orden de captura (con pedido de extradición) de Estados Unidos desde mayo de 2015 en el caso de corrupción FIFA-Gate.

“No importa el grupo econó­mico que integren, quienes participaron de conductas para facilitar a los administra­dores disfrutar de esos benefi­cios son alcanzados por la ley penal porque no hay personas en el sistema jurídico para­guayo que tengan privilegios de no poder ser investigados y objetos de la persecución penal si se cumplen los requisitos”, sostuvo Lovera ayer al pro­grama “Así son las cosas”, emi­tido por el canal GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media.

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RECUPERACIÓN DE RECURSOS

“El pronunciamiento del Ministerio es sobre los hechos ocurridos y elementos reco­pilados, podemos debatir el tema, pero para nada se puede afirmar que una denuncia ya formulada en el año 2021, luego de un análisis e impul­sando la obtención de infor­mación para que el Ministerio Público tome sus decisiones, tenga una finalidad más allá de lo que es estrictamente jurídico y la Conmebol tiene derecho a seguir reclamando recuperar los recursos que fueron objetos de hechos punibles por parte de sus administradores”, manifestó.

Las afirmaciones de Lovera surgen ante la campaña de desinformación que busca instalar el medio de comu­nicación Abc Color en cali­ficar la imputación fiscal como un “nuevo ataque al grupo Zuccolillo por desta­par denuncias que afectan a grupos de poder”.

“Nosotros comunicamos a la ciudadanía que desde el 2021, al formular la denun­cia la Conmebol, siempre ha mantenido tanto en análisis previo como posterior una conducta de aportar toda la información disponible al Ministerio Público e insistir constantemente que se pro­nuncie. Es el primer caso rela­cionado con hechos realizados por Nicolás Leoz y personas vinculadas a este, en el cual el Ministerio Público del Para­guay emitió un pronuncia­miento de fondo”, comentó.

DENUNCIAS SERIAS Y RESPONSABLES

Lovera acotó: “Conmebol siempre reclamó que el sis­tema de justicia paraguayo tenía que pronunciarse en el sentido que considere per­tinente, pero sobre el fondo del asunto. El banco Atlas no hizo ningún control de debida diligencia respecto a esos recursos y, de acuerdo con la Fiscalía, permitió que el expresidente de Conmebol continuara disfrutando de fondos de origen ilícito”.

Con la imputación, el abo­gado señaló que el Ministe­rio Público confirma que las denuncias impulsadas por la Conmebol “siempre fue­ron serias y responsables. Lo único que buscamos es que el sistema de persecu­ción penal haga su trabajo, recopile las informaciones y tome sus decisiones. Lo peor que puede ocurrir es que los casos se resuelvan en silencio por el transcurso del tiempo. La Conmebol seguirá impul­sando las acciones hasta recu­perar lo que le corresponde”.

SEPA MÁS

Expectativa de cárcel podría llegar a 10 años

El abogado del ente que rige el fútbol sudamericano detalló que los imputados por lavado de activos se exponen a una pena de hasta 5 años de privación de libertad y si se identifican algunas agravantes, las penas pueden llegar hasta 10 años.

“Esto significa que son penas de cumplimiento efectivo”, comentó. Igualmente, aclaró que la formulación de las denuncias así como la continuidad de las mismas es una decisión tomada por un total de 10 asociaciones de fútbol que integran la Conmebol.

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