La Sala Penal de la Corte Suprema de Justi­cia –integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, César Diesel y Gus­tavo Santander– debe destra­bar la causa penal donde ya están acusados y con pedido de juicio oral varios exminis­tros de Mario Abdo Benítez. Serán juzgados por asociación criminal, usurpación de fun­ciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de ser­vicio. Esto es en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Seprelad (Secretaría Nacio­nal de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes).

El caso está en la Corte por la presentación de chicanas de parte de los acusados, lo que impide que el proceso pueda avanzar. Los abogados de los procesados –así como los acu­sados– se exponen a sancio­nes disciplinarias si sigue con la actitud dilatoria.

Los exministros de Abdo buscaron dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Apelación que confirmó la determinación adoptada por la jueza Cynthia Lovera, quien decidió estudiar los doce incidentes iniciales, pero a raíz de las chicanas, no las pudo analizar aún.

Una vez que los ministros se expidan sobre la chicana, el caso tendrá que bajar al juz­gado a cargo de la jueza Cyn­thia Lovera, quien ya podría aplicar sanciones a los aboga­dos o a los acusados si vuelven a presentar recursos dilato­rios en la presente causa.

Están acusados y con pedido de juicio oral y público debido a que tiene más de 206 ele­mentos probatorios René Fernández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, Daniel Farías, Carmen Pereira, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene.

Desde abril de 2024 siguen pendientes de estudio y reso­lución doce chicanas presen­tadas por la defensa de cada uno de los hoy acusados. Las mismas deben ser analizadas por la jueza penal de Garan­tías Cynthia Lovera. Entre los elementos de pruebas hay tes­timonios, documentos y peri­cias que sustentan la respon­sabilidad de los acusados.