El contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez, comunicó que la institu­ción comenzará con el envío de solicitudes de informes a más de 27 instituciones públicas y privadas con la finalidad de iniciar el exa­men de correspondencia de las declaraciones jura­das del mandatario San­tiago Peña, quien requirió esta revisión al presentar una actualización sobre su patrimonio, el 17 de octu­bre.

“Esto será para ver si lo que dice su declaración es ver­dad o no. Lo que nosotros vamos a evaluar es que si todos los gastos que tiene el presidente Peña tienen un origen justificado, eso es lo primordial. Acá lo que todo el mundo quiere saber es si lo que él gastó, construyó, invirtió, salió de un origen trazable y si las facturas coinciden con los gastos”, indicó Benítez, ayer martes, a la 1020 AM.

Benítez sostuvo que “hay que ver todos los ingre­sos que el presidente San­tiago Peña tiene, yo veo que muchos hablan de su sala­rio, pero él también tiene acciones en los bancos, eso genera dividendos y forma parte de los ingresos de cada uno”.

Con relación a las afirma­ciones de opositores quie­nes alegan que el manda­tario apunta a desestimar la denuncia en su contra mediante la solicitud del examen de corresponden­cia, Benítez comentó que “cuando empezó todo este tema la crítica fue por qué la Contraloría no realizaba el examen de corresponden­cia, pero no teníamos con qué comparar. Ahora la crí­tica es por qué se hace. Hoy todo está tan polarizado y la gente se olvida que nosotros nos basamos en evidencias, no podemos mentir. Si no existe justificación hay que tener el coraje para hacer la denuncia penal, aunque sea el presidente de la Repú­blica y sí existe justifica­ción también decir que hay correspondencia”.

El pedido del jefe de Estado al órgano extrapoder surgió a partir de la denuncia penal patrocinada por la exsenadora Kattya González y Felino Amarilla basándose en el montaje mediático del grupo de medios de Abc Color sobre conjeturas sacadas de la intimidad de la familia presidencial por una exempleada destituida por la pérdida de confianza, tras corroborarse amenazas directas a la seguri­dad del mandatario.

La denuncia fue presentada con firmas de los legisladores de la oposición: Johanna Ortega, Raúl Benítez, Leidy Galeano, Adrián “Billy” Vaesken, Rafael Filizzola, Ignacio Iramain, Espe­ranza Martínez y Rubén Velázquez. Otra denuncia similar fue presentada por Guillermo Ferreiro y Esther Roa, con firma del exsenador Pedro Santa Cruz, entre otros.

Desde la defensa legal del presidente de la República, ejercida por el abogado Ricardo Preda, se afirma que la denuncia de los legisladores fue construida con base en suposiciones no acordes al Estado de derecho, a la par de presentar varias inconsistencias, que no ameritan la apertura de una causa penal.