La defensa legal del mandatario Santiago Peña, ejercida por el abogado Ricardo Preda, aguarda que la Contralo­ría General de la República (CGR) se expida con celeri­dad sobre el requerimiento de un examen de correspon­dencia de sus declaraciones juradas, realizado el pasado 17 de octubre, al presentar una actualización sobre su patrimonio.

“Esta fue una iniciativa voluntaria del presidente para responder a través de las instituciones correspon­dientes a las denuncias e insi­nuaciones de ciertos secto­res. La Contraloría tiene una Dirección de Declaraciones Juradas que seguramente se encargará de hacer el estudio de correspondencia y espera­mos que eso culmine lo antes posible para presentar a la opinión pública una infor­mación veraz y que corres­ponde con la que emiten las instituciones competentes”, indicó Preda al programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El pedido de Peña al órgano extrapoder surge a partir del montaje mediático del grupo de medios de Abc Color sobre conjeturas sacadas de la inti­midad de la familia presi­dencial por una exempleada destituida por la pérdida de confianza, tras corroborarse amenazas directas a la segu­ridad del mandatario.

La campaña mediática motivó a una denuncia penal impul­sada contra el mandatario la cual fue presentada por los legisladores Johanna Ortega, Raúl Benítez, Leidy Galeano, Adrián “Billy” Vaesken, Rafael Filizzola, Ignacio Iramain, Esperanza Martínez y Rubén Velázquez, bajo patrocinio de la exsenadora Kattya Gon­zález y Felino Amarilla. Otra denuncia fue presentada por Guillermo Ferreiro y Esther Roa, con firma del exsenador Pedro Santa Cruz, entre otros. “El presidente Peña decidió hacer esta presentación por­que se puso en entredicho su acrecentamiento patrimonial y la forma de responder esto es institucionalmente. El estu­dio de correspondencia histó­ricamente se realiza ya sea a pedido de la parte interesada o también incluso en algunas investigaciones a pedido del Ministerio Público, indepen­dientemente a que la gestión del funcionario aún no haya culminado”, afirmó Preda.

“Los ingresos de Peña no son solo su salario. El presidente antes de ingresar a la función pública ya tenía inversiones financieras que le reditúan ingresos para ciertos gastos. El gasto más importante y rele­vante que tiene Peña es que su hija se encuentra estudiando en el exterior. La Contralo­ría no tiene un plazo peren­torio porque depende de toda la información que solicita ya sea a las entidades públicas como también privadas que podrían tener información sobre el patrimonio del presi­dente Peña”, comentó el abo­gado.

Preda también confirmó que el mandatario cuenta con una inversión en bonos del banco Atlas, pertene­ciente al Grupo Zuccoli­llo, como parte de las nue­vas operaciones financieras realizadas luego del rescate de sus acciones de ueno hol­ding, del Grupo Vázquez.

“Entre las inversiones que realizó tras el rescate de ueno holding figura la adquisición de bonos del banco Atlas”, reveló Preda.

Llamativamente, este dato no fue destacado por el dia­rio Abc Color, del mismo grupo empresarial, que se pasa criticando el patri­monio del economista. En cuanto a la propiedad de Peña en San Bernardino, el abo­gado precisó que el terreno ya estaba declarado en el año 2023, y lo que se agrega ahora es la construcción de la vivienda, financiada en parte con un crédito bancario y en parte con el rescate de accio­nes en ueno holding. Aún existe un saldo pendiente con la firma constructora.

“Fue una fuente normal de financiación, con una parte proveniente de un préstamo y otra de inversiones resca­tadas. Todo está declarado y documentado”, puntualizó.

El ministro del Interior advirtió que las campañas de desprestigio y distorsiones podrían aumentar por la proximidad de las elecciones municipales del otro año.

El ministro del Interior, Enri­que Riera, repudió la campaña de desprestigio y desinfor­mación sostenida por algu­nos medios de comunicación contra el gobierno de Santiago Peña y lamentó que la oposi­ción carezca de liderazgos sóli­dos para debatir la construc­ción de una agenda común, por lo que solo se limita a replicar la agenda dictada por los gru­pos empresariales. El secre­tario de Estado señaló al pro­grama “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM, que, “los que son ministros polí­ticos, quienes estamos acos­tumbrados a trabajar bajo presión y tienen más expe­riencias, deberían no solo hablar de las cosas buenas de su cartera, sino aprove­char y defender al Gobierno e incluso al presidente por­que le están pegando hace dos años y no tenemos una sola denuncia seria“.

Riera sostuvo que “a estas alturas del campeonato (dos años de gestión), el gobierno de Mario Abdo Benítez tenía una tonelada de denuncias. Todas las acusaciones con­tra Peña son mediáticas, no hay un solo hecho. Vamos a entrar en épocas políticas (en alusión a las Elecciones Municipales 2026), imagino las distorsiones que vendrán después”.

Las afirmaciones de Riera surgen tras la denuncia ante el Ministerio Público impulsada por legisladores y dirigentes de la oposición, a partir del montaje mediá­tico del grupo de medios de Abc Color sobre conjeturas sacadas de la intimidad de la familia presidencial por una exempleada destituida por la pérdida de confianza, tras corroborarse amena­zas directas a la seguridad del mandatario. “En la opo­sición hay 36 partidos polí­ticos, pero no hay referentes con quien hablar, no pode­mos construir una agenda común. Como no hay oposi­ción, la prensa adversa es la oposición“, lamentó.

Desde la defensa legal del presidente de la República, ejercida por el abogado Ricardo Preda, se afirma que la denuncia de los legisladores fue construida con base en suposiciones no acordes al Estado de derecho a la par de presentar varias inconsis­tencias que no ameritan la apertura de una causa penal.