Debido a la presentación de una denuncia penal contra el presidente de la República, Santiago Peña, por parte del sector opositor, el abogado del mandatario, Ricardo Preda, realizó ayer una conferencia de prensa en la que, además de anunciar que la familia pre­sidencial no tomará acciones legales, remarcó que la misma no cuenta con sustento para la apertura de una investigación penal.

Tanto el presidente de la República como la primera dama han recibido el apoyo de diferen­tes referentes del ámbito polí­tico, como el diputado José Rodríguez, quien realizó un descargo público “ante las campañas sistemáticas de difamación, calumnia e injuria lanzadas por diversos sectores”, asegu­rando que este hecho se suma a una larga lista de intentos por desprestigiar su imagen.

“Hoy más que nunca se debe recordar que en una democracia madura no puede permitirse que las acusaciones infundadas se conviertan en arma política contra personas que ocupan responsabilidades públicas y cuya vida privada merece respeto, salvo que haya pruebas contundentes y procedimientos jurídicos legítimos”, expresó el legislador en un comunicado compartido en redes sociales.

Seguidamente, Rodríguez describió cuatro puntos, primero instando a que el Ministerio Público “actúe con estricto apego a la legalidad, verificando la veracidad de los hechos, rechazando denuncias basadas en especulaciones o suposiciones, como ya han señalado los defensores del presidente”; y, segundo, “que los medios de comunicación y opinadores ejerzan su libertad de expresión con responsabilidad, evitando difundir afirmaciones que comprometan la honra sin sustento probatorio”.

En el tercer punto insta a que el Poder Legislativo y las instituciones institucionales “garanticen espacios de respeto, evitando el uso político del señalamiento y promoviendo el debate serio basado en evidencias y rendición de cuentas reales”. Finalmente, recomendó a que la ciudadanía mantenga “una mirada crítica pero también justa; no puede permitirse que rumores, filtraciones parciales o acusaciones carentes de fundamento impongan daño reputacional irreversible”.

“La democracia no se fortalece con linchamientos mediáticos ni con la estrategia del escarnio público. Se construye con instituciones sólidas, justicia imparcial y presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Mi compromiso como legislador es acompañar, desde el marco jurídico, cualquier acción que garantice que se respeten los derechos fundamentales de toda persona, inclusive de quienes ocupan altos cargos, frente al accionar injurioso de sectores que han decidido transformar la desinformación en herramienta política. Que la verdad y la justicia prevalezcan”, concluyó el diputado.