El abogado Ricardo Preda informó en conferencia de prensa que la familia presidencial no iniciará acciones legales tras la denuncia penal presentada por legisladores opositores, basada en publicaciones inconsistentes del diario Abc Color. Señaló que una investigación penal no puede abrirse sobre suposiciones y menos aún cuando los hechos carecen de relevancia penal.
Preda expuso varias inconsistencias de la formulación opositora que, a su criterio, no sostienen la supuesta comisión de delitos.
1- ACRECENTAMIENTO PATRIMONIAL
El aumento patrimonial mencionado corresponde a una época en la que Peña no era funcionario público. Se trata de ingresos obtenidos en su vida privada, lo cual no constituye delito ni genera obligación de justificar su origen.
2- COMPRA DE CAMIONETA
La adquisición se realizó en diciembre de 2022, antes de internas y elecciones, cuando Peña aún no era presidente ni la empresa vendedora proveedora del Estado. Fue una compra legítima, no un regalo.
3- “SOBRES” CON DINERO
La acusación se basa en la palabra de una exfuncionaria destituida por pérdida de confianza. Preda explicó que los únicos sobres con dinero documentados eran para pagos propios del servicio, no para otros fines.
4- MANEJO DE EFECTIVO
El uso de efectivo no constituye delito por sí mismo como pretende hacer creer Abc Color.
5- USO DEL POLÍGRAFO
El test se aplicó en un contexto de pérdida de confianza. Quienes se sometieron lo hicieron con consentimiento, una práctica válida en entornos de alta seguridad como el presidencial.
6- FACTURAS A OTRO NOMBRE
El comprador puede elegir a quién facturar, incluso a un familiar. Es una práctica común y legal.
7- PRIMERA DAMA
No es funcionaria pública, por lo que no está obligada a presentar declaración de bienes.
8- REUNIONES CON EMPRESARIOS
El presidente puede reunirse con empresarios, incluso con quienes han contratado con el Estado. No existen pruebas de beneficios indebidos y en el caso citado, la licitación se realizó en Itaipú, donde Peña no decide adjudicaciones.
9- TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Peña fue accionista de ueno holding, pero ya no posee acciones. Varias de sus empresas ganaron licitaciones, sin que la denuncia detalle irregularidades. En todo caso, Peña no decide resultados licitatorios.
10- PARTICIPACIÓN EN PASFIN
La participación de Peña era menor al 2 % en una sociedad que adquirió Pasfin en 2020. El exdirectivo Oleñic fue imputado en 2024, por hechos relacionados con Cepagro, sin vínculo con Peña. No existió relación comercial ni participación en esos hechos.
11- DENUNCIA PENAL
El presidente puede reunirse con empresarios, incluso con quienes han contratado con el Estado. No existen pruebas de beneficios indebidos y en el caso citado, la licitación se realizó en Itaipú, donde Peña no decide adjudicaciones.