El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, fue consultado acerca de la denuncia penal presentada por los legisladores de la opo­sición, que tomaron como base suposiciones y montajes sobre la existencia de sobres con dinero en Mburuvicha Róga.

Sobre el tema, Rolón Fer­nández aseguró a la emisora 730 AM que no toda denun­cia es suficiente, que tiene que cumplir ciertos requisi­tos para avanzar en la inves­tigación fiscal, echando por tierra la pretensión de los abogados Felino Amarilla y Kattya González, que fue­ron los asesores que elabo­raron la denuncia formulada el jueves.

El fiscal general explicó que en la actual legislación que rige para estos procedi­mientos “hoy tenemos nece­sidad de contar con están­dares de la información. A veces, no es solamente una denuncia suficiente, no es la mención de un funcionario influyente, no es solamente la mención de aspectos del hecho”, recalcó.

Agregó luego un aspecto muy importante que se aplica al cri­terio a la hora de avanzar en una carpeta fiscal. “De alguna forma, esa información sea procesada ya a través de que sea lógica, creí­ble, posible, realizable, se estruc­turan a veces una investigación individual o con equipos de tra­bajo”, subrayó Rolón.

Asimismo, sostuvo que al presidente de la República le asiste la presunción de ino­cencia y que debe ser consi­derado de esa forma hasta que se compruebe lo contrario.

“El estado de inocencia que, antes simplemente se ener­vaba con la prueba en contra­rio, hoy se enerva recién con una sentencia definitiva con­denatoria firme. Y en el ínterin que se sustancia la investiga­ción (…), la persona sospechada debe ser tratada como inocente en todas las instancias”, señaló Rolón Fernández.

El jueves 2 de octubre, ocho legisladores de la oposición, entre diputados y senadores, presentaron una denuncia penal contra el mandatario, por los supuestos hechos punibles como: enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias, lavado de dinero, tráfico de influencias y abuso de poder.

Los senadores Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista; que fuera procesado como exministro del Interior por la compra irregular de helicópteros y el caso “comisarías de oro”), Esperanza Martínez (Frente Guasú), Ignacio Iramain (Encuentro Nacional; suplente de Kattya González) y el prietista Rubén Velázquez (Yo Creo), junto a los diputados Johanna Ortega (País Solidario), Adrián “Billy” Vaesken (Partido Liberal), Raúl Benítez (Encuentro Nacional, cercano de Kattya González) y la prietista Leidy Galeano (Yo Creo) firmaron el documento patrocinado por la exsenadora Kattya González (removida del Senado por uso indebido de influencias, el 14 de febrero de 2024), junto a su propio abogado en el intento de recuperar su banca, Felino Amarilla, hermano de la senadora Celeste Amarilla (Partido Liberal) y defensor del exministro abdista de Seprelad, Carlos Arregui, acusado de orquestar la entrega y tergiversación de información confidencial del ente estatal en el gobierno anterior.

Previamente, el 25 de setiembre, Guillermo Ferreiro (defensor del exintendente esteño Miguel Prieto, destituido con 50 denuncias de corrupción) y María Esther Roa Correa (aliada de Kattya González en la Coordinadora de Abogados de Paraguay, Coapy) encabezaron otra denuncia con firmas del exsenador Pedro Santa Cruz (Frente Guasú) e integrantes de la organización que lidera Roa, Somos Anticorrupción Paraguay (SAPY), como Carmen Edid Rodríguez, Tamara Roa, Estela Lanoza, Tereza Flecha, Miguel Ignacio Coronel, Lucía Serafini, Bernardino Zoria, entre otros.

Ambas presentaciones se fundan en las publicaciones elaboradas por el grupo mediático de Abc Color sobre el relato de la exempleada de la familia presidencial, Luz Maribel Candado Romero, removida el 25 de julio pasado del cargo de coordinadora del personal doméstico. La misma alega que encontró supuestamente sobres con dinero en su lugar de trabajo en octubre de 2024 y que devolvió ocho meses después, el 17 de junio de 2025; seguido, expuso que recibía dinero para realizar pagos cotidianos en función a su cargo. En un comunicado difundido el 16 de setiembre, Peña lamentó la pérdida de confianza en dicha coordinación y señaló “relatos torcidos y alejados de la verdad”.

La denuncia de Guillermo Ferreiro y Esther Roa recoge como pruebas las opiniones publicadas en medios de los legisladores Johanna Ortega y Raúl Benítez (que firman la otra denuncia), así como del exministro abdista Arnoldo Wiens (perdedor de las internas coloradas ante Peña). Mientras que el texto elaborado por Kattya González y Felino Amarilla exige que se investigue la evolución patrimonial de Peña desde 2017 a 2023, es decir, en el sector privado, antes de acceder a la función pública como presidente electo de la República, en abril de 2023, cuando venció a la Concertación Nacional, que aglutinaba a varios de los ahora denunciantes.

El senador colorado Derlis Maidana ratificó su apoyo al presidente Santiago Peña, seña­lando que desde el día uno de su mandato ha venido soportando ataques de desprestigios por parte de sectores de la oposición alia­dos con medios de comunicación. Criticó la idea de presentar una denuncia penal contra Peña sin arrimar ninguna prueba fehaciente y solamente con declaraciones y fotos que no son consistentes. Asimismo, destacó las declaraciones del abogado Ricardo Preda, asesor legal del matrimonio presidencial, quien dejó bien claro que dichas denuncias no tienen fundamentos. “Están usando la ver­sión de una sola persona, sin arrimar prueba alguna, porque no hay ninguna foto de sobres, como hubo alguna vez en la época de la alianza, cuando el viceministro de Obras Públicas repartía a varios sobres con referentes de la oposición”, expresó.

“Como primera dama de la Nación mi compromiso con mis ejes de trabajo sigue firme e inquebrantable, sin embargo, como Leti me siento sumamente avasallada ante tanta manipulación de mi nom­bre, integridad e intimidad”, expresó Leticia Ocampos, en un comu­nicado emitido a través de las redes sociales.

La esposa del presidente Santiago Peña lamentó la manipulación de su nombre y de su familia mediante publicaciones en los medios del Grupo Abc presentando relatos sin fundamentos de exempleados de la familia presidencial, exponiendo supuestas conversaciones de la intimidad personal y tergiversando manejos cotidianos de gas­tos con el objetivo de sostener la fantasía de sobres que se habrían guardado por 10 meses, sin demostrar su existencia ni contenidos reales. “En la vida siempre me manejé con mucho respeto y buen trato hacia los demás y en particular en lo que refiere a personas de mi confianza, no puedo evitar brindarles además afecto y todas las oportunidades que se encuentren a mi alcance para que puedan crecer en todos los aspectos de su vida”, dijo la primera dama.

El abogado Óscar Tuma puntualizó un elemento fundamental de cualquier proceso penal.

El abogado Óscar Tuma salió al paso de la discusión mediá­tica generada en torno a la supuesta inversión de la carga de la prueba respecto al pre­sidente de la República, San­tiago Peña. Recordó que en el ámbito penal paraguayo rige el principio de presunción de inocencia.

“Sobre el punto, debemos recordar que en el ámbito penal rige el principio de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacio­nal, lo cual implica que la carga probatoria recae siem­pre en el acusador (Ministe­rio Público o querella)”, dice parte del escrito que publicó en sus redes sociales.

Tuma remarcó que la condi­ción de presidente de la Repú­blica no altera esta regla, pues corresponde a la parte acu­sadora demostrar los hechos punibles.

“La condición de presidente de la República no altera esta regla, y corresponde a la parte acusadora demostrar los hechos punibles atribui­dos. Pero, corresponde decir que en los delitos de enrique­cimiento ilícito previsto en el Código Penal, si opera la carga probatoria dinámica: el Ministerio Público debe acreditar un aumento patri­monial desproporcionado y, a partir de allí, corresponde al funcionario explicar el ori­gen lícito de sus bienes, pero esto no constituye una inver­sión de la carga de la prueba”, señaló el abogado.

En conclusión, Tuma reiteró que el régimen vigente en el ordenamiento jurídico para­guayo mantiene la presun­ción de inocencia como regla general, siendo obligación de quien acusa probar sus afir­maciones.