La salida del exjefe comunal de Ciudad del Este dejó en evidencia un incremento patrimonial que ahora será sometido a verificación por la Contralo­ría, en el marco de las inves­tigaciones a municipios inter­venidos.

El patrimonio declarado por el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto registró un incremento de 600 millo­nes de guaraníes durante su gestión. Según los docu­mentos oficiales, al asumir el cargo declaró bienes por G. 1.500 millones, y tras su des­titución, la cifra ascendió a G. 2.100 millones.

El aumento quedó consig­nado en la declaración jurada presentada luego de su salida forzosa, tras la intervención de la comuna esteña. La Con­traloría General de la Repú­blica (CGR) confirmó que analizará el caso en el marco de las revisiones a las munici­palidades de Ciudad del Este y Asunción, cuyos intendentes fueron apartados por denun­cias de irregularidades.

El director de Declaraciones Juradas de la CGR, Armindo Torres, explicó que el análi­sis se hará mediante un exa­men de correspondencia, que incluye cotejo de activos y pasivos, rastreo en el sis­tema financiero e inmobi­liario, y pedidos de informes a distintas instituciones. El proceso demandará alrede­dor de cuatro meses.

En paralelo, el exinterventor de la comuna esteña Ramón Ramírez sostuvo que corres­ponde que la Cámara de Dipu­tados remita el informe final de la intervención al Minis­terio Público para dar curso a eventuales denuncias pena­les. “El Congreso ya cumplió el rol político, ahora corres­ponde a la Fiscalía investi­gar”, señaló.

Por su parte, el senador Rubén Velázquez, del movimiento Yo Creo, calificó la interven­ción como una persecución política, aunque reconoció que la gestión municipal no sufrió mayores desequili­brios. Aseguró que la admi­nistración de la intendenta María Portillo cuenta con respaldo en la Junta Muni­cipal y con finanzas estables.

“La Municipalidad de Ciudad del Este no está en crisis ni sobredimensionada en perso­nal, lo que permite proyectar inversiones en infraestruc­tura”, afirmó.

No obstante, el Ministe­rio Público informó que se recibieron unas cincuenta denuncias contra la ges­tión de Prieto, de las cuales solo algunas reúnen méritos para avanzar en sede judi­cial. Entre las más relevantes figura el supuesto esquema de malversación de G. 29.000 millones, mediante la mani­pulación de fondos de comi­siones vecinales.

La revisión de las declara­ciones juradas y las denun­cias abiertas marcarán el futuro jurídico y político del exintendente, en un proceso que aún mantiene expectan­tes a los pobladores de Ciu­dad del Este.

La salida de Miguel Prieto de la intendencia de Ciudad del Este se concretó tras una intervención municipal motivada por denuncias de graves irregularidades durante su gestión. El Gobierno nacional intervino la comuna para garantizar la continuidad administrativa y proteger el interés público tras las graves denuncias.

Posteriormente, la Cámara de Diputados aprobó su destitución, formalizando su salida forzosa del cargo. Esta medida buscó restablecer la gobernabilidad, asegurar la transparencia en la administra­ción local y generar condiciones para que la nueva gestión municipal pueda retomar proyectos y obras pendientes, devolviendo confianza a los ciudadanos de la ciudad.

Prieto enfrenta más de 50 denuncias presentadas por distintos sectores de la comunidad.